TIZIMÍN.— Ante el desacato a una sentencia federal dictada por la Jueza Tercero de Distrito, multarán a los 11 regidores del Ayuntamiento y si continúan en la misma postura se procedería a su destitución y/o consignación ante las autoridades correspondientes, como resultado de un juicio laboral que perdió la comuna tizimileña hace varios años
El laudo firme a favor de 25 extrabajadores que fueron despedidos en el periodo del exalcalde José Luis Peniche Bates, es de poco más de 11 millones de pesos, informa el abogado Lincoln Palma Rodríguez,
Han sido frecuentes los requerimientos del Juzgado que se han enviado a esta administración, sin que cumplan con el laudo; las anteriores administraciones habían podido librar la demanda mediante amparos que interpusieron, pero ya no hay más recurso alguno.
La comuna actual, en busca de cumplir con la condena y evitar la desobediencia al mandato judicial, pretendió cumplir convocando a sesión de cabildo el 24 de octubre del 2023 para acordar el pago mensual a los exempleados, con una aportación de 50 mil pesos, durante un período de 18 años.
El acuerdo incluso fue aprobado por los 11 regidores del cabildo por unanimidad, pero rechazado por los trabajadores quienes estuvieron en desacuerdo con la forma de pago, pues alegaron que no llegaba ni a los 2 mil pesos lo que les darían a cada uno.
Hoy la comuna enfrenta el incumplimiento de esta sentencia emitida por la Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán por desacato al cumplimiento de dicha sentencia que es una cuestión de orden público, al grado que ahora están involucrados al cumplimiento los 11 regidores del ayuntamiento.
El abogado Palma Rodríguez, asesor legal de los ex trabajadores indica que en esa sentencia están vinculando a todo el Cabildo a cumplir, pero “como se han negado de manera rebelde”, se procederá a una multa y de continuar el desacato se procederá a la destitución o la inhabilitación de todos los regidores.
De hecho en el oficio de la jueza se describe: “Tras el desacato se solicita al Instituto electoral y de participación Ciudadana de Yucatán para que conforme con sus facultades dentro del plazo de cinco días hábiles informe al órgano de control constitucional, el registro federal de contribuyentes así como la clave única de registro de población de cada uno de los integrantes del cabildo de la presidencia.
“De no hacerlo dentro del término fijado se impondrá una multa de 50 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización contenida”.
Dicho oficio fue emitido apenas el pasado 4 de marzo del presente año y le dan como límite a la comuna que responda en un plazo de tres días.
Según el abogado, esto inclusive podría impedir o inhabilitar a los que aspiran a un cargo o puesto público.
En el caso del edil con licencia Adrián Quiroz Osorio, quien hoy es candidato a la alcaldía por Morena, dijo que aunque esté su suplente en turno se podría proceder ya que cuando se sometió a cabildo el acuerdo de pagar 50 mil pesos mensual a los trabajadores aún seguía siendo regidor y podría justificarlo si hubiese votado en contra.
Lamentó que las autoridades en turno, en lugar de buscar soluciones ante estos juicios perdidos, sigan afectándose ellos mismos enfrentándose a multas, sin embargo dijo que están a tiempo de conciliar a través de un convenio con pagos más serios pues los trabajadores no están cerrados.— WENDY UCÁN CHAN