“El problema del agua empezó con las megaconstrucciones, con las privadas que se conectan a nuestro cárcamo”, me comenta una vecina de Santa Gertrudis Copó, a propósito de la escasez de agua que ha sufrido el pueblo en los últimos años.
Desde hace unos meses, varias familias de Copó no logran llenar sus tinacos —algunas comentan que se llena hasta un cuarto del tinaco—, por lo que tienen que llenar cubetas por la mañana con la toma del agua de la calle, cuando se enciende la bomba de la comisaría, para poder contar con agua para todas las necesidades del día: preparar alimentos, aseos, lavar platos, ropa y la casa, dar agua a los animales de patio, regar los árboles y huertos, los cuales se están secando.
“Si no hay agua, cómo haces los frijoles”, me comenta una vecina con respecto a las dificultades para preparar alimentos. Mientras que algunas familias pueden usar agua purificada en lugar de hervir el agua de la llave, otras han tenido que cambiar sus hábitos alimenticios: en lugar de cocinar los frijoles en grano, compran frijoles en lata. Otros guisos, como el potaje, y la preparación de aguas frescas, como la jamaica y naranjada, también son más difíciles de hacer ahora.
El problema se ha intensificado en los últimos siete meses, pero no es nuevo. Hace más de dos años, en mayo de 2022, Diario de Yucatán publicó el artículo “Vecinos de Santa Gertrudis Copó, en protesta por la falta de agua”, en donde se expone que el problema se ha acrecentado “en los últimos 10 años debido al crecimiento de la comisaría como consecuencia de la aparición de desarrollos inmobiliarios que acaparan la mayor parte del vital líquido”.
Asimismo, en el artículo del Diario se informa que, en ese año, había 541 usuarios registrados en el sistema de bombeo de agua, pero que algunos de dichos usuarios “son desarrolladores, que con una sola toma abastecen numerosas viviendas. Nosotros, pobladores originarios de toda la vida de nuestra comisaría, unos 350, pagamos una cuota de $11 mensuales por el servicio de agua para nuestros hogares […] por esa misma cuota única de $11, el desarrollador se conecta a la red y obtiene agua para abastecer todos los inmuebles”.
Más afectados
Aunque la escasez de agua es un problema generalizado de la comunidad, lo sufren de manera agravada los sectores más vulnerables: las mujeres, que son las que comúnmente se quedan en sus casas ya que los hombres salen a trabajar; las niñas y niños y adultos mayores, que no se encuentran en condiciones para estar cargando cubetas llenas de agua; personas enfermas o con algún padecimiento en el cuerpo —dolores de espalda, brazos, entre otros—, así como familias en condición de pobreza que no tienen los recursos para comprar agua purificada.
Como en muchos pueblos de Yucatán, en Copó es común que en una unidad doméstica viva una familia extendida. “Hay casas que en su terreno viven hasta cuatro familias, con cinco o hasta siete niños”, señala una vecina.
Desde luego, cada uno de los miembros de la familia necesita agua: 50 litros por persona y por día es la cantidad mínima para satisfacer el derecho humano al agua potable, según el Relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, Pedro Arrojo.
Como plantea el Relator, esta cantidad puede ser mayor para personas en alguna condición de vulnerabilidad o riesgo. El de Copó es un claro ejemplo de cómo la vulneración del derecho humano al agua afecta a otros derechos, como a la alimentación, a la salud y al saneamiento.
A la situación anterior hay que sumar las condiciones en las que se encuentra el agua almacenada en las cubetas, expuesta al polvo, moscas y otros elementos que afectan su calidad. Algunas vecinas también expresan un daño psicológico, debido al estrés y la angustia que genera no tener acceso al agua.
Cubetas
En una mañana del pasado mes de enero, otra vecina de Copó me enseña el estado en el que tiene el agua en su casa: depositada en ocho cubetas de pintura, en su traspatio, con sus gallinas. “Las tapo para que no les entre polvo”, dice sobre las cubetas. “A las ocho de la mañana salgo a llenar agua. Hoy llené seis cubetas. Yo las cargo. Mi esposo salió temprano a trabajar, estoy sola con mis dos niñas. Tengo mis plantas secas. Lavo la ropa, no me alcanza”.
¿Cómo puede suceder esto en un estado en el que se tiene mucha agua? De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la disponibilidad media del acuífero de Yucatán es de 2,059.634,923 metros cúbicos anuales para otorgar nuevas concesiones, cifra que contrasta con los números rojos que presentan numerosos acuíferos del país. “Hay mucha agua, pero es para las grandes empresas”, cuestiona una vecina de Copó.
Diversas vecinas y vecinos entrevistados coinciden en sus relatos en que el actual problema comenzó con las constructoras. “Llegan a nuestra comunidad, comienzan a colgarse del agua, sin llegar a acuerdos con el pueblo”, menciona una vecina.
Santa Gertrudis Copó se encuentra en una de las zonas con mayor crecimiento de plusvalía en Mérida (y en todo Yucatán) en los últimos años. Las y los pobladores originarios de Copó, que se siguen identificando como pueblo y no sólo como una comisaría (y menos como una “colonia” más) de Mérida, han sufrido este cambio de varias maneras: desde el precipitado aumento en el impuesto predial —una vecina me comentó que, mientras hace unos años, pagaba un impuesto de 75 pesos, ahora el municipio le cobra más de 1,800 por su vivienda construida por el gobierno del estado—, el constante tráfico de automóviles, la deforestación, el levantamiento de torres de departamentos que afecta el paisaje y la privacidad —otra vecina comenta que está en su patio y la pueden ver los nuevos vecinos en sus balcones—.
A los problemas anteriores se ha sumado el del agua, en el que la desigualdad es una condición que no pasa desapercibida por las y los pobladores originarios: “en un fraccionamiento privado de 72 casas todos tienen cisterna y bomba. Tienen tubos de 8 pulgadas, no de 1 pulgada como nosotros”, me comenta una vecina. “Ellos usan agua para sus piscinas y lavar sus coches”, agrega otra.
Sin embargo, es importante reconocer que diversas vecinas entrevistadas no responsabilizan a los nuevos habitantes de la situación. Una vecina me expresa, “a nadie se le puede negar vivir en un lugar que encuentran pacífico”. En cambio, señalan las obligaciones del Ayuntamiento y de las empresas constructoras.
El Ayuntamiento de Mérida es el responsable del suministro de agua de las comisarías del municipio. Históricamente, los sistemas de agua potable de las comisarías y subcomisarías han estado desatendidos por las autoridades, sin mantenimiento al cárcamo, tuberías y drenaje; las autoridades también han otorgado permisos para más desarrollos en una zona que ya no se da abasto, lo cual es señalado por varias vecinas y vecinos de Copó; los desarrolladores de fraccionamientos no sólo deben contar con las instalaciones para servicio de agua potable, sino también presentar estudios técnicos que demuestren “que el sistema de agua potable donde se abastecerá el edificio sea suficiente para darle el servicio” (“Reglamento de construcciones del municipio de Mérida”).
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El actual Ayuntamiento de Mérida ha anunciado que con el nuevo Sistema Municipal de Aguas se atenderá el problema de suministro de agua de las comisarías y, el pasado 30 de enero, la alcaldesa anunció que la primera licitación pública para atender el sistema de agua potable de una comisaría será precisamente para Santa Gertrudis Copó, con una inversión de más de un millón 500 mil pesos.
Los anuncios del Ayuntamiento no han calmado la incertidumbre en la que se encuentran numerosas vecinas y vecinos de Copó, y aún no cuentan información clara sobre qué se va a hacer con la licitación: ¿sólo dar mantenimiento al cárcamo y la bomba?, ¿sustituir la bomba? “De nada sirve que pongan una bomba más potente si la presión va a romper las tuberías viejas”, observa una vecina.
Al respecto, hay que recordar que Santa Gertrudis Copó es una comunidad maya, registrada en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y que en noviembre del año pasado se constituyó el Consejo protector de la comunidad, una organización indígena integrada por diez representantes del pueblo y que colabora con la comisaría.
El Ayuntamiento de Mérida está obligado a consultar de manera previa, libre e informada a la comunidad maya de Copó sobre cualquier medida administrativa o legislativa que pueda afectarle, como la licitación sobre el sistema de agua potable.
Esta consulta sería una valiosa oportunidad para escuchar a la población y que ésta participe de manera libre e informada para resolver uno de los problemas más urgentes que está atravesando.—Mérida, Yucatán
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM