TIZIMÍN.— El anuncio del gobierno del Estado sobre la ampliación del programa Miel Bienestar y la consolidación de Chocholá como centro estratégico de acopio encendió focos de preocupación entre el gremio apícola de Tizimín, que considera que la estrategia, aunque mediáticamente atractiva, “no atiende de fondo la realidad productiva del oriente y del sur del estado”.
Ante este plan estatal, Gamaliel Canto Dzul, presidente de la Asociación Ganadera Local Especializada en Apicultura y Meliponicultura (Agleam), lamentó que las decisiones en torno al sector se estén tomando desde el escritorio y sin diagnóstico, lo que deriva en inversiones de poco impacto para los miles de productores que dependen de la actividad.
Además, cuestionó que la meta estatal anunciada de 100 toneladas de miel, equivalente a poco más de cuatro contenedores, se presuma como una solución estructural cuando la producción anual de Yucatán supera ampliamente esa cifra y las zonas que concentran la mayor actividad apícola no están siendo priorizadas.
“¿Piensan que 100 toneladas drenarán toda la miel del estado? Poner la inversión en municipios de bajo impacto apícola, pero de mayor valor mediático es una negligencia, en tiempos de austeridad no usar los recursos de manera eficiente también se escribe con ‘A’ de negligencia”, expresó.
El dirigente precisó que la compra limitada y selectiva evocaba viejos trucos del PRI, como cuando se repartía maíz con gorgojo para manipular conciencias, al dejar fuera a cientos de apicultores de Tizimín, Tekax y Valladolid, quienes representan el núcleo más amplio de la producción estatal.
Otro de los señalamientos de Canto Dzul fue el trato normativo y presupuestal que recibe la apicultura al estar históricamente incorporada dentro de las leyes y estructuras de la ganadería, lo que impide que se atiendan las necesidades reales del sector.
Dignificación
“La apicultura necesita ser dignificada y para eso debe ser reconocida, no puede seguir escondida bajo la ganadería bovina, es una actividad productiva distinta, con impacto social enorme y practicada desde las comunidades más alejadas hasta zonas urbanas”.
“Pero mientras esté secuestrada en ese concepto, no habrá presupuesto ni políticas específicas”, dijo.
El dirigente recordó que, aunque existe una ley apícola, está anticuada y no cuenta con un presupuesto constitucional asignado, como sí lo tiene la nueva ley ganadera.
La apicultura, añadió, es probablemente la actividad primaria más democrática del estado, pues la practican miles de familias de todos los estratos. Por ello urge una reforma profunda a la legislación apícola, que la reconozcan de manera independiente y le asignen recursos suficientes.
“Hay más apicultores que ganaderos en Yucatán; si el eslogan es ‘primero los pobres’, entonces se debe atender a la producción que está más difundida socialmente, por eso la apicultura merece su propia ley, su propio presupuesto y su propia visibilidad”, refirió.— WENDY UCÁN CHAN