(Primera Columna publicada el 6 de julio de 2011)
Según informes recibidos por la columna, la sacristía de la iglesia de San Juan amaneció ayer revestida de letreros de “El túnel, ¡fo!”. Todos los carteles fueron retirados por hampones vestidos de negro que, gritando “Ivón, Ivón”, se bajaron de camiones de una empresa constructora. Armados de porras, manoplas, tubos, retratos de Angélica y otros instrumentos punzocortantes, los “gángsters”, al parecer los mismos utilizados en el asalto a la ex “glorieta de la paz”, tendieron un cerco alrededor del venerable recinto sin importarles un pito su condición de sagrado.
Vittorio Zerbbera y César Pompeyo no pudieron confirmar el suceso. En vista de la agresión que dejó medio muerto en la glorieta al cónsul de Holanda, José Enrique Gutiérrez López, el diplomático italiano, embajador del Centro Mundial contra la Mafia en México, recibió instrucciones de alejarse del templo.
El parque estaba casi desierto. Había corrido la voz de que la alcaldesa ha solicitado a la gobernadora la suspensión de las garantías constitucionales en toda la ciudad, para poder escarbar el túnel y abortar los alborotos femeninos, revueltas estudiantiles y enardecidas concentraciones de vecinos en las colonias.
En una banca lejana, don Vittorio preguntó a don César si hay memoria en Yucatán de otra explosión de violencia tan salvaje como la que, según testigos presenciales, las autoridades del estado y la ciudad organizaron con premeditación, alevosía y ventaja para curtir a puñetazos, patadas y golpes con armas blancas a las mujeres, los niños, los jóvenes y otras personas que pacíficos e indefensos, sin más escudo que la libertad de expresión, manifestaban su oposición al túnel.
—En noviembre de 1969 —recordó Pompeyo—, la policía del estado, en presencia de soldados y sargentos de la 32 Zona Militar, disolvió a golpes una concentración de mujeres que desfilaban por el parque de Santa Lucía en muda protesta contra el que ha sido quizá el mayor fraude electoral en Yucatán. El general Bocanegra, violando la carta magna, prohibió la circulación de gente en la Plaza Grande luego de que el edificio militar fue lapidado por una multitud.
Unos 25 años después —prosiguió Pompeyo—, una turba de policías, guaruras y ejidatarios traídos de los pueblos por el PRI desbandó y persiguió a tranca y tolete a campesinos acampados en la Plaza Grande en una manifestación contra el gobierno. A pesar de que las fotos publicadas por el “Diario de Yucatán” daban fe de lo contrario, el Ejecutivo insistió en que su policía había sido agredida y encarceló a una veintena de los agredidos.
—Pero ninguno de ambos acontecimientos —continuó don César— tuvo el lujo de ferocidad, la carga de odio y la profusión de cobardía que ha tatuado de infamia, para siempre, al atentado de la glorieta, a sus protagonistas y a sus progenitores.
—La policía, que presenció impávida los ataques en una actitud de protección a los vándalos —subrayó—; la empresa constructora que se prestó a este crimen que habría sido imposible sin su cooperación, y la alcaldesa y la gobernadora, señaladas con índice de fuego por la opinión pública como autoras intelectuales de la agresión, han establecido un récord de barbarie que será muy difícil de emular, a menos que la decencia en la vida pública siga en la caída libre en que hoy se encuentra.
Mientras Pompeyo hablaba, Zerbbera veía y volvía a examinar las veinte fotografías impresionantes publicadas por el “Diario”, testimonios irrefutables de una paliza sin precedente al ciudadano. Testimonios de que Angélica Araujo incurre en lo que tiene todo el talante de una mentira redonda cuando se declara inocente. Mentira que empeora la caprichosa terquedad suya por imponer un túnel ni pedido ni deseado. Terquedad que ha sido en el fondo la causa de todo el escándalo.
Don Vittorio y don César estuvieron de acuerdo en que el túnel ha pasado a un segundo término. En primer plano está la obligada renuncia de la señora Araujo a la alcaldía. Obligada por su maternidad de la delincuencia organizada en la glorieta o por su incapacidad de gobernar en paz a la ciudad.
Renuncia que se recomienda a Ivonne Ortega, aunque sólo sea por ordenar o permitir que su policía sea espectadora pasiva, si no cómplice previsto, de una violación masiva de los derechos humanos que debe salvaguardar.
Renuncia a trabajar en el túnel que debe presentar sobre la marcha, en un acto de arrepentimiento y solicitud de perdón a Mérida, la compañía constructora Proser, que en mala hora se propuso para ejecutar una obra que ha tenido una repercusión criminal y convertido en piñata a la gente de bien.— Mérida, 5 de julio de 2011.