Las reformas a la Ley de gobierno del Poder Judicial del Estado en materia de asesores de los municipios se han vuelto “letra muerta”, pues apenas uno de los 106 ayuntamientos ha cumplido con enviar su lista de quienes los asesoran.
Por eso las sentencias del Tribunal Electoral del Estado son solo contra los alcaldes y no se puede vincular a quienes los asesoran y llevan a sus malas y violatorias decisiones.
De acuerdo con información recabada en el Congreso del Estado, estas reformas se aprobaron el 31 de mayo de 2022 y a más de un año no se pueden aplicar, no se ejercen, ya que aún y cuando establecen que los alcaldes deben reportar al Congreso a sus asesores a más tardar 15 días después de su contratación, nadie lo ha hecho.
Su argumento es que las leyes no son retroactivas y los nombraron antes de que estos cambios a la ley entraran en vigor.
Esta iniciativa fue presentada por Víctor Hugo Lozano Poveda, coordinador de la bancada del PAN y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, con el espíritu de responsabilizar a los asesores de los alcaldes de las decisiones que toman y en muchas ocasiones son hasta violatorias de las leyes y al final cuando hay procesos por esas malas decisiones sólo se castiga a los presidentes municipales, cuando en muchos casos fueron sus asesores quienes los llevaron a esas violaciones.
Recientemente Lissette Cetz Canché, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, declaró que últimamente han emitido sentencias condenatorias contra alcaldes, como el de Tixkokob y otros, porque no son bien asesorados, no están bien informados y eso los lleva a actuar fuera de la ley, cometiendo incluso atropellos contra sus propios regidores.
Hasta ahora únicamente se sigue sancionando a los presidentes municipales por estos casos porque aquellos no han cumplido con la obligación de enviar la lista de sus asesores.
En el Congreso se informó que hasta la fecha sólo el municipio de Chichimilá cumplió con esta disposición, ni siquiera el Ayuntamiento de Mérida lo ha hecho.
Según añadieron, “el estira y afloje” con los alcaldes para que cumplan con esta disposición es que nombraron a sus asesores antes de que entrará en vigor estas reformas; por tanto, no aplica para ellos, no están obligados a reportar quienes son sus asesores.