La primera gran lección que debe derivarse de la primera elección judicial que —insisto— fue un éxito con sordina es la necesidad de mover de fecha la segunda elección, prevista para 2027, porque resultaría un despropósito pretender que el ciudadano simultáneamente elija diputados federales, gobernadores, ayuntamientos y diputados locales y, además, magistrados y jueces federales, electorales, regionales y estatales.
Ello porque, además de la elección federal de diputados, habrá comicios locales ordinarios en los 32 estados: se elegirán 16 gobernadores y cientos de diputados locales y munícipes. Si a eso se le agregan seis cargos judiciales federales y locales, se pondrá en aprietos al electorado.
Cierto que los juzgadores locales no serán elegidos en todos los estados, pero eso no es consuelo, porque donde sí haya comicios judiciales, es fácil prever que muchos votantes se abstendrán de sufragar por cargos judiciales, como ya ocurrió en Durango y Veracruz.
Lo segundo que debería corregirse de inmediato es la antinomia que, con gran irresponsabilidad, dejaron pasar 500 diputados y 128 senadores, sobre la presidencia de la Suprema Corte, pues en el artículo 97 de la Constitución se dispone que quien presida la Corte será elegido por la mayoría del pleno, y en el artículo 94 se establece que presidirá la Corte quien obtenga el mayor número de votos.
Cuesta trabajo entender cómo fue posible que tal cosa ocurriera en el Congreso de la Unión. Y resulta inexplicable también que a la iniciativa presentada por el diputado Leonel Godoy, para corregir la antinomia, no se le hubiera dado trámite exprés.
De cara a la escasa concurrencia de votantes en la primera elección judicial, también debería revisarse la pertinencia de persistir en el escogimiento de todos los juzgadores por la vía electoral. Habría que revisitar el desechado proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien proponía elegir en las urnas los cargos de índole nacional, pero no a magistrados de circuito y jueces de distrito. Ya sé que don Juan Luis no es grato a los morenistas, pero a la luz de la escasa votación reciente, ¿por qué no admitir que la complejidad de la elección fue un fuerte disuasivo para votar, y actuar en consecuencia?
Respecto de los vilipendiados acordeones, conviene admitir que son necesarios, pero para evitar suspicacias fundadas, convendría exigir, al menos, dos o tres propuestas para cada puesto que apareciera en el acordeón de difusión masiva.
Además, declarar delito electoral la difusión de listas que no cumplieran con ese requisito y exigir su persecución a las poco útiles fiscalías electorales federal y locales.
Sin ánimo de exhaustividad sobre las lecciones de la elección judicial, también debería estudiarse la conveniencia de dar algún tipo de financiamiento público a los candidatos a juzgadores, para que su patrimonio no sea severamente afectado —como ocurrió este año— por buscar un puesto de servicio púbico.
Los que no llegaron. A la Suprema Corte, al Tribunal de Disciplina Judicial y a la mayoría de las demás instancias juzgadoras llegaron perfiles de alto nivel, aunque —inevitablemente— hay algunos de dudosa idoneidad.
Quedaron fuera, sin embargo, juristas de alto perfil que recibieron votación elevada y por ello deberían tener pase automático a la postulación en futuras elecciones, si lo desean. Un buen ejemplo —no el único— es el de Federico Anaya, a quien no conozco personalmente, pero posee sobrada idoneidad para ocupar un lugar en la Corte. No es solo opinión mía. Cuando estaba en la revisión de decenas de perfiles para ministros, recibí una primera buena opinión, a la que siguieron otras tres. Las cuatro, sin nexos entre sí, fueron coincidentes en la idoneidad del personaje y, curioso, las cuatro por distintos motivos, incluido uno sobre las luchas universitarias en que participó e incluso encabezó en la Facultad de Derecho de la UNAM.
Por su parte, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no llegaron los mejores perfiles. Los más idóneos, con trayectoria que garantizaba un óptimo desempeño, son Gabriela Del Valle, magistrada de la Sala Guadalajara del propio TEPJF, y Rubén Lara Patrón, magistrado de la Sala Especializada del propio Tribunal.
Por supuesto, a las magistradas(os) que sí llegaron a las Salas Superior y regionales les es exigible un desempeño imparcial con bases jurídicas sólidas y sin sumisión a quienes los arroparon, trátese de magistrados, legisladores o líderes partidarios.
Del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial cabe esperar un desempeño mucho mejor que el del Consejo de la Judicatura, cuya actuación estuvo lejos de ser satisfactoria en materia disciplinaria. Un dato para sustentar esta afirmación: en 2023 el CJF atendió 391 denuncias por corrupción y nepotismo, pero —hasta donde se sabe— ninguna de ellas derivó en resolución sancionatoria.— Ciudad de México.
@EduardoRHuchim
Periodista
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