Violencia contra la mujer, por nueve omisiones oficiales
MÉRIDA.— La muerte violenta de Ana Cristina, asesinada el lunes 20 en Tahdziú, es el primer feminicidio de una niña que se juzga en Yucatán desde que en 2014 se incluyó ese delito en el Código Penal del Estado.
Los anteriores casos de dos niñas también violadas y asesinadas por vecinos fueron juzgados como homicidio.
El feminicidio de la menor de Tahdziú no solo es un caso que conmociona, horroriza… es la cara visible más recientes del grave problema de la violencia que a diario viven niños y mujeres en el Estado de 106 municipios.
Hace poco más de un año los tres poderes fueron acusados de incurrir en omisiones que perpetúan la cultura de la violencia contra las mujeres en Yucatán.
“Los tres poderes de Yucatán incurren en violencia institucional contra las mujeres de la entidad, por acciones y omisiones que tienen el efecto directo de ‘dilatar, obstaculizar e impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres’”, denunciaron las asociaciones civiles Ni Una Más, Ciencia Social Alternativa, Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio, y Yucatán Feminicida, y las académicas con doctorados Gina Irene Villagómez y Ligia del Carmen Vera Gamboa al solicitar al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que se declare la Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres (AVGM) para Yucatán, en junio de 2017.
“En ese sentido, el Estado es cómplice de la violencia física, sexual y feminicida en Yucatán”, afirmaron.
No obstante, la Secretaría de Gobernación negó la AVGM el jueves 9 de agosto.
En la solicitud de la AVGM, al Poder Ejecutivo se le acusó de seis omisiones; al Legislativo, de dos, y al Judicial, de uno.
La historia se repite
El caso de Tahdziú evidencia fallas de los tres poderes al legislar, consignar y juzgar las muertes violentas de mujeres porque la historia se repite: Ana Cristina es la tercera pequeña víctima de jóvenes pederastas homicidas en seis años en Estado.
El 13 de mayo de 2012 fue Frida Sofía Vela Ruiz, de solo 5 años de edad, en la ciudad de Izamal; menos de un año después, el 1 de marzo de 2013, fue María Evelia Pech Quijano, de 7 años, en Mérida; el lunes 20 de agosto fue Ana Cristina Gutiérrez Castillo, de 6 años de edad.
Al Congreso, las solicitantes de la AVGM lo acusaron de que “en 2016 modificó el Código Penal eliminando el delito de violencia sexual de la lista de delitos graves, lo que permite que los acusados afronten un juicio por un delito no grave y en libertad. Ello propicia que se perpetúe la violencia sistémica contra las mujeres”.
Además, “el Poder Legislativo de Yucatán tardó tres años para homologar (el 19 de junio de 2017) el delito de feminicidio con el Código Penal Federal y ello impidió que varias muertes violentas de mujeres ocurridas en ese trienio sean dictaminadas y juzgadas como feminicidio”.
Aparte, una revisión de los Códigos Penales Federal y de Yucatán evidencia que el Congreso del Estado estableció no solo una sanción menor que la federal para los feminicidas sino también que aunque una muerte violenta de mujer sea reconocida como feminicidio, en los hechos el responsable recibe una pena de homicidio.
Pena federal: 60 años
El Código Penal Federal establece siete circunstancias para tipificar el feminicidio, una condena de 40 a 60 años de prisión y que en el caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.
Además, ordena que si se trata de un homicidio intencional cometido durante una violación o robo se castiga como homicidio calificado (con premeditación, alevosía y ventaja), con sanción mínima de 30 años y máxima de 60 años.
Dos tipos de feminicida
En cambio, el Congreso de Yucatán legisló ocho circunstancias para el feminicida —añadió “la pretensión infructuosa del sujeto activo de establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la victima— y estableció dos tipos de feminicidas: el que no tiene relación alguna con su víctima y el que sí la tiene.
Los 35 diputados del Estado consideraron que quien mata a una mujer sin tener relación de parentesco, sentimental, laboral o docente con ella amerita un castigo de 30 a 40 años de prisión, hasta 20 años menos que la sanción federal, y solo si tuvo un vínculo con la víctima la pena es de 30 a 50.
Así, los feminicidas reciben por lo general una sanción de homicidio calificado, delito que el Código Penal de Yucatán castiga con una pena 20 a 40 años de prisión.
Ahí entra el Poder Judicial del Estado, al que las solicitantes de la AVGM acusaron porque “los jueces no aplican la facultad establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales que les permite dar ‘una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público’ a los delitos de violencia física y sexual. Por ejemplo, no hay juicios por tentativa de homicidio de mujeres porque son procesados como lesiones”.
El observatorio “Yucatán Feminicida”, a su vez, indica que aunque el delito de feminicidio se incluyó en el Código Penal del Estado en marzo de 2014, pocos casos terminan en condena.
El feminicidio de Karina de Jesús E.Z. cometido ese año se sobreseyó con la muerte del procesado, dice.
En 2016 la muerte de Beatriz Guadalupe A.A. se reclasificó de feminicidio a homicidio y se negó la orden de aprehensión, señala.
Los casos de 21 mujeres ultimadas de 2014 a 2016 fueron juzgados como homicidio, homicidio cometido en razón del parentesco o calificado, la mayoría de esos procesos fueron abreviados y solo 13 ya recibieron sentencia condenatoria.
Primer feminicidio
La muerte de Karina de Jesús, cometido en abril de 2014, fue el primero que la Fiscalía del Estado dictaminó como feminicidio. Alberto Báez García, de quien se divorciaba tras acusarlo de violencia familiar, fue el primer consignado por ese delito al Poder Judicial, que lo condenó por matarla a puñaladas en su casa, pero él se suicidó en prisión.
En 2016 el Poder Judicial reclasificó de feminicidio a homicidio la muerte de Beatriz Guadalupe A.A., asesinada en enero y tirada en un baldío de Progreso, negó la orden de captura del presunto responsable, su expareja José Peraza Vera, y cerró el caso sin detenido alguno.
“Agravado”: 38 años
En 2017 el juez Edwin Mugarte Guerrero condenó a 38 años de prisión al tabasqueño Marco Ernesto García Cundapi por el “feminicidio agravado” de su expareja Aracelly L.C., a quien el 7 de mayo de 2016 acuchilló varias veces en una cocina económica en el estacionamiento del hospital O’Horán porque ella se negó a volver con él debido a que la maltrataba.
Por confesar el crimen obtuvo un juicio abreviado y una condena que apenas superó la sanción mínimo para un feminicidio donde hay relación entre víctima y victimario, 30 años; la máxima es de 50.
Ahora, la Fiscalía, que depende del Poder Ejecutivo del Estado, está en la mira, pues tiene un plazo judicial de cuatro meses —que el juez penal de Tekax le dio el sábado 25— para presentar pruebas que acrediten que Carlos Valle Yah, de 19 años de edad, es quien violó y mató a Ana Cristina, de 6 años, en una vereda de Tahdziú.
El Poder Judicial vinculó a juicio por feminicidio a Valle Yah el sábado 25, pero falta esperar la sentencia.
De ser hallado culpable, su pena será de 30 a 40 años, no hasta 50, porque no tenía relación alguna con Ana Cristina, sino solo eran vecinos en Tahdziú.
Por lo pronto, el joven afronta la condena popular que tilda el infanticidio de Ana Cristina como abominable, horrendo, brutal, salvaje, depravado… los mismos calificativos que la sociedad dio a los homicidios de Frida Sofía y María Evelia cometidos —también por vecinos de ellas— hace seis y cinco años en Izamal y Mérida, respectivamente.— FLOR DE LOURDES ESTRELLA SANTANA
De un vistazo
Penas de 35 y 15 años
En diciembre de 2016, más de cuatro años después del asesinato de la niña Frida Sofía Vela Ruiz en Izamal, el Poder Judicial condenó a Eduardo Daniel Dzib May (a) “Toloc” y Manuel Jesús Aguirre Euán (a) “Volante”, a 35 años tres meses y 15 de prisión, respectivamente, por tres delitos: robo calificado, violación equiparada y homicidio calificado.
De robo a abuso y asesinato
En la madrugada del 13 de mayo de 2012, los jóvenes, de entonces 22 años de edad, entraron a robar la casa de la familia en Izamal, aprovechando que todos dormían tras una fiesta; al ver que la niña despertó, “Toloc” la llevó a un platanar en el mismo predio, la violó y la asesinó golpeándole con una piedra varias veces la cabeza. La familia al despertar no solamente se enfrentó a la tragedia de la muerte de Frida Sofía sino también a que la Fiscalía de Yucatán acuse y detenga a un tío de la menor como autor del crimen.
Sanción de 40 años
En noviembre de 2017, también más de cuatro años después del crimen de María Evelia, el Poder Judicial castigó con 40 años de prisión a Ricardo Alberto Falcón Vera, quien tenía 33 años de edad al violar y matar a la niña en 2013.
Cinco involucrados
El 1 de marzo de 2013, María Evelia, de 7 años, fue encargada con sus vecinos mientras su madre y su vecina salieron de compras, en Mérida. En casa de sus vecinos, fue violada, asesinada por asfixia y semienterrada en el patio del predio por Ricardo Falcón, quien vivía por la zona, y el menor L.E.E.M., quien residía en la casa donde ocurrieron los hechos. Ricardo Falcón y el menor fueron detenidos y hoy están en prisión. La vecina, su esposo y su hijo menor de edad fueron acusados por el delito de encubrimiento.
Bajo juicio por feminicidio
El 20 de agosto de 2018 Ana Cristina fue violada en una brecha, estrangulada y tirada en un pozo de Tahdziú. Carlos Felipe Valle Yah, de 19 años, fue detenido el miércoles 22 en la mañana en una parcela donde se escondió y acusado por la Fiscalía de Yucatán el sábado 25 ante el juez penal en Tekax, quien lo declaró vinculado a proceso y en prisión preventiva; además dio a la Fiscalía estatal plazo de cuatro meses para que cierre la investigación.