La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los aranceles globales impulsados por Donald Trump son ilegales
La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los aranceles globales impulsados por Donald Trump son ilegales

WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos este viernes determinó que los aranceles globales impulsados por el presidente Donald Trump bajo una ley de poderes de emergencia son ilegales.

Dicho fallo representa una derrota significativa para el republicano en un punto central de su agenda económica.

La decisión fue aprobada con una votación de 6-3 y se centró en los aranceles “recíprocos” impuestos a casi todos los países, así como en otras tarifas decretadas bajo el argumento de una emergencia nacional.

Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh votaron en contra.

El caso constituye el primer gran tema de la agenda de Trump que llega directamente al máximo tribunal, el cual él mismo contribuyó a moldear con el nombramiento de tres juristas conservadores durante su primer mandato.

Aranceles globales de Trump y fallo de la Corte Suprema

La resolución judicial se enfoca en la utilización de una ley de 1977 que permite al presidente regular importaciones durante emergencias nacionales.

La administración Trump sostuvo que esa norma le otorgaba facultades para imponer impuestos a las importaciones.

Sin embargo, la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la facultad de imponer aranceles. El máximo tribunal concluyó que la aplicación de la ley de poderes de emergencia en este caso no era válida para establecer tarifas globales de amplio alcance.

El presidente republicano había calificado el caso como uno de los más importantes en la historia del país y aseguró que un fallo en su contra sería un duro golpe económico para Estados Unidos.

La oposición legal abarcó distintos sectores políticos, incluidos grupos libertarios y proempresariales que suelen estar alineados con el Partido Republicano, lo que evidenció un rechazo más amplio a la estrategia arancelaria.

Además, encuestas recientes han revelado que los aranceles no cuentan con el respaldo mayoritario del público, en medio de preocupaciones generalizadas sobre la asequibilidad y el impacto en la economía doméstica.

Las consecuencias de la guerra arancelaria de Trump

En abril de 2025, Trump impuso aranceles “recíprocos” a la mayoría de los países para enfrentar déficits comerciales que declaró como emergencia nacional.

Previamente había aplicado tarifas a Canadá, China y México, vinculándolas a una emergencia relacionada con el narcotráfico.

Tras estas medidas, se presentaron múltiples demandas, entre ellas las de una docena de estados con tendencia mayoritariamente demócrata y de pequeñas empresas dedicadas a la venta de suministros de plomería, juguetes educativos y ropa de ciclismo para mujeres.

Los demandantes argumentaron que la ley de poderes de emergencia no menciona aranceles y que su uso no supera diversas pruebas legales, incluida una que en su momento frenó el programa de condonación de préstamos estudiantiles del entonces presidente Joe Biden.

El impacto económico estimado de los aranceles asciende a unos 3 billones de dólares durante la próxima década, de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Asimismo, el Departamento del Tesoro ha recaudado más de 133 mil millones de dólares en impuestos a las importaciones bajo esta figura legal, según datos federales de diciembre.

¿Qué pasa ahora?

El fallo no impide que Trump imponga aranceles mediante otras leyes existentes, aunque estas limitan la velocidad y el alcance de las acciones presidenciales.

Funcionarios de la administración han señalado que buscarán mantener el marco arancelario vigente bajo otras autoridades legales.

La decisión se produce pese a que la Corte había concedido previamente victorias a corto plazo a la agenda de emergencia de Trump, permitiéndole avanzar en despidos de alto perfil y recortes significativos de fondos federales.

Diversas empresas, incluida la cadena de supermercados Costco, han presentado demandas para exigir reembolsos por los aranceles pagados.