El millonario programa de reparto de despensas que realizó el gobierno del Estado entre abril y mayo, como respuesta a la emergencia sanitaria por el Covid-19, se habría efectuado en medio de indicios de opacidad y corrupción.
Este programa, que distribuyó dos millones 246 mil, 985 paquetes alimentarios en 450 mil hogares, con un costo de casi 450 millones de pesos, favoreció a seis empresas, seleccionadas por el gobierno para vender esos productos a través de un procedimiento de adjudicación directa, “por excepción de licitación pública”.
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