Rodrigo Llanes Salazar (*)
La intervención militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro ha sido calificada como un “precedente peligroso” por diversas autoridades y especialistas. Por ejemplo, en un comunicado oficial, Antonio Guterres, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que “el ataque militar estadounidense sienta un precedente peligroso”.
¿Cuál es el peligro al que puede preceder el ataque militar? El comunicado de la ONU hace referencias a que el acontecimiento “podría tener repercusiones preocupantes para la región” y que, más allá de la situación de Venezuela, preocupa que no se respeten las normas del derecho internacional.
Respecto a las repercusiones en la región, Lula da Silva, presidente de Brasil, declaró que “los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente son inaceptables”, que “sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional” y que “evoca los peores momentos de injerencia en la política de América Latina y el Caribe”. La principal preocupación es el inicio de una nueva etapa de intervenciones estadounidenses en América Latina.
En este sentido, la intervención militar en Venezuela no parece ser un caso aislado y excepcional, sino la punta de lanza de la nueva estrategia de seguridad nacional que publicó el gobierno de Donald Trump el pasado mes de diciembre. En contraste con las administraciones norteamericanas previas, la nueva estrategia de seguridad enfatiza que la nueva prioridad será el continente americano y no Medio Oriente. El documento expresa abiertamente que se retomará la doctrina Monroe para “restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio occidental”. De hecho, la estrategia se refiere al “coroloario Trump” de la doctrina Monroe, por lo que algunos analistas se han referido a dicha posición como la “doctrina Donroe”.
Hay cuatro elementos centrales en la nueva estrategia de seguridad nacional o la doctrina Donroe: 1. “impedir y desalentar la migración masiva a Estados Unidos”; 2. Combate a “los narcoterroristas, los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales”; 3. Que el hemisferio occidental “se mantenga libre de incursiones hostiles extranjeras y de posesión foránea de activos clave”; y 4. “garantizar el acceso continuo a localizaciones estratégicas clave”.
En mayor o menor medida, los cuatro elementos de la doctrina Donroe aparecen como justificaciones para la intervención militar en Venezuela, país del que han emigrado alrededor de 8 millones de personas. El documento de acusación de la fiscalía general de Estados Unidos imputa a Maduro por cuatro presuntos delitos: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Asimismo, Trump ha expresado abiertamente que empresas petroleras estadounidenses “invertirán miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera” y que así recuperarán el petróleo que, según Trump, le ha sido robado a los estadounidenses, sobre todo a partir de que, en 2007, el estado venezolano se hizo del control mayoritario de la producción petrolera, lo que provocó acciones legales por parte de ConocoPhillips y ExxonMobil, ambas con sede en Estados Unidos.
Y, desde luego, a Estados Unidos le interesa que los países latinoamericanos (o del Hemisferio occidental) se mantengan libres de la influencia china, país que ha realizado millonarias inversiones en infraestructura en la región en los últimos años.
Algunos de los elementos de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos han sido empleados en las amenazas del país norteamericano a la imposición de aranceles a México y otros países. A nuestro país se le reprocha, sobre todo, que el gobierno no ha hecho lo suficiente para frenar la migración o el tráfico de drogas, particularmente de fentanilo, y que el país es controlado por organizaciones criminales y no por la presidenta Claudia Sheinbaum. Amenazas similares ha hecho a Colombia, Brasil y otros países no alineados con el gobierno de Trump. Por otra parte, bajo la doctrina Donroe, Estados Unidos ha injerido electoralmente en Argentina y Estados Unidos.
Además de ser un precedente peligroso para América Latina —sea mediante injerencias electorales o intervenciones militares—, el ataque en Venezuela también preocupa por la violación abierta del derecho internacional. Aquí cabe recordar que a la captura de Maduro le anteceden varios eventos que fueron denunciados por Relatores especiales de las Naciones Unidas por violaciones graves de derechos humanos.
En un comunicado conjunto publicado el pasado 24 de diciembre, los Relatores especiales sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, sobre el derecho al desarrollo y sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, afirmaron que “el bloqueo marítimo parcial impuesto por Estados Unidos a Venezuela violaría las normas fundamentales del derecho internacional”. Este bloqueo, recordaron, “está prohibido por la Carta de las Naciones Unidas”, la cual fue firmada el 26 de junio de 1945 al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas, tras la Segunda Guerra Mundial. La Carta es un instrumento de derecho internacional vinculante para los Estados miembros de la ONU.
Debido a la importancia de la Carta de las Naciones Unidas, el gobierno de México ha citado explícitamente dicho documento en un comunicado, en el que se señala la “clara violación del artículo 2 de la Carta”, cuyo principio 4 establece que “los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.
El bloqueo marítimo, señalan los Relatores de la ONU, también puede considerarse como “agresión armada ilegal”, que es “un crimen sujeto a jurisdicción universal, lo que faculta a todos los Estados a enjuiciarlo”, que se cometieron al menos 104 asesinatos arbitrarios, ya que “ninguno de los ejecutados representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal”, que los asesinatos deben investigarse y los responsables deben ser enjuiciados. Así, la captura de Maduro se suma a un cúmulo de graves violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas norteamericanas, ordenadas por Donald Trump, sin autorización del Congreso de Estados Unidos.
Así, una de las preocupaciones es que otros Estados puedan actuar violando abiertamente las normas del derecho internacional sin mayores repercusiones (Israel en Gaza, Rusia en Ucrania, China en Taiwán…).
También preocupa que los organismos internacionales (el Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, entre otras) se encuentren severamente limitados para actuar ante estas graves violaciones de derechos humanos. Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal Internacional y ha impuesto sanciones a funcionarios de dicho tribunal por investigar crímenes de guerra en Palestina.
Por otra parte, aunque Estados Unidos es miembro de la ONU y parte de la Corte Internacional de Justicia (principal órgano judicial de la ONU), se retiró de la jurisdicción obligatoria de dicho tribunal en 1986, por lo que no puede ser demandado de manera general sin su consentimiento previo. Asimismo, hay cuestiones de interpretación de cada país que ameritan una discusión más detallada. Por ejemplo, Estados Unidos ya no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, por lo que, desde su perspectiva, no se capturó a un mandatario, sino a un presunto criminal.
Queda la pregunta de si los Estados miembros y la Asamblea General de la ONU tendrán la voluntad política para someter una disputa en contra de Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia o solicitar una opinión consultiva (aunque ésta no sea vinculante). En este sentido, los pronunciamientos de los Estados, las instituciones, universidades, organizaciones y colectivos de América Latina y de todo el mundo son fundamentales para condenar la intervención militar del gobierno de Trump, las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional, y de solidaridad con el pueblo de Venezuela y su soberanía.
Como ciudadanía, tampoco podemos sentar el peligroso precedente de mantenernos indiferentes ante este acto de tiranía.— Mérida, Yucatán
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM