LOS ÁNGELES (EFE).— Google acordó pagar 68 millones de dólares para resolver una demanda colectiva en California en la que los usuarios de dispositivos inteligentes alegan que su asistente de voz grababa secretamente sus conversaciones violando la privacidad.
El acuerdo, que necesita aún la aprobación de un juez, fue presentado la semana pasada en un tribunal federal de San José (California).
El gigante tecnológico fue acusado de grabar y difundir ilegalmente conversaciones privadas recogidas a través de Google Assistant.
La demanda alega que esa herramienta se activó y grabó las comunicaciones del usuario incluso sin que este lo hubiera activado intencionadamente con las frases claves como “Hey Google” u “Okay Google”, o cuando se presiona manualmente un botón del dispositivo, sea teléfono inteligente, computadora portátil, tableta, reproductor multimedia, auriculares inalámbricos o asistentes virtuales de Google, que permiten la grabación.
En la querella legal los usuarios afirmaron haber recibido anuncios personalizados basados en lo que habían conversado recientemente.
Google Assistant supuestamente grabó conversaciones sobre asuntos financieros, datos personales y asuntos laborales, entre otros temas.
Demandas contra Google y otras empresas por no respetar privacidad
Las gigantes tecnológicas han enfrentado varias demandas de usuarios que alegan que sus dispositivos los espían.
El año pasado Google acordó pagar cerca de 1,400 millones de dólares al estado de Texas para resolver varias demandas sobre rastreo ilegal de la ubicación de las personas.
En 2021, Apple pagó 95 millones de dólares para resolver las demandas que alegaban que su asistente de voz, Siri, había grabado conversaciones sin la autorización de los usuarios.
Google, propiedad de Alphabet, no se ha pronunciado sobre el actual acuerdo.
Abrirá su sistema a competidores
Por otro lado, la Comisión Europea obligó ayer a Google a abrir el sistema operativo Android a competidores que quieren ofrecer servicios de inteligencia artificial en los dispositivos móviles y fomentar la libre competencia entre motores de búsqueda.
En el marco de la ley de mercados digitales, que establece la libre competencia entre las grandes empresas de internet, la CE dio seis meses a la compañía para cumplir la normativa y, si no lo hace, podría abrirle un expediente en el futuro.
Bruselas quiere que Google dé a sus competidores el mismo acceso a las funciones que su sistema de inteligencia artificial Gemini ofrece a los usuarios en los dispositivos Android.
Esto “con el objetivo de garantizar que proveedores externos tengan las mismas oportunidades de innovar y competir en el cambiante panorama de la IA”, según un comunicado.
El Ejecutivo comunitario también forzó a Google a que los proveedores de motores de búsqueda alternativos cuenten con acceso “en condiciones justas, razonables y no discriminatorias” a los datos “anonimizados” de clasificación, consultas y visualizaciones que posee Google Search.
El objetivo es que el resto de motores de búsqueda tengan acceso a estos datos para “optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas genuinas a las búsqueda de Google”, también mediante los chats de inteligencia artificial.
“Las herramientas de inteligencia artificial están transformando la forma en que buscamos y recibimos información en línea en nuestros teléfonos inteligentes, e incluso cómo interactuamos con nuestros dispositivos. Esto crea nuevas oportunidades. Queremos maximizar el potencial y los beneficios de este profundo cambio tecnológico, garantizando unas mismas reglas del juego”.
Así lo dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea, encargada de la política de competencia, Teresa Ribera.
En los próximos tres meses, Bruselas trasladará a Google las medidas que debe llevar al cabo para cumplir con la DMA y, una vez lo haga, la compañía tendrá la oportunidad de ofrecer remedios alternativos a la propuesta de la Comisión.
Si aún así, la Comisión considera que Google continúa incumpliendo la normativa, podría abrirle un expediente en el futuro, en un mínimo de seis meses, que en último término podría culminar en una multa.
Cookies, ilegales
Declaran ilegales las cookies de Microsoft que rastrean a menores sin consentimiento.
Una denuncia
El fallo surge tras la denuncia en Europa de una estudiante que acusó a Microsoft de instalar cookies sin informar ni obtener autorización válida.
Decisión administrativa
La Autoridad de Protección de Datos dio cuatro semanas a Microsoft para cesar el rastreo o conseguir consentimiento expreso del menor afectado; expertos señalan que rastrear menores vulnera la legislación europea.