Filiberto Pinelo Sansores (*)
El uso del aparato de justicia por el gobierno federal para descarrilar una candidatura, la de Ricardo Anaya, postulado por la coalición “Por México al Frente”, y ocupante del segundo lugar en las encuestas, demuestra que el PRI-gobierno está aplicando ya su estrategia nacional para no soltar el poder —a costa de lo que sea— al culminar el proceso electoral en curso.
Nadie dice que Anaya no deba ser investigado, si existen indicios para ello, que los hay, según se ha visto. Pero el curso de una investigación no debe ser usado como elemento de propaganda contra un partido o a favor de otro.
Y esto es lo que ha hecho en los últimos días la PGR en manos de Alberto Elías Beltrán —no su titular, sino simple encargado del despacho, de donde se deduce que recibe órdenes de “arriba”—, al dar a conocer, a través de los medios, una investigación que la institución ha estado haciendo a raíz de una presunta operación de lavado de dinero en la que habría participado el candidato panista.
Ésta consistiría en que Anaya compró un terreno en $10 millones a un empresario y después de construirle una bodega se lo regresó, mediante una venta, hecha a través de una empresa —catalogada en las listas del SAT como fantasma—, en 54 millones de pesos —más de 5 veces el precio a que lo compró—, pagados con dinero triangulado a través de paraísos fiscales.
Sin embargo, el gobierno de Peña, en lugar de actuar con apego al debido proceso, ha querido aprovechar el asunto como arma electoral para favorecer a su partido, mostrando una cínica parcialidad en su desempeño, pues esa misma PGR se ha olvidado de investigar también y menos de darles publicidad mediática, casos de corrupción mayúscula en que están involucrados funcionarios del gobierno que encabeza.
Los más recientes son los de Rosario Robles y José Antonio Meade, quienes desde la Sedesol, Sedatu y Hacienda hicieron desaparecer más de 6 mil millones de pesos de dinero público, hasta hoy, impunemente. Se estima que buena parte de ese dinero, está sirviendo para financiar la campaña de su partido en esta contienda. Tampoco ha movido un dedo en el de los sobornos de Odebrecht de, por lo menos, 10 millones de dólares a funcionarios de Pemex cuando su director era Emilio Lozoya.
Para aceptar como válidos procedimientos de persecución de delitos, trátese de quien se trate, es preciso que se cumplan reglas establecidas, las cuales implican no publicitar los casos, mientras están en proceso de investigación y por eso no se han judicializado, es decir, consignados ante el juez y dictadas las órdenes de éste contra los presuntos responsables. Por mucho menos que lo que ahora él ha hecho Beltrán cesó de manera fulminante a Santiago Nieto, el fiscal de la Fepade. Éste sólo hizo público, sin revelar pormenores, que estaba investigando el caso del uso del dinero de Odebrecht.
El funcionario ha hecho ahora algo mucho peor que lo que motivó que cesara a Nieto, pues su torpe actuación puede dar lugar a que Anaya sea exonerado, aun cuando sea culpable del delito que le atribuye, por las garrafales faltas al debido proceso, cometidas por el órgano de “procuración de justicia” que dirige; sin embargo, no se inmuta y con ello demuestra que la PGR está convertida en una de las herramientas del Estado al servicio del PRI; pero también que este partido está dispuesto a usar todas las tretas habidas y por haber para robarse las elecciones.
¿Por qué está usando Peña a la PGR para irse a la yugular de Anaya? Por dos razones: a) porque según lo que se ha revelado, existen fuertes indicios de que el “Niño Maravilla” sea en verdad un “delincuente de cuello blanco” y, b) porque quiere aprovechar el “descubrimiento” para “bajarlo” del segundo lugar para que sea Meade, hoy en tercero, el que lo ocupe y desde ahí apelar al llamado voto útil del prianismo y evitar que López Obrador sea el próximo presidente de México.
Llama la atención el pleito porque el PRI y el PAN son amigos; conviven en las sombras. Un ejemplo es que el llamado “Jefe” Diego se estuvo paseando todo el día, el jueves 1 por canales de televisión y estaciones de radio despotricando contra el PRI y por la noche fue a la fiesta de cumpleaños de Meade, a comerse unos tacos con el hoy jurado enemigo.
El PRI y el PAN se han distanciado en la disputa por el poder, pero defienden los mismos intereses. Anaya era el jefe de los diputados panistas en la LXII legislatura en la que juntos aprobaron las llamadas “reformas estructurales”, entre ellas, la energética que, de acuerdo con el discurso del hoy candidato panista, haría bajar el precio de la gasolina y la corriente eléctrica. En esa misma, panistas y priistas se pusieron de acuerdo para aprobar grandes cantidades, para “obras en los municipios”, que dieron lugar a los cuantiosos “moches” que los distinguidos miembros de ambos partidos se embolsaron. ¿Cuánto le tocaría al jefe panista de ese reparto? Nunca lo ha aclarado; pero es evidente que ni con los altos ingresos que devengan los políticos por los cargos que ocupan es posible edificar fortunas como la que, según los altos flujos de dinero que ha usado en sus conocidas transacciones “empresariales”, ya posee, no obstante que, según dice su currículum, no proviene de familia de empresarios y desde los 20 años ha estado de un puesto a otro en el andamiaje del Estado o en su partido.
La posibilidad del lavado de dinero se actualiza entonces. Sin embargo, la torpeza de este gobierno que no busca justicia, sino usar los aparatos de ésta para eternizarse en el poder, ha puesto en duda la posibilidad de saberlo a la vez que mostrado hasta dónde está dispuesto en su desesperación para hacer un cochinero de la próxima elección.— Mérida, Yucatán.
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Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa