VALLADOLID.— A partir del 1 de enero, 38 escribanías públicas, tanto de la capital como del interior del Estado, corren el riesgo de desaparecer, si el ejecutivo estatal no los ratifica para continuar otorgando servicios en certeza jurídica y dejando de esa manera a un gran cantidad de gente en un estado de indefensión en materia jurídica.
Haciendo un poco de historia sobre el funcionamiento de las escribanías, en esta ciudad y en varios municipios del interior del Estado, incluso en la capital, funcionan y operan desde hace muchos años de tal modo que cumplen la función de una notaría, pero con costos mucho más bajo.
De acuerdo a la ley, las escribanías realizan trabajos de la documentación de compra venta de predios, que tienen costos de hasta 2,000 Unidades de Medidas y Actualización (UMA), mismas que son cerca de $180,000, de tal modo que cuando el precio de los predios rebasa esa cantidad, es justamente una Notaría que se hace cargo de la escrituración, pero lamentablemente en esta ciudad, solo existe una, pero su titular casi no llega, incluso se sabe de la llegada de otro notario pero tampoco funciona al 100%, de modo que el trabajo de las escribanías es elemental para la ciudadanía.
Desaparición
Hay que recordar que desde la administración de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, se comenzó a pensar en la desaparición de las escribanías, supuestamente porque no están consideradas dentro de la ley, pero los titulares de las mismas han expuesto que deben continuar existiendo y ser incluidos de nuevo dentro de la ley del notariado en el estado y seguir ejerciendo la función de la fe pública en los municipios que excedan de 30,000 habitantes, como es el caso de Hunucmá, Mérida, Motul, Progreso, Ticul, Tekax, Tizimín y Valladolid.
Según se averiguó, luego que el ex gobernador Rolando Zapata Bello les extendió hasta 2021 su función, existe preocupación entre los titulares de las escribanías, ya que de acuerdo a la ley será a partir del 1 de enero que podrían desaparecer y el único que tiene la atribución legal para ratificarlos es el propio gobernador Mauricio Vila Dosal, por tal motivo conociendo su buena voluntad de apoyar a la sociedad como siempre lo ha hecho, confían en que volteará los ojos ante este problema y lo resolverá a favor de quienes tienen las escribanías.
Según se averiguó en Hunucmá, Motul, Progreo y Ticul, están asignados a un escribano público, pero en el caso de Tekax, Tizimín y Valladolid tienen de a dos y en Mérida se cuenta con 28, cuyas oficinas dan empleo a un promedio de cuatro personas cada una, tanto abogados como pasantes, en donde incluso muchos hacen sus prácticas profesionales, en el caso de los primeros, se ganan un sueldo, lo cual podrían dejar de obtener y afectar su economía familiar, por eso piden al gobierno estatal reconsidere y los ratifique en sus funciones.
Curiosamente en otros municipios donde son menos de 30,000 habitantes seguirán existiendo las escribanías y las comunidades con más población los quieren desaparecer, cuando en realidad es donde más se requiere, ya que mucha gente llega de diferentes comunidades cercanas que no cuentan don suficientes recursos para pagar a un notario por sus altos costos de sus servicios y buscan a los escribanos, que cobran solo el 10% de lo que cobran los notarios y hacen un trabajo similar con los mismos resultados.
La falta de un notario público en las comunidades deja a la población en estadio de indefensión, desprotegidos, en la incertidumbre, inseguridad jurídica patrimonial y por lo tanto carencia de persona investida de fé pública, para dar fe y legalidad a los actos y hechos jurídicos que realizan los particulares.
Los escribanos no solo dan certeza jurídica y seguridad patrimonial, sino que también generan fuentes de empleo, por lo que al desaparecer esa figura se estarán cerrando oficinas y dejar sin empleo a decenas de personas, incrementando de esa manera la falta de oportunidades laborales.