VALLADOLID.- La aprobación por mayoría del Cabildo de un impuesto para el sector empresarial del giro de venta de bebidas alcohólicas, entre los que se encuentran los restauranteros, ya generó una marcada molestia.
Al respecto, la PRESEMTUR AC, integrada por prestadores de Servicios Turísticos y Empresarios del Centro Histórico de Valladolid, fijaron su postura de total rechazo a lo que llaman una extorsión.
La sesión de Cabildo se desarrollo en un ambiente tenso en la que los ediles de oposición defendieron su postura al enterarse de un impuesto presentado por el tesorero municipal Joaquín Alberto Villalobos Dzib de un incremento del 600% para la renovación de la licencia de funcionamiento a los establecimientos que vendan bebidas alcohólicas.
Justifica aumento de impuesto en Valladolid
El alcalde Alfredo Fernández Arceo defendió esta iniciativa que forma parte de la reforma a la ley de ingresos y egresos del municipio para el ejercicio 2024, argumentando que lo que se busca es reglamentar este apartado que antes cubrían los empresarios de ese ramo, a criterio.
“Ya no queremos que, por ser amigo o pariente del alcalde en turno, pague menos que los demás”, dijo ante los múltiples cuestionamientos de este rubro, así como de otros ajustes en lo que llamó también una reforma a la ley de hacienda municipal.
Al enterarse de esta aprobación, la PRESETUR AC que dirige Alfonso Rivero Torres dijo en un comunicado que la esencia de su agrupación reside en la defensa de los derechos del sector productivo empresarial como fuerza de cambio en aras del bienestar comunitario, fundamentados en los principios de responsabilidad y conciencia social.
“En un gesto coherente, los empresarios organizados hemos denunciado el cobro indebido, por parte del alcalde Alfredo Fernández Arceo, de una contribución “forzada” para obtener la aprobación de licencias de venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales”.
Lamentan que el edil opte por impulsar una reforma al reglamento, proponiendo nuevas tasas, especialmente en este ámbito, con un gravamen que ascenderían a $153,535 pesos, la misma cifra exigida hoy a los empresarios como una suerte de donativo condicionado.
Una ”extorsión” ya en la ley
Agregan que, evidentemente, esta medida pretende ser una artimaña frente a las acusaciones de extorsión por el cobro indebido, justificado por el alcalde argumentando prácticas pasadas y descalificando de manera artera al sector empresarial de Valladolid.- ISAURO CHI DIAZ
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