Hace unos días se viralizaron en las redes sociales diversas imágenes y memes que daban cuenta de doña Carlota, apodada la “abuelita sicaria”, protagonista de un sonado crimen que la convirtió de villana en heroína en unas horas.
En Mérida también circuló en algunos grupos de redes una imagen de la misma señora, pero con el título de “Las Abuelitas del Arco” en referencia un grupo social de las colonias Vista Alegre y el Fraccionamiento del Arco que expresan su hartazgo por no encontrar justicia en torno al despojo de sus casas por parte de lo que llaman una mafia agraria.
Este mes se cumplen ocho años desde que un grupo de “Abuelitas del Arco” (así se les conoce) iniciaron una lucha por la defensa de sus propiedades en contra de ejidatarios de Chuburná; que encontraron en una deleznable mafia interinstitucional, un método para despojar de propiedades y recursos a más de 200 familias de la zona a través de mapas, peritajes y procedimientos amañados que han sido refutados, una y otra vez antes los tribunales por los vecinos de la zona.
Las pruebas de los ejidatarios son tan refutables e irrisorias, que una de éstas, por ejemplo, afirma que la avenida Yucatán era también la antigua carretera a Conkal, aunque todo Mérida conoce y recuerda que la única salida a Conkal era lo que hoy se conoce como la avenida Correa Rachó. Las “Abuelitas del Arco” lograron demostrar ésta y otras falsedades durante las distintas etapas del juicio.
En marzo de 2021, la magistrada Lilia Ochoa Muñoz exhibió una serie de irregularidades cometidas por los ejidatarios de Chuburná en complicidad con personal de la Procuraduría Agraria y del propio Tribunal. En el texto de su sentencia se indicó que Rebeca Buenfil Méndez, asesora legal de los ejidatarios, fue funcionaria de la Procuraduría y tuvo acceso a información privilegiada que luego usó para sus fines y los de sus clientes. El Tribunal dio vista de estos hechos a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) ante las evidencias de irregularidades y atropellos. Además dio parte al Órgano de Control Interno del Tribunal Superior Agrario ubicado en Ciudad de México, anexando amplia información y los cuadernillos de prueba correspondientes.
Sin embargo, la mafia agraria no se detuvo. Urdió un plan para acusar de presuntos abusos laborales y sexuales al interior del tribunal. Se negaron a cumplir las órdenes de la magistrada e incluso realizaron huelga de brazos caídos, obligando a la magistrada a tener que sacar ella misma las fotocopias y ordenar los expedientes. Tantos intereses afectó que finalmente llegó al exilio forzado tras revelar la corrupción al interior de dicho tribunal con sede en Mérida. (Diario de Yucatán, 8 de enero de 2022).
Tristemente, cabe recordar que en esta maquinación, no faltaron reconocidas activistas yucatecas que, despistadas del verdadero contexto, mordieron el anzuelo y con su presencia contribuyeron a que de nueva cuenta, volvieran dichos vicios en esa institución: prácticas dilatorias, maltrato en los juzgados, presiones para llegar a un arreglo forzado con los ejidatarios.
Durante este lapso ya han fallecido varias abuelitas, se han separado familias por los problemas de salud que les ha producido este juicio ilegal y también varias familias han perdido bienes y cuantiosas sumas de dinero por realizar “convenios” ilegales ante el Ejido de Chuburná aún cuando no eran acreedores de alguna sentencia. Han pasado ya dos gobernadores y más de tres magistrados, dos presidentes de la República además de los cambios registrados en los representantes de dicho Ejido.
Voto
Apenas el año pasado, en pleno proceso electoral, la abogada Buenfil Méndez —la exempleada de la Procuraduría Agraria que se dio el lujo de fungir como actuaria en este juicio— fue exhibida tras en una reunión con ejidatarios de Chuburná diciendo que “Si quieren ejidatarios cobrar sus tierras de Vista Alegre y Arcos, tienen que votar por Morena, es la única manera…”, (Diario de Yucatán, 5 de mayo de 2024)
Como señala la nota en cuestión, no fue una advertencia cualquiera, pues se trató de un condicionamiento de pago a cambio del voto y en presencia de operadores de Morena, a unas horas del debate entre los candidatos a la gubernatura de Yucatán. Por cierto, fue el senador Jorge Carlos Ramírez Marín quien le dio la razón a Buenfil Méndez declarando que tenía razón y minimizando las acusaciones, declaró que eran parte de una “guerra sucia”.
Finalmente la advertencia fue cumplida. Más de 200 familias están recibiendo, desde noviembre pasado, la notificación de una sentencia definitiva que además ordena a la “desocupación, entrega física, jurídica y material de la superficie” y más adelante, la eventual petición y auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario. ¿Puede imaginarse el amable lector una escena en la que la policía desaloje a 200 familias de sus casas?
Cancelación
También se ordena a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y a la oficina de catastro correspondiente, a la cancelación del folio de registro. La “Abuelitas del Arco” que conocen los expedientes, tienen conocimiento de que al concretarse estas medidas, las denuncias de los ejidatarios de Chuburná seguirán extendiéndose a otra franja de la zona, con lo que aumentarían las ganancias ilegales de la llamada mafia agraria.
Con una sentencia tan absurda desaparecerá la vida jurídica de los predios, retornando a ser considerado “tierras de uso común” del Ejido de Chuburná aunque nunca las hayan sido, pues todas las abuelitas adquirieron de buena fe sus propiedades y nunca llevaron al cabo actos de violencia para la obtención de estos predios, pues fueron adquiridos con esfuerzo y en muchos casos con créditos bancarios que fueron pagando por más de 30 años.
Amparos
La violencia legal, económica e institucional en contra de las “Abuelitas del Arco” parece no tener fin: en algunos casos ya se han logrado amparos ante el Tribunal Superior Agrario; sin embargo, todo parece indicar que de concretarse, este sería el primer caso de un grave problema que contradice los preceptos de lo que los partidos llaman hoy “Justicia Social”; pues no habrá predio, negocio o casa que se salve.
Dudamos que las abuelitas se atrevan a emular a doña Carlota; sin embargo, una cosa es cierta: la descomposición social inicia cuando se pierde la seguridad jurídica y patrimonial.
Y en este caso, y por increíble que parezca, conviven al mismo tiempo dos sentencias: la primera favorable a las abuelitas y la segunda, la que las condena. Solo en un país como el nuestro puede ocurrir una aberración jurídica como la aquí expuesta y una serie de políticos y activistas que avalan con sus acciones todo lo contrario de lo que pregonan.— Mérida, Yucatán
ej.cabrera.r@gmail.com
Maestro en Comunicación Corporativa