PROGRESO.— Aunque el Sistema de Administración Tributaria (SAT) dio el miércoles 8 de junio una prórroga para la emisión obligatoria de la nueva factura electrónica 4.0 hasta el 1 de enero de 2023, contadores y trabajadores de este puerto opinaron ayer lunes que el gobierno federal incurre en terrorismo fiscal al exigir la Constancia de Situación Fiscal (CSF), que es necesaria para expedir o pedir la nueva factura.
Sostuvieron que se vive terrorismo fiscal, pues hay empleados que viven atemorizados debido a la exigencia de la CSF.
Indicaron que no todos tienen facilidades para hacer el trámite vía internet, y algunos temen acudir a la oficina del SAT en Mérida y son presa fácil de tramitadores que les cobran para asesorarlos; a veces son grupos que pagan mucho dinero.
Al respecto, Roberto Sánchez González, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo del puerto, dijo que muchos trabajadores se vieron obligados a recurrir a asesores contables que les cobraron entre $100 y $200 por el trámite.
Opinó que la mayoría cumplió con la CSF y ahora, con la prórroga, el resto hará el trámite con más calma.
Indicó que las empresas grandes, con sus equipos contables, apoyaron a sus empleados para que tramiten la CSF y estén al día con lo que pide el SAT.
Dijo que ahora no solo se debe tener Registro Federal de Contribuyente (RFC) sino también CSF, que se exige además para la entrega de la cédula profesional.
Acusan que perdieron ventas por la constancia fiscal
Agregó que socios de la Canaco dijeron que no podían comprar productos para surtir a sus clientes, pues el proveedor les exigía la CSF para expedir la factura. Otros perdieron ventas, ya que no pudieron vender por el mismo motivo, añadió.
Jorge Duarte Mancilla, tesorero municipal, por su parte, señaló que el Ayuntamiento asesora a sus empleados para que tramiten su CSF.
No tienen problema para cumplir con ese requisito que exige el SAT, indicó.