GLASGOW, Escocia EFE).— Aplicar un impuesto del 10 por ciento sobre la carne roja y procesada en México podría disminuir su consumo, mejorar la salud pública y reducir el impacto ambiental, según un estudio de la Universidad de Edimburgo y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
El informe, publicado ayer en la revista científica “Plos One”, revela que un incremento del 10% en el precio de la carne procesada reduciría su consumo en un 8.3%. En el caso de la carne roja, la caída sería del 7.9%.
Una estrategia
“Los impuestos son una herramienta eficaz y rentable para fomentar una alimentación más saludable y sostenible”, indicó Kaela Connors, autora principal del trabajo e investigadora de la Universidad de Edimburgo.
“El cambio climático ya está aquí, y no tenemos suficientes recursos en el planeta para mantener la demanda global de carne”, agregó la experta.
En 2023, México integró por primera vez criterios de sostenibilidad en sus Guías Alimentarias Nacionales, con la recomendación explícita de reducir el consumo de la carne roja y evitar la ingesta de carne procesada.
De acuerdo con Connors, “estas medidas fiscales pueden servir como palanca eficaz para reducir el consumo de carnes asociadas a enfermedades crónicas y al alto impacto ambiental”.
La investigadora también destacó que México ya demostró liderazgo en políticas alimentarias, al ser el primer país en aplicar un impuesto a las bebidas azucaradas, lo que hizo en 2014.
El estudio también señala que los hogares de menores ingresos son los que más reducen su consumo de carne cuando suben los precios, aunque ya consumen menos que los grupos de mayores ingresos. “La clave está en garantizar que las alternativas nutritivas sean accesibles”, añadió Connors.
Para evitar que la medida fiscal amplíe las desigualdades, se propone destinar parte de lo recaudado a subsidios o vales para alimentos saludables. “Tienden a sustituir la carne por alimentos nutritivos y accesibles de la dieta tradicional, como legumbres o mariscos”, explicaron los investigadores.
La investigación se distingue de análisis anteriores al proponer una hoja de ruta concreta para intervenir desde la política fiscal, además de ofrecer datos actualizados y contextualizados para el caso mexicano.
“Es una oportunidad para que México logre al mismo tiempo sus objetivos de salud pública y de sostenibilidad”, manifestó Connors.
La especialista consideró que, con el respaldo político actual, hay condiciones favorables para implementar esta política alimentaria.
Entre esas condiciones, los autores del trabajo citan iniciativas en curso como la prohibición de alimentos ultraprocesados en escuelas públicas y la creciente incorporación de criterios ambientales en los planes de salud y nutrición.