A pesar de los graves daños que genera, en muchas sociedades la corrupción es una práctica común, aceptada, que con frecuencia no se combate, por la percepción generalizada que es algo inevitable en la vida social y política. Con indiferencia, los ciudadanos suelen jugar el rol de mudos espectadores de una trama en la que ellos son víctimas principales.
Por ignorancia, interés egoísta o simple apatía, muchas veces permitimos que la corrupción avance. Convencidos que nada podemos hacer para erradicarla, que nuestras acciones individuales de nada sirven, asumimos que la responsabilidad de combatirla es de otros, como los órganos de impartición de justicia, los grupos cívicos o los medios de comunicación.
Hace 60 años, en marzo de 1964, el asesinato de joven neoyorquina, presenciado por 38 apáticos ciudadanos, que nada hicieron por impedir que la apuñalaran, a pesar de los gritos y llamados de auxilio, motivó el surgimiento de una corriente de análisis del comportamiento humano enfocada en lo que llegó a conocerse como “efecto espectador”.
Ampliamente difundido y analizado por “The New York Times”, el polémico caso de Kitty Genovese nos ejemplifica que mientras más personas participen o sean testigos de un problema o conflicto social, menor será la responsabilidad que sentirán los individuos por actuar, pues cada uno asume que otro se hará responsable.
El “efecto espectador”, o de “difusión de responsabilidad”, explica que las personas suelen observar las acciones de los demás antes de actuar o comprometerse. Si nadie interviene, se puede interpretar que la situación no es una emergencia. También influye el temor de hacer el ridículo o cometer un error en público.
Aplicándolo a la política, podemos afirmar que la indiferencia social ante la corrupción se atribuiría a factores como la falta de confianza en los organismos encargados de combatirla, el temor a represalias del poder, la falta de información objetiva sobre el tema o la complicidad de quienes se ven beneficiados, con empleos, contratos o favores.
POBREZA Y CORRUPCIÓN
En casos como el de México, y Yucatán es un ejemplo muy claro, la inestabilidad económica y la pobreza que afecta a miles de ciudadanos propicia que la preocupación principal se centre en cómo satisfacer las necesidades básicas, más que en una lucha ideal contra la corrupción. Y eso las autoridades corruptas lo saben muy bien.
Crítico es el caso del clientelismo, como el que llevó a un triunfo extendido de Morena en todo el país. La compra de votos, mediante diferentes beneficios, nutre la crisis de participación social.
El ciudadano beneficiado con el asistencialismo se siente recompensado, sin motivación para denunciar a quien le favorece en el corto plazo, como ejemplifica la inmunidad que envuelve a denunciados, no desmentidos escándalos de corrupción en el círculo cercano del presidente López Obrador, incluidas las poderosas redes del narcotráfico.
En la semana que termina, Diario de Yucatán nos ofrece nuevos detalles del aún impune “negocio redondo” de las luminarias chinas en el sistema de alumbrado público de Mérida, escandaloso caso de corrupción que desde 2011 nos alerta de los riesgos que corremos si nos mantenemos al margen de atentados contra el patrimonio público (bit.ly/4bVzFej).
Con total impunidad, coludidos con cuestionados organismos financieros, altos funcionarios caen en excesos como la simulación de contratos y la selección de corruptos proveedores, en un desfile de irregularidades que termina desviando a oscuros fines millones de pesos que podrían asignarse a urgentes necesidades de la comunidad. Y nadie los inculpa.
De escandalosa impunidad son también los casos de corrupción de la “mafia inmobiliaria”, como nos presentan, con gran detalle, amplios reportajes de “Central 9” (bit.ly/3XPMYcQ), y ya se encienden luces de alerta sobre la voracidad de inversionistas de corto plazo que buscan cobrar factura de apoyos a las aspiraciones del gobernador electo.
¿Estamos condenados a padecer eternamente el cáncer de la corrupción, a seguir pagando los altos costos que implica, como insinúa la “Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental de 2023” (bit.ly/3A0Lhj0), que el Inegi dio a conocer anteayer viernes? ¿Algo podemos hacer para frenarla? ¿Cómo disminuir esa indiferencia que incentiva al corrupto?
UN DEBER COMPARTIDO
De entrada, tendríamos que reconocer que la lucha contra la corrupción no es solo una tarea de instituciones gubernamentales y otros organismos especializados, sino un deber de toda la sociedad, en especial de quienes más perjudicados resultan, por sus efectos en la economía y la vida en comunidad.
Desde nuestros respectivos campos de influencia, en el hogar, la escuela o la empresa, podemos reforzar la cultura de responsabilidad individual y colectiva, con acciones como la educación cívica, fomentando desde temprana edad la importancia de la ética, la transparencia y la rendición de cuentas.
También de utilidad serían las campañas mediáticas sobre los efectos negativos de la corrupción y la importancia de denunciarla; el fortalecimiento, con suficientes recursos y autonomía, de organismos dedicados a combatirla, y la creación e impulso de líneas directas o plataformas digitales donde se pueda denunciar de manera segura y anónima.
El sector privado puede adoptar o impulsar prácticas empresariales éticas, destinar recursos a la promoción de programas sociales que motiven la temida vigilancia ciudadana de la gestión pública, y apoyar investigaciones académicas y periodísticas que den luz sobre actos de corrupción que nos aquejen, conscientes que serían apenas el punto de partida.
Luchar permanentemente contra la corrupción debe ser una labor compartida. Fomentando una participación activa, trabajando juntos por un entorno donde la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad sean valoradas, podríamos aspirar a superar la indiferencia y construir una sociedad más justa, transparente, con una cultura de cero tolerancia.
Siempre habrá algo que podamos hacer. La inacción sería el peor de los caminos. Tendríamos que pasar de cómodos espectadores a activos combatientes, dispuestos a poner un alto al avance de ese cáncer social, con mecanismos de acción como los aquí sugeridos. El presente y el futuro lo agradecerán.— Mérida, Yucatán.
*) CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA, director general de Diario de Yucatán y Grupo Megamedia
Correo: direcciongeneral@megamedia.com.mx
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