PROGRESO.— En 2016, cuando el puerto era gobernado por José Isabel Cortés Góngora, del Partido Nueva Alianza, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Progreso que encabezaba el ya fallecido líder obrero, Manuel Cortés Góngora, demandó a la Comuna para la inscripción retroactiva de los trabajadores sindicalizados, así como el pago de cuotas de seguridad social ante el Instituto de Seguridad Social de Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán (Isstey).
A nueve años de distancia de esa demanda que ya se promueve de nuevo, la deuda municipal ascendería a más de $100 millones de pesos.
El caso, que es una “papa caliente” para el actual Ayuntamiento que encabeza el panista Erik Rihani González, se estancó durante la gestión de Cortés Góngora y de los dos períodos que presidió Julián Zacarías Curi.
Ahora, con el gobierno estatal morenista, el tema sale a relucir y los trabajadores municipales promueven que se reactive para que puedan contar con seguridad social, préstamos, jubilaciones, pensiones, entre otras prestaciones.
Al respecto, Lincoln Palma Rodríguez, abogado del Sindicato citado, quien lleva el caso desde 2016, fue contratado por Cortés Góngora cuando su hermano era el alcalde.
El finado tuvo la esperanza que los agremiados fueran inscritos en el Isstey con el respectivo pago de cuotas de seguridad social.
Aumenta la deuda
A petición de los empleados municipales, Palma Rodríguez explicó que la deuda que tiene el Ayuntamiento con el Isstey en 2022 ascendía a $100 millones de pesos, cifra que cada año aumenta.
Solo falta que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán ordene que el Ayuntamiento realice el pago y que el Isstey confirme la cobranza, remarcó el abogado.
Son más de 500 empleados que se beneficiarían, así como socios de otros dos sindicatos cuando se concrete la demanda.
Palma Rodríguez abundó sobre el caso, que ya despertó de nuevo el interés de los sindicalizados y precisó que el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Progreso debe iniciar los trámites para concretar el laudo condenatorio.
El Ayuntamiento está consciente del proceso legal y se suma a una más de las herencias negativas que la actual administración recibió de sus predecesores.
Tras buscar a la Comuna para una entrevista acerca del tema, se informó que todos los casos que llegan están siendo atendidos.
En plática con Jorge Alberto Castillo León, titular de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento de Progreso, expresó que “lo tenemos en cuenta, pero no podemos dejar de priorizar la viabilidad presupuestal para no dejar atrás o de un lado las necesidades prioritarias que tiene la comunidad”.
Recordó que precisamente a finales de agosto y principios de septiembre pasado, mientras se llevaba al cabo el proceso de entrega – recepción, los sindicalizados realizaron una serie de manifestaciones, para exigir la incorporación de sus compañeros y reciban las prestaciones de ley.
Cabe destacar que las protestas ocurren con frecuencia debido a que los gremios sindicales están en constante crecimiento, lo que genera que cada vez más integrantes no cuenten con las prestaciones.
Priorizan necesidades
Por lo anterior, dijo que cada caso particular se atiende. Sin embargo, recalcó que tampoco se puede descuidar el presupuesto, lo que provocaría que no se atiendan las necesidades de la sociedad en general por los intereses de un sector particular.
“Para poder atenderlos de la mejor manera, hemos pedido a los liderazgos de los sindicatos que nos presenten un proyecto en forma en el que nos indiquen cuáles son sus necesidades y posibles soluciones”.
“Hasta el momento, no hemos recibido tal solicitud de manera formal, pero seguimos reuniéndonos con ellos, escuchándolos y buscando siempre la mejor manera de colaborar”.