Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
“Resucitan empresarios en el padrón ejidal de Chablekal”, me comenta uno de los integrantes de la Unión de Pobladoras y Pobladores de Chablekal.
En realidad, no es seguro que hayan muerto. Al inicio de su gestión, el actual comisario ejidal de Chablekal anunció a los ejidatarios que había depurado a los aproximadamente 60 empresarios que forman parte del padrón del ejido, empresarios externos a Chablekal interesados en hacer negocios con las tierras del pueblo, encabezados por Carlos Abraham.
La presencia de empresarios en los padrones de los ejidos yucatecos revela una de las mayores injusticias que vive nuestro estado: el ejido, lejos de representar a la mayoría de la población, pues representa apenas a poco más del 10 por ciento del pueblo —y excluye, sobre todo, a mujeres y jóvenes—, representa demasiado a los intereses de empresarios cuyos negocios generan ganancias que se concentran “en unas cuantas manos”, como reza el título de un libro de Jorge Bolio sobre la urbanización neoliberal de la periferia metropolitana de Mérida.
Actualmente, como se ha documentado en estas páginas, la Unión de Pobladoras y Pobladores de Chablekal defiende el polígono Misné Balam, el cual cuenta con una suspensión por parte del Tribunal Unitario Agrario para que el ejido no pueda parcelarlo ni venderlo.
En los montes de Misné Balam hay por lo menos cinco cenotes, chultunes (almacenes de agua de lluvia construidos en tiempos prehispánicos) y mules (o cerros prehispánicos). Junto con la Universidad Autónoma de Chapingo, las y los pobladores han hecho un registro de los árboles de los montes y sus diversos usos comestibles, medicinales, maderables, entre otros.
Aun conociendo la suspensión dictada por el Tribunal sobre Misné Balam, el actual comisario ejidal de Chablekal ha convocado a asambleas de ejidatarios para parcelar ilegalmente las tierras del polígono. Hasta el momento no lo ha logrado. Fue precisamente en el pase de lista en la última asamblea ejidal, convocada para el pasado 11 de abril, pero no celebrada por falta de quórum, cuando los ejidatarios se enteraron de que los 60 empresarios continuaban en el padrón, a pesar de las declaraciones del comisario de haberlos depurado.
“Vemos otra vez la mano del poder, del dinero, de la corrupción”, me comenta uno de los pobladores de la Unión de Chablekal a propósito de la injerencia de los empresarios en el ejido.
La situación actual de Chablekal, compartida por muchos otros ejidos que están sufriendo la privatización y mercantilización de sus tierras, contrasta con las actuales promesas de campaña de los candidatos a la alcaldía de Mérida.
Renán Barrera, candidato del Partido de Acción Nacional que aspira a ser Presidente municipal de Mérida por tercera vez, ha declarado que la sustentabilidad es la mejor vía para reactivar la economía. A propósito, ha destacado las acciones de su gobierno al construir ciclovías, realizar talleres sobre huertos urbanos y campañas de siembra de árboles.
Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín, candidato del Partido Revolucionario Institucional al mismo cargo, ha prometido acabar con la desigualdad en el municipio, con las “dos Méridas” que, según él, ha sido resultado de años de administraciones municipales panistas.
¿Cómo hablar de sustentabilidad y de igualdad cuándo se deforestan cientos de hectáreas de tierras ejidales para hacer negocios que enriquecen a unos pocos empresarios?
Se podrá alegar que el problema agrario le corresponde a las instituciones agrarias, desde el ejido hasta la Procuraduría Agraria y el Tribunal Unitario Agrario.
No obstante, si hay decenas de empresarios interesados en formar parte de los ejidos, es porque existen condiciones políticas y económicas que les permiten hacer negocios con las tierras ejidales que se apropian.
Por un lado, como han documentado Gabriela Torres-Mazuera, Sergio Madrid y Raúl Benet en el informe “Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán” (2021), entre 2014 y 2015 hubo un aumento inusual de cambios de destino de tierra y cambios a dominio pleno en Yucatán, es decir, de privatización de tierras.
De acuerdo con los autores, la respuesta a este aumento “está en quien fuese el secretario de la SEDATU” entre 2013 y 2015, Jorge Carlos Ramírez Marín. “Durante esos años —plantean los autores—, las delegaciones peninsulares del RAN [Registro Agrario Nacional] y la PA [Procuraduría Agraria] estuvieron al servicio de los intereses empresariales vinculados a Ramírez Marín”.
Por otra parte, como ha señalado Jorge Bolio, el Programa de Desarrollo Urbano de Mérida de 2012 —primer periodo de Barrera como alcalde— incrementó “por todo el terrritorio municipal la zonificación del área susceptible de desarrollo urbano, en sacrificio del suelo de conservación”. También favoreció “el uso comercial intensivo y el tráfico vehicular en vías de enlace habitacional hoy habilitadas como ‘corredores’” (“En unas cuantas manos”, Uady, 2014).
Estos cambios urbanos, señala Bolio, evidencian “la devastación de la selva baja”. “Se estima que cada año se deforestan alrededor de 2,025 hectáreas de selva baja en la ZMMid [Zona Metropolitana de Mérida], situación que se refleja en el aumento alarmante de las temperaturas promedio, en la falta de lluvias y en la escasez de vegetación”.
A pesar de los cambios en el Programa de Desarrollo Urbano, especialistas como Bolio, Fernando Alcocer y Marco Tulio Peraza plantean que “las políticas del desarrollo urbano de Mérida siguen supeditadas a los intereses del sector inmobiliario” (“Un rumbo equivocado”, Diario de Yucatán, 21-7-19).
Frente a tasas de deforestación como las anteriores, las campañas para sembrar árboles, si bien necesarias, resultan a todas luces insuficientes. Como escribió Dalila Aldana Aranda, investigadora del Cinvestav Mérida reconocida por su trabajo contra el cambio climático, en 2020, en Mérida sólo había seis metros cuadrados de áreas verdes por habitante, cifra inferior al mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (nueve metros cuadrados por habitante). Antes cumplíamos con el mínimo de la OMS.
De acuerdo con Aldana, hace 25 años Mérida tenía casi 15 metros cuadrados de área verde por habitante (“¿Hasta cuándo la Tierra del Mayab será Lila en Primavera?”).
En este periodo electoral, luchas como la de la Unión de Pobladoras y Pobladores de Chablekal nos señalan que la igualdad y sustentabilidad requieren no solo de un debido actuar de las instituciones agrarias, sino también un Ayuntamiento de Mérida con un programa de desarrollo urbano que realmente coloque el bien común —la calidad de vida no solo de la ciudad de Mérida, sino también de todos sus pueblos y comisarías— por encima de los intereses de especuladores y desarrolladores inmobiliarios.
Esto será realidad cuando sean las pobladoras y pobladores quienes decidan por el destino de sus pueblos, y no empresarios registrados como ejidatarios.— Mérida, Yucatán.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM