UMÁN.— Representantes de seis comunidades mayas de Umán se manifestaron frente al Palacio Municipal para denunciar el incumplimiento de acuerdos relacionados con la operación de bancos de material pétreo y exigir que las autoridades frenen nuevas autorizaciones para la minería no metálica en su territorio.
De acuerdo con un comunicado, integrantes de Tebec, Hotzuc, Xcucul, Ticimul, Petecbiltún y Yaxcopoil señalaron que la alcaldesa Kenia Waldina Sauri Maradiaga incumplió compromisos que, según el documento leído durante la protesta, incluían no renovar determinadas licencias de uso de suelo ni autorizar nuevos bancos de materiales durante el resto de su administración.
La movilización también cuestionó la publicación de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para un nuevo proyecto denominado Banco de Materiales Umán, que contempla una superficie de más de 48 hectáreas en la localidad de Hotzuc.
De acuerdo con los manifestantes, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) puso el documento a disposición del público para consulta el 15 de octubre, pese a los acuerdos previos y a las denuncias presentadas por las comunidades.
EN CONTEXTO. Otro banco de materiales en Umán, pese a protestas
Denuncian incumplimiento de acuerdos
Los pueblos mayas señalaron que la alcaldesa se comprometió el 27 de septiembre a no autorizar licencias de uso de suelo para los bancos Mapsa, Ku, Procon y Mool durante el resto de su gestión, así como a no conceder licencias de funcionamiento a nuevos establecimientos de este tipo.
Sin embargo, denunciaron que el 30 de septiembre se presentó la renovación, por seis meses, de una licencia de explotación de material pétreo y que posteriormente se publicó el proyecto de un nuevo banco en Hotzuc.
Los habitantes también señalaron incumplimientos en los compromisos relacionados con el tránsito de vehículos pesados y el uso de explosivos en las actividades extractivas.
Según el documento, durante una visita a la comunidad el 27 de septiembre, la presidenta municipal ofreció que, mientras se construía un camino alterno para el tránsito de los vehículos de las empresas mineras, la Policía Municipal vigilaría tres condiciones: impedir el acceso de góndolas, planchas y volquetes de doble remolque; limitar a 30 unidades diarias el número de volquetes destinados al transporte de material, y evitar nuevas labores de extracción con explosivos.
Los pobladores afirmaron que ninguna de esas medidas se cumplió durante los 15 días acordados. En su escrito reportaron el paso de vehículos de doble remolque, el tránsito de hasta 600 vehículos diarios que transportaban material pétreo y la reanudación de las detonaciones para la extracción a cielo abierto.
Polvo, explosiones y daños en viviendas
Los habitantes sostienen que los efectos de los bancos de material pétreo se extienden a la salud, la seguridad vial, las viviendas y los ecosistemas de las localidades cercanas.
Entre las afectaciones que denuncian se encuentran el polvo generado por el movimiento y transporte de materiales, las explosiones de dinamita, las grietas en las viviendas y el deterioro de las condiciones de tránsito por la circulación constante de camiones de carga.
También advierten sobre los riesgos que enfrentan quienes se desplazan en motocicletas, mototaxis y bicicletas por las mismas calles utilizadas por los vehículos pesados, en condiciones que, aseguran, empeoran por la presencia de polvo y la reducción de la visibilidad.
En su pronunciamiento, las comunidades señalaron que las detonaciones generan miedo y estrés entre niñas y niños, además de posibles afectaciones emocionales. Asimismo, denunciaron la tala de monte, el desplazamiento de fauna y daños al patrimonio arqueológico, con referencia al caso de Yaxcopoil.
Los pueblos indicaron que desde 2022 han presentado denuncias ante distintas instancias gubernamentales por las afectaciones que atribuyen a las actividades extractivas.
Afirmaron que, pese a recurrir a denuncias populares, amparos y otros procedimientos legales, no han obtenido respuestas satisfactorias de las autoridades municipales, estatales y federales. También acusaron una posible complicidad entre autoridades y empresas dedicadas a la explotación de materiales pétreos.
Cuestionan falta de consulta a las comunidades
Uno de los principales reclamos es la ausencia de procesos de consulta previa, libre e informada sobre los proyectos extractivos que afectan su territorio.
En el documento, los representantes de las seis localidades sostuvieron que las empresas involucradas no han realizado esos procedimientos y afirmaron que las actividades no cuentan con el consentimiento de las comunidades.
El pronunciamiento vincula el conflicto con el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y a la libre determinación, así como a participar en las decisiones que afectan sus territorios.
Los manifestantes cuestionaron que, mientras las autoridades promueven discursos sobre el reconocimiento y la reivindicación del pueblo maya, continúen autorizándose proyectos que, desde su perspectiva, deterioran sus montes, afectan su salud y alteran la vida cotidiana de sus poblaciones.
Reportan agresiones durante la protesta
El Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal informó que, durante la manifestación frente al Palacio Municipal, policías presentes en el lugar no cerraron las calles para proteger a los participantes, situación que, según su relato, derivó en enfrentamientos entre manifestantes y mototaxistas.
La organización señaló que los agentes intervinieron después de que se les exigió cumplir sus funciones y de que integrantes del colectivo bloquearon la calle con ayuda de un automóvil.
También denunció la presencia de un grupo de alrededor de ocho hombres que, según su versión, insultó y agredió verbalmente a los manifestantes mientras leían sus exigencias. Entre los gritos, indicó, se escucharon expresiones como “¡Que viva Kenia!”.
El colectivo sostuvo que los hombres mantenían comunicación esporádica con una persona que permaneció dentro del Ayuntamiento y que afirmó no trabajar para la administración municipal. Según el reporte, el grupo se retiró después de recibir una indicación de Carlos Villatoro Espinoza, a quien la organización identificó como servidor público.
El Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal agregó que la alcaldesa no se encontraba en el Palacio Municipal y que se había indicado la suspensión de actividades ese día.
Exigen frenar nuevos bancos de material
Al concluir su pronunciamiento, los pueblos mayas plantearon cinco exigencias a los gobiernos municipal, estatal y federal:
- Detener de inmediato las autorizaciones para nuevos bancos de material pétreo y proyectos de minería no metálica en su territorio.
- Reconocer oficialmente la emergencia socioambiental que, afirman, han declarado junto con otros pueblos de la península.
- Clausurar los bancos de material pétreo que, según denuncian, vulneran los derechos de las comunidades de Umán.
- Garantizar la reparación integral de los daños, con atención a la salud física y emocional de la población, rehabilitación de viviendas y restauración del monte, el aire y el agua.
- Respetar la autonomía y la libre determinación de los pueblos mayas.