Se avecinaría una nueva polémica y posiblemente debates enfrentados en el Congreso sobre la Central de Abasto de Mérida, por una iniciativa presentada ayer para hacer reformas a la ley que crea su órgano descentralizado en materia de fortalecimiento ciudadano y seguridad patrimonial, de la que algunos diputados ya consideran se podría estar vulnerando la autonomía municipal.
Esta iniciativa fue presentada ayer en el pleno del Congreso por Rafael Echazarreta Torres, diputado de Morena, el mismo día que en un medio de comunicación de CDMX se publicó un desplegado de media plana dirigido al Presidente, hecho por locatarios de la Central de Abasto que acusan al gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde de Mérida de haberlos despojado de una parte de los terrenos de la paramunicipal.
El mismo Echazarreta en su exposición en la tribuna dijo que esa central es usada muchas veces como “caja chica del Ayuntamiento”.
En 2020 su administración, según señaló, donó siete hectáreas de ese sitio al gobierno del Estado afectando el patrimonio de los locatarios, aprovechando que de todos los integrantes de su consejo de administración, solo hay un representante de estos últimos, y los demás son funcionarios y hasta una representación para la Cámara de Comercio.
¿Para qué fue donado ese terreno al gobierno del Estado?
Aunque no lo mencionó en tribuna, el diputado recordó al terminar la sesión que en esas siete hectáreas que el Ayuntamiento le quitó a la Central de Abasto y se la dio al gobierno fue para que ahí se trasladara la Escuela Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”, en cuyo espacio del norte se pretende construir un estadio, obra a la que se han opuesto los que viven en esa zona.
En la tribuna el morenista explicó que lo esencial de su iniciativa es para que en el consejo de administración se incluya a más representantes de los locatarios, por ser los directamente afectados o beneficiados con las decisiones que se tomen en ese organismo.
Algunos legisladores que prefieren no ser identificados hasta estar seguros de sus sospechas, pero en primera instancia consideraron que esta iniciativa podría estar violando la autonomía municipal, no sería procedente por respeto a los municipios, en este caso al de Mérida.
Igual recordaron que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, Fracción III, habla de la autonomía municipal, y precisa que se incluye en su inciso d) Mercados y Centrales de Abasto; por tanto, habría que verificar los efectos de la propuesta porque si se va a la Ley de Gobierno de los Municipios, que “regula” la municipalidad, habría que considerarlo.