El tráfico de tierras ejidales, que se ha extendido por toda la periferia de Mérida y ha provocado el irracional crecimiento de la ciudad, prosperó al amparo de la complicidad de las autoridades estatales, que nunca hicieron nada por proteger los intereses y el patrimonio de los ejidatarios.

Ni el PAN ni el PRI quisieron intervenir en su momento. Al contrario, dieron oportunidad a los traficantes y especuladores de hacer de las suyas hasta llegar a un punto en el que, como podemos ver en estos momentos, las cosas se han salido de control, comenta el investigador universitario Othón Baños Ramírez.

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