La impunidad es la falta de castigo, sanción o consecuencias legales para quien ha cometido un delito, una falta o una violación a los derechos humanos. No se trata solamente de que un delincuente quede libre; significa también que una víctima puede quedarse sin verdad, sin justicia y sin reparación del daño.
En México, la impunidad constituye uno de los grandes desafíos para el Estado de derecho. De acuerdo con la Radiografía de la Impunidad en México 2024, elaborada por México Evalúa, la impunidad alcanzó 89.42 por ciento. Esto significa que apenas una proporción reducida de los delitos llega a obtener una respuesta efectiva del sistema de justicia penal.
Las causas son diversas. Una de las principales es la falta de investigación. Cuando las autoridades no reúnen pruebas suficientes, no identifican a los responsables o no integran adecuadamente los expedientes, las posibilidades de que un caso llegue a una sentencia disminuyen considerablemente. En ocasiones, además, quienes cometen delitos actúan dentro de redes de complicidad que les permiten protegerse entre ellos.
A esto se suman las limitaciones de policías, fiscalías y tribunales: falta de recursos, capacitación insuficiente y, en determinados casos, problemas relacionados con su autonomía e independencia. Una justicia que carece de herramientas para investigar difícilmente puede ofrecer resultados satisfactorios.
La impunidad también puede caminar de la mano con la corrupción. El abuso de poder, los sobornos y las influencias pueden convertirse en mecanismos para evadir la acción de la justicia. Cuando un funcionario público participa en actos de corrupción o colusión con la delincuencia y no recibe consecuencias, el mensaje para la sociedad resulta especialmente grave: que las leyes pueden ser distintas dependiendo de quién las infrinja.
Las consecuencias no son menores. La primera víctima es quien sufrió el delito, porque puede quedar en la indefensión y sin reparación. Pero el daño alcanza a toda la sociedad. Cuando no existe castigo, se genera un ambiente en el que los actos ilegales pueden repetirse. Y cuando la ciudadanía observa que denunciar aparentemente no produce resultados, puede optar por no acudir a las instituciones.
México Evalúa ha señalado la importancia de atender también la llamada cifra oculta, es decir, los delitos que no llegan a conocimiento de las autoridades. Mejorar los mecanismos de denuncia y facilitar el acceso a la justicia resulta indispensable para conocer con mayor precisión la dimensión del problema.
Puerta de salida
Combatir la impunidad exige fortalecer las fiscalías y las instituciones de justicia, garantizar una auténtica autonomía institucional y mejorar los métodos de investigación científica del Ministerio Público. Los expedientes deficientes no deben convertirse en la puerta de salida de quienes cometieron un delito.
También debe sancionarse la corrupción y la colusión de servidores públicos con la delincuencia, en los ámbitos municipal, estatal y federal. La ley debe aplicarse sin privilegios y con pleno respeto al debido proceso.
Otro elemento fundamental es el gobierno abierto: facilitar el acceso a la información pública, fiscalizar el uso de los recursos y transparentar las contrataciones del Estado. Asimismo, quienes denuncian delitos o actos de corrupción deben contar con condiciones adecuadas de seguridad jurídica y física.
Finalmente, necesitamos fortalecer la cultura de la legalidad. La ciudadanía debe conocer los mecanismos de denuncia y las instituciones deben ser evaluadas mediante indicadores claros sobre investigación, judicialización y resolución de casos, y no solamente por la disminución aparente de los delitos reportados.
La sociedad está cansada de la impunidad. Existe un evidente hartazgo cuando las instituciones no responden y, particularmente, cuando quienes deberían servir al ciudadano aparecen involucrados en actos ilícitos sin consecuencias.
La impunidad no es un problema que pueda ignorarse indefinidamente. Debilita las instituciones, lastima a las víctimas y erosiona la confianza pública. Por eso debemos entenderla como lo que realmente es: una bomba de tiempo que amenaza la convivencia social y la credibilidad del Estado de derecho.— Mérida, Yucatán
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@mariomaldonadoe
Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa