El ex alcalde de Peto no solo tiene una denuncia de la Auditoría Superior del Estado por irregularidades que implican una afectación económica al municipio por casi nueve millones de pesos, también otras tres más, una por la no entrega de documentos, bienes muebles e inmuebles de la administración pasada, y dos en la Fiscalía General de la República por el desvío de alrededor de 27 millones de pesos, según informó el Ayuntamiento.
Añadieron que precisamente el pasado día 28 de febrero pasado la Auditoría Superior de la Federación publicó en el Diario Oficial de la Federación su informe de auditorías sobre cuentas de 2021 y se incluye el reporte de irregularidades y denuncia contra el ex alcalde de Peto, por desvíos de recursos que suman más de 27 millones de pesos.
El pasado miércoles 1 de marzo informamos por reportes de la Auditoría Superior del Estado, que se han puesto denuncias contra autoridades del interior del Estado, la primera corresponde al Ayuntamiento de Peto, pero lo que no se precisó, es que fue contra el ex alcalde, no sus actuales autoridades municipales, por la cantidad de ocho millones 807,855.35 pesos, y la segunda es de Sudzal, por un millón 35,000 pesos.
En ambos se investiga el ocultamiento de información de la cuenta pública y la contratación ilícita de una deuda.
Ayuntamiento de Peto confirma denuncia
En el Ayuntamiento de Peto, al confirmar la denuncia presentada por más de ocho millones de pesos, pidieron precisar, que la primera contra el ex alcalde la presentó el mismo municipio el pasado día 6 de septiembre de 2021, porque no realizó la entrega completa del patrimonio municipal la administración 2018-2021, y eso consta en la carpeta C1/041/2021.
Las otras dos denuncias fueron presentadas los días 4 y 5 de enero de 2023, recientemente, en la Fiscalía General de República en el área especializada en el combate a la corrupción, y esta implica un presunto desvío de más de 27 millones de pesos, que corresponden a fondos federales.
Precisaron que se trata de recursos del Fondo de Participaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las demarcaciones del Distrito Federal, de cuya auditoría se logró 21 resultados, 11 sin irregularidades, siete solventadas y las últimas tres generaron, una recomendación, una promoción de responsabilidad administrativa y sancionadora, y un pliego de observaciones, de donde se determinó que el daño económico generado fue por 27 millones 796,076 pesos.