El viernes 9 pasado se aprobó el decreto por el que la Guardia Nacional pasa al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con esta medida, el órgano policíaco federal se militariza y deja de estar bajo la autoridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La medida, aprobada por el Congreso de la Unión con la mayoría de Morena y aliados, viene a complementar el poder que la actual administración federal ha dado al Ejército.
En forma paralela al decreto, y en lo que se ha llamado la traición del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, a la Alianza Va por México, el tricolor respaldó la permanencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de Seguridad Pública del país hasta 2029, con una iniciativa que aún espera aprobación en el Senado.
“Alito” fue acusado por sus otrora aliados de pactar “en lo oscurito” con la 4T a cambio de consevar el fuero y frenar los escandalosos audios que su sucesora en Campeche, Layda Sansores, presentaba cada semana, exhibiendo el suntuoso nivel de vida, lenguaje florido y negociaciones políticas de aquél. Los audios se frenaron de inmediato.
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Por segunda semana, el Diario hizo un ejercicio entre un grupo de periodistas para analizar los resultados del sondeo semanal, que esta vez abordó el polémico tema conocido como “La militarización del país”.
Javier Caballero Lendínez- Gerente de Medios Comerciales
La diferencia de resultados respecto del sondeo que Grupo Megamedia realizó sobre la militarización del país en varios de sus medios refleja, tal cual, la división actual del país: económica, educativa y política. La solución para luchar contra la inseguridad no está en la militarización de las calles. No era la solución con Felipe Calderón y tampoco lo es ahora. La herida es mucho más profunda y no queremos o no sabemos ver el peligro que eso implica para nuestro día a día.
El control militar de las calles, como se mostró con Calderón, no es efectivo, pero sí un caramelo demasiado jugoso para la contención popular. Se ha visto en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba. Sin embargo, se puede presumir en el sondeo que, aunque prima el “no”, muchos, lejos de imaginar cómo puede ser este país en unos cuantos años, apoyan esa militarización porque quizás sea la última esperanza para controlar su inseguridad. No olvidemos que el recurso más poderoso del pueblo para ser escuchado es salir a la calle, hacerse oír. Esperemos que, en tiempos difíciles, y con la militarización galopante, este derecho no sea pisoteado.
Juan Carlos Góngora Solís- Subdirector editorial
Una vez más la polémica se impone al análisis de fondo ante una realidad que nos abofetea un día sí y otro también: la violencia delictiva en el país. En los hechos, tampoco queda suficientemente claro lo que significa la “militarización” del país, pero salta a la vista que la iniciativa busca crear sensación de que la institución “menos corrupta” del país plantará cara al crimen organizado ante el supuesto fracaso de las corporaciones policíacas.
El Ejército y la Marina no han dejado de apoyar en labores de seguridad pública, pero sus resultados son cuestionables por la falta de comunicación y transparencia sobre sus acciones (de ahí también que se piense que no hay corrupción en las fuerzas armadas: más bien no se sabe de casos y menos los resultados de las investigaciones).
El tema de fondo no es si se da el Sí o el No a la iniciativa, sino el Dónde y Cómo se aplicarían las acciones. Así, no es fortuito que en la Península los resultados del Sondeo Megamedia reflejen cómo los lectores de MegaNews, medio de comunicación digital con sede en Quintana Roo (foco rojo en el país, por la presencia del crimen organizado y altos niveles de violencia) se inclinan por la “militarización” (Quintana Roo acumula 296 homicidios dolosos, de enero a julio -42 al mes, en promedio).
Luis Alberto Luna Cetina- Coordinador de la sección Nacional-internacional
Los medios de comunicación contribuyen, en diferente medida, a crear conciencia sobre los riesgos de la militarización de la seguridad.
LO OBVIO. La mayoría de los que respondieron al Sondeo Megamedia no está de acuerdo con la militarización, 71.2%, contra el 28.8%, que sí la aprueba.
LAS DIFERENCIAS. En los sectores de mayor nivel socioeconómico, lectores de Diario de Yucatán, es mayor el porcentaje de rechazo, 74%, contra 20%. En los medios populares, aunque todavía domina la desaprobación, crece notoriamente la aceptación: 44.9% en ¡Al chile! y 42% en La i.
EL CONTRASTE. Contra la tendencia general, la mayoría de los consultados a través de MegaNews aprueba la militarización, 80%, frente al 20%, que no está de acuerdo. Creo que los lectores de MegaNews, la mayoría de Quintana Roo, buscan las noticias más ligeras y conocen menos la voces de expertos que advierten sobre los riesgos de la militarización.
Luis Fernando Victoria Ayuso- Coordinador de “Soft News”
Las cifras hablan por sí solas: 71.2% de los lectores consultados están contra la militarización del país que plantean el presidente López Obrador y Morena; es decir, desaprueban la reforma constitucional del artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019.
Ángel Noh Estrada- Reportero de la Unidad de Investigación C9
La militarización del país, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, conlleva grandes riesgos que no están pasando inadvertidos para grandes sectores de la población, incluso los que representan clientela electoral para el morenismo, vía el asistencialismo.
Esta situación se refleja claramente en el sondeo de Grupo Megamedia publicado ayer. Es claro el rechazo a la pretensión —falta el visto bueno del Senado— de dejar en manos de las Fuerzas Armadas la seguridad y otros rubros de la vida nacional hasta 2029. Desde mi punto de vista, buena parte de ese rechazo se fundamenta no solo en los riesgos de la militarización sino en la incongruencia que han mostrado en este tema el presidente López Obrador y otros políticos afines a la 4T: en el pasado se oponían a ultranza a las labores del Ejército fuera de los cuarteles y ahora las promueven al grado de la obstinación. Es decir, antes era malo porque lo hacían otros y hoy es bueno porque lo impulsamos nosotros.
No hay que perder de vista el estatus de multiusos que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas en este sexenio: lo mismo construyen trenes, aeropuertos y carreteras que almacenan y reparten libros escolares y medicamentos, siembran árboles, distribuyen vacunas, etcétera. A eso hay que agregar las tareas de seguridad.
Ante tantas funciones asignadas, está por verse si más adelante los militares aceptarán sin chistar el regreso a las encomiendas propias de los militares.
Victor Dzul Zum- Coordinador de cierre de edición
Al margen de la cuestión semántica sobre el uso de la palabra militarización, el punto a considerar es la rectoría de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública en México, por las implicaciones que esto tiene en la debida protección de los derechos humanos y otros aspectos de la vida en sociedad.
Algo que fue tan criticado por los principales personajes del actual gobierno en las administraciones anteriores ahora se vuelve totalmente justificable y necesario a la vista de esos mismos protagonistas de la política mexicana y sus seguidores. El problema es que muchos ignoran o parecen ignorar los grandes riesgos que significa que la seguridad pública en México no esté en manos de civiles.
Luis Alberto González Uribe- Director editorial
La petición del Poder Ejecutivo al Legislativo de que la Guardia Nacional dependa legalmente del Ejército merece analizar muchos detalles. El Presidente aprovecha la mayoría legislativa de Morena para hacer que avance una idea que, al parecer, no tiene más sustento que la voluntad del propio gobernante. Tiene también un trasfondo político: dividir la alianza de partidos que sería una oposición fuerte, real a Morena en 2024.
Otra arista es la incapacidad que los gobiernos del país han mostrado para armar una estrategia clara y formar una policía civil capaz de combatir a la creciente, en buena parte del país desbordada delincuencia organizada. Este gobierno critica que los anteriores no hicieron su tarea en este sentido. La iniciativa enviada deja ver la desesperación de una administración que se acerca a su final y que en cuatro años tampoco ha hecho lo que le corresponde en esa construcción. Tiene resultados que se pueden calificar de desastre en la materia.
El Presidente quizá ve en los militares la solución al problema, pero es muy probable que esté tratando de comunicar a sus audiencias afines una falsa percepción de eficacia con fines electorales ante la contienda que se acerca.
Es muy ilustrativo el análisis del doctor Sergio Aguayo que el Diario publicó el miércoles (consúltelo aquí: https://cutt.ly/PVu1gH2) acerca de que la sola presencia militar en las calles no es garantía de solución ante la delincuencia. La autoridad civil tiene que poner su parte.
Olegario Moguel Bernal- Director de Medios Tradicionales
No es fácil para la población admitir que es ideal que la seguridad quede en manos de los militares, como tampoco es un secreto que las policías en la mayor parte del país están rebasadas por el crimen. Hay que añadir que la participación de los militares en las actividades policíacas tampoco ha traído más seguridad al país. Los feminicidios, asesinatos atroces, agresiones, robos y crímenes de todo tipo continúan en aumento con o sin militares en las calles.
Pero el tema va más allá de las tareas policíacas, y ahí es donde el asunto cobra más relevancia. Costó muchos años y más vidas enviar a los militares a los cuarteles, cuando Manuel Ávila Camacho cedió la Presidencia a un civil en 1946, cambiando las botas por las corbatas. Desde entonces, las veces que los militares han salido de los cuarteles —sin contar su apoyo en los desastres naturales— ha sido para participar episodios funestos en la vida nacional: el 68, el “halconazo”, “Ayotzinapa” (lo confirmamos ahora por el arresto esta semana del general José Rodríguez Pérez), Tlatlaya… Esos antecedentes despiertan desconfianza.
Las páginas del Diario han dado cuenta de estos hechos, que han sido acompañados con amplios análisis. Resulta lógico, pues, que la mayoría de los lectores del Diario esté en desacuerdo con la militarización del país. Tienen información para decidir así. Debe también tenerse en cuenta que vivimos en un estado donde la violencia no ha alcanzado altos niveles, como en el vecino Quintana Roo, donde tiene más participación MegaNews, y quizá eso explique el alto porcentaje de votación a favor de la medida.
Interesante la votación, casi pareja, en los segmentos populares (La i y ¡Al chile!), donde la 4T tiene a su base de seguidores. Tales números implicarían que ya no le están dando un cheque en blanco a la 4T avalando todas sus decisiones.
En relación con la polémica por el aval del presidente nacional del PRI a la militarización, eso solo confirmó lo que cualquier observador político esperaba ocurriera tarde o temprano: la traición de Alito a la oposición. Al decirse sorprendidos, los líderes del PAN, Marko Cortez, y del PRD, Jesús Zambrano, lo único que exhibieron fue una candidez monumental. Y en política se puede ser todo, menos cándido.
Hernán Casares Cámara- Reportero de la Unidad de Investigación C9
El último sondeo de Grupo Megamedia muestra el rechazo generalizado a la llamada militarización del país de quienes participan en este ejercicio, aunque es difícil saber si ellos representan la opinión del promedio de los lectores o son, en su mayoría, opositores de López Obrador, reacios a cualquier iniciativa presidencial.
Buena parte de las críticas a la “militarización” viene de partidos contrarios a Morena que, cuando estuvieron en el poder, también usaron a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Allí está, por mencionar un solo caso, la Policía Federal Preventiva, creada por Felipe Calderón como brazo operativo en la lucha contra la delincuencia organizada y que, al igual que la actual Guardia Nacional, casi la mitad de sus miembros eran soldados y marinos comisionados a ese organismo.
Esta policía, al mando de los civiles, fue ineficaz y corrupta. La idea falló, como muchas otras. ¿Cuánto dinero destinó el gobierno federal a los estados y municipios, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, para profesionalizar las policías locales y qué resultados dio eso? Muy poco, y en muchos casos, gobernadores y alcaldes desviaban esos recursos.
La pregunta clave es saber si después de tantos intentos los ciudadanos tienen hoy policías confiables.
Yucatán es una excepción, pero en el resto del país todos los días vemos la incapacidad de las fuerzas de seguridad locales para contener al crimen organizado, cada vez mejor equipado y decidido a incurrir en el terrorismo para enfrentar al estado.
La preocupación por la creciente injerencia de los militares en la gestión civil del gobierno es también discutible. ¿Está mal que los militares administren las aduanas, repartan medicinas o participen en la obra pública? Peor era lo que pasaba antes, cuando estaban expuestos a la tentación de participar, directamente y en forma generalizada, de la corrupción institucional y del narcotráfico, como lo hacían los políticos del PRI y del PAN.