CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
Acabar con la corrupción y la impunidad que la sostiene fue una de las grandes promesas de campaña en 2018, en los albores del obradorato. Se nos decía que había que combatir con ferocidad ese cáncer social, enquistado en la vida pública de México por culpa de “los perversos intereses de los gobiernos neoliberales”. En 2024 volvieron a prometer exactamente lo mismo.
El expresidente López Obrador sostenía que la corrupción y la impunidad eran males estructurales que debían erradicarse para transformar al país. A su juicio, eran la principal causa de la desigualdad, la inseguridad y la crisis económica nacional, por lo que prometió combatirlas con rigor mediante una combinación de austeridad, controles internos y sanciones estrictas.
A siete años de distancia, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue ofreciendo “cero tolerancia a la corrupción”, pero ahora exige “pruebas” para proceder contra los supuestos corruptos. “No basta con declaraciones sin respaldo; se necesitan denuncias formales y evidencias para investigar y actuar legalmente”, se justifica. La narrativa persiste, pero los hechos no la respaldan.
La corrupción extendida en megaproyectos, la militarización de obras públicas envueltas en opacidad y el escandaloso uso político de los programas asistenciales han sido la constante. En algunos casos se actúa contra funcionarios menores —nunca contra los de alto nivel—, mientras que la norma sigue siendo la complicidad entre empresarios y políticos encumbrados.
El obradorismo ha acumulado varios de los casos de corrupción más costosos de la historia moderna de México y la impunidad ha prevalecido tanto en esos escándalos como en muchos otros del pasado que prometieron esclarecer. De la Estafa Maestra a Segalmex, de la “Casa Blanca” al derroche de la familia López Obrador, la lista es larga y las cuentas siguen pendientes.
Se fabrican distracciones para desviar la atención. Los casos se acumulan, pero la maquinaria propagandista se activa una y otra vez para manipular al “pueblo”, encandilado con el clientelismo. El feroz combate a la corrupción persiste, pero solo en el discurso. La impunidad ha sido pieza clave para mantener el poder, de ahí la destrucción sistemática de los contrapesos.
Al cierre de 2025, sigue siendo uno de los grandes pendientes. A los casos de corrupción no resueltos, como el de Odebrecht —relacionado con Pemex y políticos del pasado—, se suman este año los escándalos del huachicol fiscal y el contrabando de combustible, “La Barredora” y el senador Adán Augusto López, así como el descarado derroche de influyentes morenistas.
En un valioso ejercicio de investigación, el Anuario de la Corrupción 2025 documentó más de cincuenta casos relevantes en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Destacan por su impacto los de Segalmex y Birmex, impunes desfalcos que superan los 35,000 millones de pesos y rebasan por mucho los 7,600 millones del escándalo “neoliberal” de la Estafa Maestra.
PRENSA LIBRE
Gracias a la prensa independiente, y pese a la manipulación propagandística, supimos este año de las multimillonarias pérdidas del fisco por el huachicol fiscal y de la opacidad en los sobrecostos y las asignaciones directas del improductivo Tren Maya. El gobierno no pudo seguir ocultando el pretexto de “razones de seguridad nacional” para justificar la falta de transparencia.
Nos enteramos también de la tragedia de los miles de desaparecidos en el país, del turbio caso Teuchitlán y de la corrupción en el Fonden tras las inundaciones en Veracruz. El régimen tampoco pudo impedir que los mejor informados conocieran la razón del aumento de la deuda pública para financiar el clientelismo, ni la expansión, cada vez más evidente, de la narcopolítica.
En Yucatán, por la prensa libre se conocieron las denuncias de colonos de Mérida, Umán y Kanasín sobre los impunes desvíos en fraccionamientos financiados por el Infonavit (bit.ly/44KnjVP), así como los sobrecostos en las obras de bacheo del gobierno estatal en la capital. Supimos también de los millonarios desvíos de la Sedena en el nuevo hospital O’Horán y del derroche asistencialista.
Sin la denuncia ciudadana, no tendríamos presente el silencio cómplice del gobernador Joaquín Díaz Mena ante las reiteradas acusaciones contra los morenistas Roger Aguilar, Carlos Moreno y Rogerio Castro. Tampoco sería noticia el encumbramiento del gobierno paralelo que encabezan el constructor Mario Millet Encalada, el “rey de los moches”, y su corte de secuaces.
El régimen necesita de la impunidad para sobrevivir. Sin organismos de contrapeso, sin prensa crítica, sin fiscalías autónomas y sin una ciudadanía exigente, los abusos se vuelven parte del paisaje: se normalizan y la sociedad empieza a aceptarlos con resignación. Todo se justifica porque esas arbitrariedades se presentan como expresiones de la “voluntad popular”.
Al cerrar 2025, cabría preguntarse: ¿debemos aceptar sin reparo la manipulación obradorista que presenta como una lucha férrea contra la corrupción esa impunidad creciente que ya impacta la economía nacional, hoy estancada, y erosiona la certeza indispensable para fomentar la inversión productiva? La corrupción avanza porque no hay equilibrio frente al autoritarismo.
Que no nos engañen: los mexicanos libres podemos ponerle freno a la impunidad. El año termina cargado de escándalos de corrupción que el régimen se esmera en ocultar, confiado en el apoyo clientelista que aún lo sostiene, pero de nosotros depende que así continúe. Fortalecer los contrapesos democráticos sería un buen propósito para 2026.— Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx(https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia
¿Cuál es el mensaje del texto?
El mensaje central del escrito es que la corrupción y, sobre todo, la impunidad se han convertido en el sello del obradorismo, pese a años de promesas reiteradas de combatirlas con rigor. El texto sostiene que el régimen necesita de la impunidad para mantenerse en el poder, por lo que ha debilitado los contrapesos, subordinado las instituciones y utilizado la propaganda para encubrir abusos y justificar arbitrariedades como si fueran expresiones de la “voluntad popular”.
Además, subraya que la ciudadanía informada y la prensa independiente son las únicas barreras que aún revelan los desfalcos, excesos y complicidades, tanto a nivel nacional como en Yucatán. Sin esa vigilancia social, el gobierno habría logrado ocultar la gravedad del deterioro institucional.
Finalmente, el texto plantea una exhortación: solo una ciudadanía exigente y activa puede frenar la normalización de la impunidad, fortaleciendo los contrapesos democráticos y dejando claro que el poder no puede permanecer sin rendición de cuentas.