“Javier N” ex trabajador de la Secretaría de Educación acusado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la entidad fue imputado el lunes pasado por haber cometido probables actos de corrupción, al apropiarse de 280 cheques que endosó y cobró en su favor en 2018 y 2019, con lo que obtuvo un beneficio económico de más de un millón de pesos.
De acuerdo con información recabada por este medio, el pasado lunes se llevó al cabo la segunda parte de la audiencia penal en la que fue imputado “Javier N”, quien se desempeñaba como subjefe de distribución de cheques del área de pagaduría de la Dirección de Administración de la Segey.
Se explicó que entre sus atribuciones el imputado tenía la de recibir, custodiar y distribuir los cheques relativos a los sueldos del personal docente y administrativo, sin embargo, se le acusa de haberse apropiado ilícitamente de alrededor de 280 cheques que endosó y cobró a su favor durante 2018 y 2019, distrayendo de su objeto los recursos públicos y con lo cual obtuvo un beneficio por más de un millón de pesos.
Por estos hechos, el juez de control adscrito al Centro de Justicia Oral de Mérida del Poder Judicial del Estado vinculó a proceso al acusado por el delito de peculado al encontrar suficientes datos de prueba dentro de lo expuesto por la fiscalía anticorrupción para tener por acreditados los hechos que le atribuyen.
De acuerdo con la información recabada, la audiencia comenzó el 14 pasado, en la que se llevó a cabo la formulación de la imputación y solicitud de vinculación a proceso; sin embargo, la defensa del imputado solicitó la ampliación del término constitucional para resolver su situación jurídica con el objeto de presentar elementos probatorios a favor de su cliente, por lo que la continuación se programó para el lunes pasado.
Exfuncionario deberá cumplir medidas cautelares
En razón de lo anterior, la fiscalía solicitó medidas cautelares, como la presentación periódica ante el propio Juez o la autoridad que se designe, la exhibición de una garantía económica, la prohibición de salir del estado y de comunicarse con los testigos en el caso, así como el embargo precautorio de dos vehículos de su propiedad para garantizar la reparación del daño, pero el Juez de Control solo le impuso la medida de prohibición de salir sin autorización del país.
Al vincular a proceso, el Juez de Control otorgó a la fiscalía un plazo de 2 meses para la investigación complementaria, por lo que al término de ese plazo el ministerio público deberá determinar si lleva a juicio al ex servidor público o solicita un plazo mayor.
Cabe destacar que la denuncia fue interpuesta por la propia Secretaria de Educación estatal y personal del Juridico participó en el desarrollo de la investigación y en las audiencias en calidad asesores jurídicos.