Líderes de 18 ejidos durante la rueda de prensa en el patio de la exFacultad de Antropología de la Uady

Respaldan labor para evitar casos de especulación

Directivos de 18 ejidos acordaron ayer que defenderán a las actuales autoridades de la Procuraduría Agraria (PA) en Yucatán porque, según ellos, realizan un trabajo apegado a la ley del ramo, educan a los campesinos para que valoren sus tierras y no las vendan a los empresarios especuladores.

Este grupo ejidal es contrario a los campesinos que tienen bloqueado y secuestrado el edificio de la Procuraduría de la calle 66 con 59 del Centro, y defendieron públicamente a Alfredo Ramírez Gómez, enlace de la PA con las oficinas centrales de esta dependencia.

Esto porque aquél ha iniciado una labor informativa en los ejidos yucatecos para que los campesinos no vendan las pocas tierras que le quedan.

Durante una rueda de prensa en el patio de la ex Facultad de Antropología de la Uady, el presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido de Ixil, Cecilio Cisneros Rivero, leyó un escrito en el cual reveló que los visitadores agrarios de la PA están al servicio de los operadores de los empresarios que compran tierras en Yucatán.

A su decir, como la actuación seria, responsable y apegada a la ley de Ramírez Gómez les molesta porque afecta los intereses, tanto de los especuladores como de los comisarios corruptos, entonces no quieren que la PA investigue las operaciones y anule las asambleas irregulares con las cuales vendieron miles de hectáreas de los ejidos.

Cisneros Rivero dijo que los empresarios especuladores y sus operadores se aprovechan de la ignorancia de los campesinos, de las necesidades de dinero y les venden la idea de que sus tierras son improductivas, que no valen y las compran a precios bajos.

Cuando ellos las revenden obtienen ganancias millonarias, dijo. Incluso, como lo pagan por abonos los ejidatarios ni ven su dinero.

“Los empresarios ganan más del mil por ciento a nuestras tierras”, señaló. “Antes de diciembre de 2018 los visitadores participaban en los despojos realizando actas amañadas cuando los empresarios no lograban comprar las tierras”.

“Hoy el problema agrario de Yucatán ya está rebasado y hay muchos latifundistas que no pagan impuestos, manejan dinero en efectivo de procedencia dudosa y hacen negocios millonarios a costa del campesino”.

Luego desplegó una cartulina con 40 nombres de personas que no son originarias de Ixil y que fueron incluidas como ejidatarios, prueba de la mala actuación de los funcionarios que manejaban la PA en el estado porque lo permitieron y avalaron.

Se mencionó a Ignacio Álvarez Ruiz Galindo e Iván Medina Gallegos, del extinto Distrito Federal; Jorge Eduardo Eichelman Muela, de Tamaulipas; Alberto Gibran Lavalle Cervantes, de Veracruz; Andrés Vidal Trespalacios, de Puebla, y Julio César López, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

También a Bárbara Edith Sansores Barreda, de Cheverly, Maryland (Estados Unidos); Iván José Guerrero Martínez, de Ciudad Lerdo, Durango; César Alejandro Tapia Sandoval, de Guadalajara, entre otros “campesinos” que viven en otras entidades federativas.

Más señalados

El comisario ejidal de Texán y Anexas, Rodolfo Koyoc Chuc, mostró un oficio en el que aparecen los nombres de los empresarios dedicados a la compra de tierras ejidales y que se incrustan como ejidatarios avecindados sin vivir en el lugar.

Se destacó el nombre del empresario Carlos Abraham Mafud, quien aparece en varios ejidos, y Juan Carlos Briceño González que increíblemente es ejidatario en 10 núcleos ejidales del estado.

Otros empresarios son Gerardo Abraham Goff, Pedro Alfonso Dzib Catzim, Mauricio y Rodrigo Montalvo Vales, Ricardo José Hadad Musi, María de Lourdes Nader Harp, Tatiana María Farah Tello y Miguel Ángel Moreno Cárdenas.

Los dirigentes ejidales de Hunucmá, Chocholá, Seyé, Muxupip, Samahil, Lepán, Kinchil y Texán relataron las operaciones de compra venta de terrenos ejidales, las asambleas manipuladas por los directivos ejidales que tienen vínculo con los especuladores y la intervención de los visitadores de la PA en la entidad.

Jorge Alberto Araujo López, de Muxupip, dijo que quienes promovieron la toma del edificio de la PA son operadores que pagaron gente y la acarrearon porque ahora los funcionarios de esa dependencia trabajan a favor de ejidatarios.

“Le pedimos al presidente López Obrador que voltee a ver a los ejidos del estado, no queremos llegar a la violencia de otros lugares donde defienden con sangre sus tierras”, indicó.

Hubo un llamado al gobernador Mauricio Vila Dosal para que intervenga y frene la especulación de tierras ejidales. Le recordaron que cuando estuvo en Muxupip dijo que los ejidatarios y campesinos son sus amigos y que velaría por ellos.

Sobre este mismo conflicto y la toma del edificio de la PA, el representante del gobierno federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó que él ya reportó a la Presidencia de la República la tensión que hay entre esos dos grupos de ejidatarios.

Además, señaló que no tiene comunicación con el representante de la PA en Yucatán, pero ya solicitó la intervención del procurador agrario nacional para que investigue los hechos de corrupción si los hubiere y que resuelva este conflicto.— Joaquín Chan Caamal

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