TIZIMÍN.— Una diligencia de embargo en las instalaciones del sindicato de taxistas “Félix Rosado Iturralde” se efectuó ayer, como parte de un pleito legal que se inició en 2018 entre conductores despedidos en esa fecha y la agrupación.
La actuaria Fátima Farráez Loeza encabezó la diligencia. En representación del grupo de demandantes estuvieron los abogados Filiberto Arjona Canul y Fanny López Escamilla.
Al llegar los apoderados legales a las instalaciones del sindicato, vieron que estaban cerradas. Solamente estaba el representante del sindicato de taxistas, Lincoln Palma Rodríguez, quien les informó que el personal estaba de vacaciones y retorna el lunes 15 de este mes.
Canul Arjona informó que el embargo se debe a que el sindicato no pagó un laudo de poco más de $12 millones.
“Cuando llegamos vimos que esta cerrada la oficina y únicamente está presente Lincoln Palma”, explicó el representante legal.
“El abogado se queja porque no puede realizar sus diligencias de embargo, ya que no encuentra a nadie como público en el caso del Ayuntamiento de San Felipe. Él mismo dijo que no es ético, ni profesional pero vemos que aquí hace lo mismo.
“Dice que salieron todos de vacaciones y regresan el 15 de enero. Eso es imposible, nunca habían tomado vacaciones, es una táctica engañosa, tramposa para dilatar el procedimiento y no se le pague a los trabajadores”, reprochó Canul Arjona.
Pero nosotros, destacó, llevamos al cabo nuestra diligencia de acuerdo con lo que dice la ley.
Si él estaba presente como apoderado legal, agregó, es un patrón, así que la diligencia de hoy (por ayer) tiene validez.
“Quiero recalcar y que sea de dominio público, que me parece de manera extraña que me quieran restringir el derecho de señalar bienes para su embargo.
“La actuaria dice que solo puedo señalar cuatro bienes cuando no puede porque el monto de lo que se adeuda a los trabajadores son casi 12 millones de pesos”, alegó el abogado de los trabajadores que fueron despedidos.
Canul Arjona precisó que ya se embargaron dos bienes del sindicato y cinco de diversos socios.
Ahora están pidiendo que se inscriban los embargos para proceder a rematarlos.
“Si los propietarios cambiaron los bienes, nos vamos por la vía penal porque es un delito de carácter federal”. puntualizó el asesor.
“Idea equivocada”
Por su parte, Lincoln Palma indicó que, pese al requerimiento de la contraparte, siempre están en la mejor disposición de buscar soluciones, al grado que varios de los trabajadores demandados han llegado a acuerdos.
“Tenemos el caso de William Rosado, Raúl Germán Balam, Carlos López Sánchez, entre otros, que han desistido, pero no nos parece que los abogados de los demandantes les vendan una idea equivocada a los señores, diciendo que van a cobrar millones y la verdad no es así. Esta situación no se ha terminado, va a llevar muchos años”, anticipó.
“Los socios del sindicato son 280 y son dueños de todo lo que implica los bienes muebles e inmuebles.
“Ellos nunca han sido oídos ni vencidos en un juicio, de modo que son ajenos a los embargos”, agregó.
“Al final se tiene que promover un juicio y tardará.
“De momento tenemos otro grupo de 10 trabajadores que se nos acercó y también busca llegar a un acuerdo con el sindicato para que se les dé la parte que les corresponde”, afirmó Lincoln Palma.— Wendy Ucán Chan