(Artículo publicado el 30 de agosto de 2003)
Por Max GASTÓN
Calumnia, calumnia, que algo quedará —Voltaire
Carlos Sobrino Sierra, presidente del PRI en Yucatán, se refiere en una carta al Diario de Yucatán a los orígenes de la crisis en el Congreso del Estado y opina que esta crisis “se suma a tantas otras generadas por el ejecutivo estatal en su terca carrera de confrontación con los demás poderes constitucionales”.
El punto de vista del señor Sobrino coincide con las críticas de que un sector de la radio y la prensa yucatecas, Televisión Azteca, periódicos de la ciudad de México, dirigentes de partidos políticos y funcionarios locales y federales se han dedicado a propalar, en público y privado, sobre la personalidad del gobernador yucateco y su actuación.
Estas críticas forman parte de una ofensiva que desde hace más de dos años presenta a Patricio Patrón Laviada como un gobernante inmaduro, inepto, terco, pleitista, que ha puesto en peligro la estabilidad y la paz en el Estado con una confrontación injustificada entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
Uno de los sucesos culminantes de esta ofensiva es la queja contra el gobernador interpuesta por el Tribunal Superior de Justicia ante el Senado del Congreso de la Unión en diciembre de 2002.
Cinco de los seis magistrados del Tribunal acusaron al señor Patrón Laviada de una serie de falsedades y agresiones sistemáticas que lesionan el honor y el prestigio de los magistrados y constituyen un atentado contra la independencia y la autonomía del Poder Judicial, consagradas por las constituciones federales y locales.
Los cinco magistrados afirman que el origen de los ataques del gobernador es su obsesión por poner en libertad a Armando Medina Millet y piden al Senado que intervenga para poner fin a la persistente campaña de desprestigio contra el Poder Judicial.
Los magistrados dicen parte de la verdad cuando afirman que el caso Medina Abraham es el origen de la confrontación entre el Poder Ejecutivo y Judicial. La verdad entera es que el agresor no es el gobernador: los agresores son los magistrados. Vamos a ver por qué.
A multas de 2001, si recordamos bien, el ingeniero Medina Millet denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado presuntas irregularidades cometidas en la averiguación judicial de la muerte de su esposa Flora Ileana Abraham Mafud. El señor Patrón Laviada, en cumplimiento de un deber constitucional, dispuso una investigación a fondo de las denuncias.
A mediados de 2002, la Procuraduría comenzó a pedir a Leticia Cobá Magaña, jueza que juzgó y sentenció a Medina Millet, que le proporcionara unos documentos del expediente. Unos documentos necesarios para practicar unas diligencias relacionadas con las denuncias de Armando Medina. Durante unos cinco meses, la jueza se negó a entregarlos, a pesar de que la Procuraduría renovaba periódicamente la solicitud.
Las negativas de la señora Cobá se basaron en argumentos que no concuerdan con el texto jurídico, ni con la razón, ni siquiera con el sentido común.
Dijo, por ejemplo, que los documentos no son personas, ni animales, ni cosas, y por lo tanto no pueden ser objeto de la inspección ocular en que consistía la diligencia.
Puesta por escrito, en una respuesta oficial de una autoridad a una solicitud oficial de otra autoridad, semejante majadería es una burla, una ofensa, una falta de respeto.
La Procuraduría es una dependencia del Poder Ejecutivo. El juzgado que tiene a su cargo la señora Cobá es una dependencia del Poder Judicial.
Durante casi cinco meses, de palabra y de hecho, el representante del Poder Judicial, que es el Tribunal Superior de Justicia, por conducto de la jueza se burló públicamente del Poder Ejecutivo y su representante, que es el gobernador, y le impidió realizar una investigación que por ley está obligada a practicar.
Al fin y al cabo de una exhibición extraordinaria de paciencia y tolerancia ante los desafíos de la señora Cobá y el Poder Judicial, paciencia y tolerancia que pueden haber sido excesivas y contrarias a la sociedad, si consideramos que por encargo de la ley la Procuraduría es su representante y defensora, el procurador solicitó al Tribunal Superior que destituyera a la jueza y la sometiera a un proceso penal.
Los magistrados, que habían apoyado a la señora Cobá cuantas veces fue necesario apoyarla en sus desacatos, se negaron a suspenderla, se rehusaron a procesarla y, en prueba adicional de solidaridad, le dieron un premio: la ratificaron en su cargo cuando, en medio de la controversia y el escándalo, expiró su período como jueza.
La señora Cobá, que no es inamovible como lo son hasta hoy algunos magistrados, no tuvo más remedio que retractarse y, a la cuarta vez que se los pedían, entregar los documentos. El Tribunal Superior no se dio por enterado de la retractación de la jueza y se mantuvo en una actitud retadora que se ha prolongado en esa queja que le envió el Senado. Una queja que no es otra cosa que una petición de apoyo federal a los desafíos de los magistrados al Poder Ejecutivo.
Es el Tribunal Superior quien ha iniciado y sostenido, a base de falsedades, una confrontación con el Gobierno del Estado. Si algún principio constitucional se ha violado en este conflicto es la autonomía y la independencia que debe tener el Poder Ejecutivo para cumplir los deberes que le impone la ley sin verso estorbado o impedido por necesidades originadas y promovidas en el Poder Judicial.
La “terca carrera de confrontación” y la generación de crisis que el señor Sobrino atribuye al gobernador es parte de una “leyenda negra” inventada para desorientar y confundir mediante el engaño. Leyenda negra que sigue las instrucciones de Voltaire: “Calumnia, calumnia, que algo quedará”.
Las calumnias y los engaños, los desafíos y las desinformaciones, las agresiones persistentes y las campañas sistemáticas por prensa, radio y televisión, los atentados contra las constituciones, los desacatos, los conflictos y las crisis no son generados por el Poder Ejecutivo sino contra el Poder Ejecutivo. En conjunto integran esa leyenda negra que se comenzó a fabricar a multas de 2001 con un solo fin: estorbar, impedir o desacreditar las investigaciones judiciales de las denuncias de Armando Medina Millet. Una leyenda negra inventada ex profeso para ocultar la verdad, aunque a Yucatán se lo lleva la trampa.- MG – Mérida, Yucatán, agosto de 2003.