VALLADOLID.— La falta de pago de los Impuestos Sobre la Renta (ISR) de los empleados del Ayuntamiento al Sistema de Administración Tributaria (SAT) es una práctica que llevaron al cabo exalcaldes de administraciones pasadas, pero antes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se los cobraba por acuerdos políticos que se tenían en ese entonces, manifestó el alcalde Alfredo Fernández Arceo.
El primer edil acudió anteayer a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar 108 cajas llenas de documentos, sobre todo nóminas de los más de 1,000 empleados, en los que se muestran que se retuvo dicho impuesto salarial.
Alrededor de $37 millones no se reportaron al Sistema de Administración Tributaria (SAT). Pero el monto aumentó a $77 millones por los cargos, multas e intereses.
En la conferencia de prensa que realizó anteayer, el alcalde manifestó que las anteriores administraciones, no solo las dos pasadas, también retuvieron los impuestos a los trabajadores, pero no se reportaba al SAT y no se les exigía el pago correspondiente en su momento.
Acuerdos habrían sido con el SAT
Todo parece indicar, agregó el presidente municipal, que los ayuntamientos y el SAT llegaban a acuerdos políticos para que no se hagan los pagos correspondientes.
Comentó que los alcaldes en turno debieron pagar el adeudo que dejaron sus dos antecesores, pero al parecer no lo hicieron por los acuerdos que existían.
Pero ahora con el nuevo gobierno federal, indicó, se exige el pago de cuando menos los últimos cinco años.
Injusto pago por deuda del Ayuntamiento
Lamentablemente le tocó a la actual administración, incluso el SAT dijo que hay que pagar el adeudo de los últimos cinco años, ya que es una deuda del Ayuntamiento y, como representante del mismo, es una obligación pagarla, narró.
Fernández Arceo consideró que es injusto que los vallisoletanos paguen las consecuencias de los errores de exalcaldes.
Por eso acudió a la Fiscalía a presentar pruebas esperando que la autoridad haga lo que le corresponda para resolver el problema.
Insistió en que lo que se reclama es el pago de los últimos cinco años de administración, de modo que los implicados tendrán que explicar a la autoridad correspondiente lo que pasó con el dinero.