El presupuesto del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional aumentó un 111% entre 2019 y 2024 (pasó de 172 mil millones a 364 mil 708 millones a precios constantes de 2022). ¿Cómo interpretarlo?
El crecimiento sorprendió porque Andrés Manuel López Obrador había prometido regresarlos a sus cuarteles y riñó con ellos entre diciembre de 2017 y mayo de 2018.
Como presidente electo se reunió con los titulares de Sedena y Marina en agosto de 2018 y para noviembre había dado el viraje conceptual. Cuando presentó el Plan Nacional de Seguridad lanzó una frase clave: todas las policías federales, estatales y municipales carecían de “profesionalismo (e) integridad”.
Al aventarlas al basurero de la 4T, se acercó a militares y marinos que fueron ganándose la mente y el corazón del comandante en jefe, pues acataron sus órdenes sin cuestionar y porque fueron más eficientes que otras secretarías manejadas por civiles.
Eso inquieta porque ignoramos las implicaciones. Raúl Benítez Manaut, uno de los mejores especialistas en fuerzas armadas, atempera el alarmismo y recuerda que desde la Revolución han sido profundamente leales a los presidentes. Que eso no distraiga de lo esencial: en este sexenio su fortaleza ha ido en detrimento de las secretarías de Gobernación, Seguridad y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Las dos candidatas a la presidencia han coincidido en la necesidad de revisar el papel de los militares. En junio de este año, Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de que los militares sigan “jugando un papel importante” mientras “van tomando fuerza las policías estatales”.
En octubre, el Frente Amplio por México fue muy claro en el documento “Hacia un Programa de Gobierno 2024-2030”: si ganan, los retirarán paulatinamente de “las funciones de policía y seguridad pública de la estructura militar” y del control que tienen sobre “aduanas, aeropuertos, construcción de infraestructura, etcétera”.
Estos primeros escarceos se aclararán después de la elección. Entonces conoceremos el proyecto de seguridad de la próxima presidenta, el presupuesto de egresos para 2025 y el nombre de quien encabezará la SSPC, una dependencia clave porque recibirá de la Sedena a la Guardia Nacional en marzo de 2028.
Hay actores absurdamente ignorados en este asunto. Es el caso de los gobiernos de la CDMX guinda, del Edomex y la Coahuila tricolores y del Yucatán blanquiazul. Todos coinciden en haber depositado la seguridad en manos de policías y civiles, obteniendo buenos resultados.
Tampoco puede ignorarse lo hecho por periodistas, académicos y activistas para transparentar a las fuerzas armadas a las cuales se exige rendición de cuentas. Recordemos que este año salieron el reportaje de Ignacio Rodríguez Reyna sobre los viajes del secretario de la Defensa, las revelaciones de Natalie Kitroeff y Ronen Bergman del “New York Times” sobre el espionaje militar a Alejandro Encinas, el sexto y último informe del GIEI y supimos del trabajo de los comisionados que investigan la Guerra Sucia entre 1965 y 1990. Han acumulado montañas de información sobre el tejido de represión, lo que permitirá mejorar nuestra comprensión sobre policías y militares.
Hay razones para ser relativamente optimistas sobre el futuro de las relaciones cívico-militares. Es notable la coincidencia en los planteamientos de las candidatas de Morena y el Frente Amplio acerca de la necesidad de revisar un empoderamiento militar que ha desequilibrado el peso de las diferentes secretarías de Estado.
Es saludable que, pese a los rumores y noticias falsas, abunde la información precisa sobre lo que pasa al interior de las fuerzas armadas, en parte porque se mantiene la transparencia y se han multiplicado los canales de comunicación entre civiles y militares.
También son importantes los gobiernos locales dispuestos a mantener a mandos civiles como el contrapunto a la militarización de la seguridad federal, así como esa parte de la sociedad dispuesta a exigir cuentas a los uniformados.
Las fuerzas armadas se han vuelto muy poderosas, pero no son omnipotentes; la ciudadanía se ha convertido en un contrapeso indispensable y siguen siendo válidos los mandos civiles. Después de todo somos un Estado democrático. Hasta ahora, cuando menos. (Colaboró Jorge Araujo).— Ciudad de México.
@sergioaguayo
Investigador y analista