CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
En la mayoría de las democracias del mundo, los jueces no se eligen por voto popular, sino mediante métodos colegiados, mixtos o por designación del Ejecutivo con aprobación del Legislativo. El objetivo es preservar la profesionalización e independencia del Poder Judicial. Donde la elección es directa, el resultado ha sido polémico o claramente negativo.
La experiencia en algunas entidades de EE.UU. y en Bolivia demuestra que la elección popular de jueces implica serios riesgos para una justicia imparcial. Se ha comprobado que la verdadera independencia judicial se alcanza blindando a los jueces de presiones políticas y estableciendo un sistema de selección y evaluación meritocrático y transparente.
Esencial para la salud democrática, un Poder Judicial libre garantiza que la ley prevalezca sobre el poder político. Como guardián del Estado de Derecho, asegura que nadie esté por encima de la Constitución. Contrapeso del Ejecutivo y del Legislativo, puede suspender actos ilegales del gobierno, frenar leyes inconstitucionales y contener abusos de poder.
En una democracia mandan las mayorías, pero la justicia protege a las minorías. Sin jueces independientes, las decisiones “populares” pueden tornarse tiránicas. Los tribunales son el último recurso frente a la opresión de las mayorías o de los políticos que dicen representarlas. Cuando el Poder Judicial es débil, el camino hacia el despotismo se allana.
Para los regímenes populistas como el que gobierna en México, el Poder Judicial es un límite real a su autoritarismo. De ahí la urgencia por someter a los jueces y magistrados independientes, a quienes se encasilla como parte de una “élite corrupta” que atenta contra el “pueblo”. Se les desacredita sistemáticamente y se busca imponer a incondicionales.
En un clima de creciente polarización, se les acusa de “corruptos, elitistas o cómplices del pasado”, mientras se impulsan reformas orientadas a facilitar nombramientos políticos o elecciones “populares”, lo que implica menores requisitos técnicos para acceder al cargo. El objetivo: controlar el aparato judicial para garantizar impunidad y facilitar la venganza.
El régimen morenista, que desde 2018 no ha cesado en su esfuerzo por eliminar o debilitar los contrapesos democráticos, nos convoca a participar el próximo domingo en una farsa disfrazada de ejercicio democrático. Una farsa que nace de una reforma judicial impuesta mediante supuestas mayorías calificadas, sobornos y la compra de voluntades políticas.
Se invita a los ciudadanos a elegir, en todo México, a 881 funcionarios entre 2,682 aspirantes, en un proceso inédito y complejo, marcado por la opacidad, la inequidad y estrategias más mediáticas que jurídicas. Se propone un modelo de selección que elimina controles institucionales y convierte a la justicia en un terreno más del juego político-electoral.
En la semana que termina, Claudia Sheinbaum insiste en su llamado a elegir a “los que están cerca del pueblo”. La justicia no ha sido pareja en México, argumenta la presidenta: “hay mucha corrupción en el Poder Judicial”. Y tiene razón, como también es cierta la opacidad que prevalece en su administración y en el proceso electoral que se avecina.
VOLUNTAD POPULAR
El obradorato acude de nuevo a la retórica populista. Reitera que la “voluntad popular” es fuente suprema de legitimidad, incluso por encima de normas y equilibrios de poder, y presenta las elecciones judiciales como una expresión de los “oprimidos” frente a las “élites conservadoras”. La desesperación por lograr una votación masiva resulta lógica.
Quienes se oponen a los comicios afirman que el nuevo proceso de selección de jueces socava el Estado de Derecho, ahuyenta la inversión productiva y facilita la infiltración del crimen en el sistema judicial (bit.ly/43ALK6R). Además —se argumenta— no se trata del “pueblo” eligiendo a sus jueces, sino de la élite morenista apropiándose del control de la justicia.
Se cuestiona el millonario gasto para realizar las elecciones —alrededor de $13,000 millones, que podrían destinarse a necesidades más apremiantes— y se duda de la capacidad del electorado para evaluar adecuadamente la preparación jurídica de los candidatos, lo que propiciaría una abstención alta y el voto por simple simpatía o consigna política.
En Yucatán, la farsa se confirma con la proliferación de candidatos surgidos del gobierno de Huacho Díaz y de las filas del “morenista” Marcos Celis Quintal, encargado de la “selección y evaluación” de aspirantes (bit.ly/4kcQ5UM). Además, habría que sumarle el pacto transexenal que protegería a magistrados “vilistas” y encubriría desviaciones que el gobierno se niega a investigar (bit.ly/4jgbcnX).
En ese contexto, cabe preguntarse: ¿debemos salir a votar el 1 de junio? ¿Son genuinas las intenciones democráticas del régimen? ¿Es realmente “el pueblo” quien decidirá? Si la respuesta a las dos últimas preguntas es afirmativa, no lo dudemos: acudamos a las urnas. Al fin y al cabo, la democracia se fortalece con la participación, no con la abstención.
GRAVE RIESGO
Si la respuesta es negativa, mucho cuidado: al votar podríamos legitimar una reforma que debilita la justicia. Avalaríamos un sistema que amenaza el Estado de Derecho. Nuestra participación otorgaría al obradorato una “legitimidad vía votos”, justo lo que más necesita el populismo autoritario. No participar sería, entonces, una forma legítima de protesta.
También podríamos participar y anular el voto como señal de rechazo, aunque está demostrado que el impacto de esa opción es limitado. La elección busca dar un barniz democrático a lo que, en realidad, es una toma de control del Poder Judicial. Es cierto que la abstención podría favorecer al régimen, pero no hay duda: participar es legitimar el proceso.
La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para todos los ciudadanos frente al tirano. Permitir el control obradorista total podría ser el paso definitivo para eliminar los contrapesos democráticos institucionales. En ese sentido, sugerimos no avalar con nuestra participación este nuevo golpe a la frágil democracia mexicana.
Abstenerse podría ser una forma clara de expresar inconformidad ante el autoritarismo que se fortalece en el país. No participemos en la farsa, pero sigamos luchando —cada quien desde su trinchera— por construir, mediante el consenso, un sistema de selección y evaluación meritocrático que frene la corrupción y mejore la impartición de justicia.
Antes de decidir, preguntémonos: ¿al votar ayudamos a fortalecer la independencia judicial o legitimamos la consolidación de un proyecto que busca perpetuarse en el poder? No olvidemos que el Poder Judicial puede ser la última línea de defensa frente al avance autoritario. Sin justicia independiente no hay democracia, hay postración y obediencia.- Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)