BARCELONA, España. (EFE).- La Fiscalía de Cataluña presentó hoy una querella por desobediencia contra el presidente regional catalán, Quim Torra, al que acusa de desoír la orden de retirar de edificios institucionales símbolos y pancartas de apoyo a los políticos soberanistas presos.
La Junta Electoral Central (JEC) española dio el 18 de marzo un ultimátum al independentista Torra para retirar esos símbolos, después de que el partido Ciudadanos (liberales) presentase una queja por entender que son “partidistas” y rompen la neutralidad de las instituciones públicas con vistas a las elecciones generales del 28 de abril en España.
Lazo por lazo
Torra se resistió inicialmente y anunció que seguiría las recomendaciones del defensor del pueblo de Cataluña sobre el asunto. El jueves pasado sustituyó la pancarta con un lazo amarillo a favor de los políticos presos de la sede del gobierno catalán por otra con el mismo mensaje, pero con un lazo blanco con una franja roja.
Ello motivó una nueva resolución de la JEC, que acordó llevar el caso a la Fiscalía, ordenar a la Policía retirar esos símbolos y abrir un expediente sancionador al presidente catalán.
Torra no cumple la orden de la JEC
Según la querella, Torra desatendió “reiteradamente” las órdenes de la JEC cuando mantuvo la simbología “partidista“, lo que en opinión de la Fiscalía reviste “especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía, que debe ser tutelado y preservado.”
“Aunque fuera de manera encubierta o simbólica“, Torra mantuvo los “elementos objeto del requerimiento” en edificios del gobierno autonómico catalán, representativa únicamente de los postulados de una parte de la sociedad“, dice la Fiscalía en alusión a los independentistas.
La querella se presentó en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que deberá decidir si la investiga.
Juicio a independentistas
El Tribunal Supremo español juzga desde el 12 de febrero pasado a doce líderes soberanistas catalanes -varios en prisión provisional- por la convocatoria y organización de un referéndum ilegal de “autodeterminación” el 1 de octubre de 2017 y una declaración parlamentaria inconstitucional posterior a favor de la independencia unilateral de Cataluña.