Solo puede haber prosperidad compartida ahí donde se genera riqueza. Esta premisa explica por qué los múltiples experimentos socialistas han fracasado alrededor del mundo. Sin embargo, el modelo hípercapitalista mal entendido crea desigualdad extrema porque la riqueza generada se concentra en muy pocas personas mientras la mayoría vive en condiciones precarias.
Para que haya desarrollo se requiere crecimiento económico. El mejor modo de conseguirlo es que gobierno, sector privado, instituciones y ciudadanía entiendan cuál es el papel que les toca desempeñar en este sentido. La prosperidad no es producto de la casualidad, sino que exige de compromiso, responsabilidad y visión.
El gobierno tiene el deber de garantizar las condiciones para que haya crecimiento y producción de riqueza. Sin seguridad pública, infraestructura, energía, ni certeza jurídica difícilmente habrá inversión de capital privado para detonar el crecimiento económico y el desarrollo.
Los apoyos sociales son importantes, aunque fungen como mero paliativo, pues no solucionan el problema de fondo sino que se limitan a aliviar algunas expresiones de la pobreza. Por tanto, el gobierno, a la par de los programas sociales debiera impulsar un entorno propicio para la creación de empresas y la inversión privada. La economía de desarrollo —y no la economía de paliativos— es la que verdaderamente produce riqueza y bienestar general.
En cambio, cuando el gobierno entorpece la actividad empresarial y desincentiva la inversión privada, desde luego, la economía lo resiente. Obstáculos como saturación de regulaciones, lentitud de trámites burocráticos, carga de impuestos excesiva e incluso corrupción son un lastre para la agenda de crecimiento económico y prosperidad colectiva.
El peligro es latente: si la inversión privada cae y la producción económica se estanca o decrece, ello se traduce en desempleo, cierre de negocios y disminución de consumo. Como consecuencia, la recaudación fiscal se ve afectada y el gobierno dispone de menos recursos para realizar sus funciones —por ejemplo, dar apoyos sociales.
La inversión pública en infraestructura es fundamental, pero las obras deben ser vistas como un medio para producir valor económico y no como un fin en sí mismas. La construcción de una carretera o un tren pueden crear puestos de trabajo, no obstante, una vez concluidas las obras los empleos se perderán por su naturaleza temporal.
El gobierno precisa de gente para realizar sus funciones por lo que la fuerza laboral del sector público es significativa. Ahora bien, las empresas privadas son las que generan la mayor parte de los empleos en cualquier país. Que el gobierno se asuma preponderantemente como empleador es un error de enfoque, cuando su objetivo debiera ser brindarle facilidades e incentivos a la iniciativa privada para invertir y crear puestos de trabajo.
Es cierto que la generación de empleos será insuficiente cuando los sueldos sean tan bajos que no permitan acceder a derechos básicos como alimentación, vivienda, transporte, educación y salud. Esta es una realidad en el presente para millones de personas.
Mientras en los países desarrollados el ingreso de un trabajador promedio siga superando hasta diez veces el ingreso de un trabajador promedio en los países en desarrollo, no podremos aspirar a la prosperidad y bienestar generalizado.
Los recursos públicos del erario deben destinarse a estrategias y políticas públicas que deriven en bien común. El gobierno ha invertido miles de millones en el pasado para rescatar a la banca privada ante los riesgos de una crisis financiera. También se han dirigido, en épocas más recientes, fondos del presupuesto gubernamental a megaproyectos cuya efectividad está por comprobarse.
En muchos países se cuenta con un seguro de desempleo que entrega dinero a quienes pierden su puesto de trabajo durante un período determinado. Podríamos incluso, en un salto de audacia, pensar en la creación de un fondo de la administración pública para subsidiar parcialmente los salarios de los trabajadores.
La medida buscaría que los ingresos de los empleados fuesen menos desiguales que aquellos de sus pares en países desarrollados. Y claro, esta política pública no solo mejoraría la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, sino que tendría un efecto expansivo.
El poder adquisitivo aumentaría y con ello el consumo, beneficiando a las empresas privadas con el incremento de ingresos. La activación económica crearía nuevas empresas y empleos mejor pagados. Por su parte, el gobierno también recaudaría más como resultado y así dispondría de mayores recursos para realizar sus funciones
Desde luego, dicha política pública tendría un carácter temporal y estaría respaldada por un plan con reglas de operación bien definidas. Parte del programa consistiría en subsidiar las cuotas de seguridad social, al menos de manera parcial, ya que en la actualidad representan un gasto oneroso, que perjudica principalmente a las micro y pequeñas empresas.
Varias naciones han tenido ascensos económicos acelerados tras tomar decisiones políticas acertadas. Ningún país está condenado a la pobreza y la desigualdad. Como el futuro no es lo que va a pasar sino lo que vamos a hacer, siempre es posible elegir un nuevo rumbo para comenzar a construir un mejor panorama.
La prosperidad compartida no se logra con discursos ni promesas vacías. El desarrollo exige de acciones conjuntas por parte de los distintos actores de la sociedad. Gobierno, empresariado, academia, sociedad civil y ciudadanía son los pilares que sostienen el presente de oportunidades y el futuro de optimismo en cualquier país.— Mérida, Yucatán
Licenciado en Derecho, maestro en Administración, doctor en Gobierno