Durante años, López Obrador dijo que la Cuarta Transformación iba a “rescatar” el petróleo y la generación de energía eléctrica de manos privadas. Que devolvería la rectoría al Estado mexicano. En el sector energético —y particularmente en el negocio del Gas LP— la rectoría lleva el apellido de la familia: López Beltrán.
Desde el año 2021, la Secretaría de Energía impuso un tope de precios al público del Gas LP para proteger la economía familiar. La medida ha puesto contra las cuerdas a empresas privadas que dependen del margen para operar y reinvertir, en un contexto de inflación, inseguridad y competencia desleal tanto de los criminales (huachicol) como del propio gobierno (Gas Bienestar, que vende por debajo del costo real y que genera pérdidas multimillonarias que absorbe el presupuesto de todos los mexicanos).
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