“Frente a coyunturas tan complicadas como las que estamos viviendo con la pandemia de Covid-19, se requieren acciones y programas públicos con un mayor acento humano que responda a las marcadas necesidades sociales de una manera solidaria, equitativa e incondicional”, afirmó ayer Miguel Óscar Sabido Santana, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), ante diputados y funcionarios estatales.
También reiteró las deficiencias, muchas de consideración, en el funcionamiento de las cárceles municipales, centros de readaptación social, centros de salud, y el Centro de Atención al Menor en Desamparo (Caimede), entre otras.
El ombudsman rindió su informe anual de actividades durante la sesión plenaria del Congreso presidida por Adda Cámara Vallejos, magistrada del Tribunal Superior de Justicia, en representación del Poder Judicial, y Yusiff Heredia Fritz, consejero jurídico del Estado en representación del gobernador.
Desde la tribuna añadió que “es momento, además, de ponderar los valores y principios como la dignidad, la igualdad y la justicia, que son pilares de nuestra convivencia pacífica y ordenada”.
“Por eso, no debemos perder de vista los justos reclamos de quienes afrontan una situación de marcada desigualdad y negación de mejores oportunidades de desarrollo y de vida, los derechos humanos son el instrumento para propiciar una sociedad más justa, libre y solidaria”.
En su mensaje a diputados, Sabido Santana señaló que de cara a los retos para los próximos meses habrán de generar acciones que refuercen el compromiso de todas las autoridades desde dos funciones muy específicas: la protección y la promoción de los derechos humanos.
En cuanto a la primera, dijo que insistirán en la estrategia de atender debidamente las violaciones a derechos humanos cometidas por los distintos órdenes de gobierno, pero adicionalmente darán acompañamiento a la autoridad en la generación y aplicación de manuales y protocolos de buenas prácticas públicas referidas a los derechos de todas las personas.
“Seguiremos siendo firmes en la defensa de las personas que han sido violentadas en sus derechos, dictando medidas de sanción, de restitución y de apoyo frente a casos concluidos y acreditados por nuestro organismo. Lejos de vulnerar los derechos, la autoridad pública debe ser la principal promotora y garantizar con todos los medios a su alcance cada uno de los derechos del ser humano”, añadió.
Sobre la promoción de los derechos humanos, explicó que continuarán motivando el desarrollo de campañas al interior de las instituciones que aseguren que todos quienes desempeñan una función pública conozcan la naturaleza y el alcance de las libertades individuales y colectivas, generando con ello, un entorno de reflexión y compromiso con la dignidad de todas las personas y de esta manera prevenir vulneraciones a las prerrogativas fundamentales.
Sobre los servicios realizados el año pasado, informó que hubo 274 supervisiones en las que documentaron las condiciones en las que se encuentran las cárceles, penales, hospitales, centros de salud y el Caimede.
De los penales citó que tienen una infraestructura sin mantenimiento y equipamiento en los dormitorios, sanitarios, áreas de gobierno sin reglamento actualizado, falta de personal de custodia y técnico operativo, además de carencias en servicios para atender la salud de los reclusos.
A pesar de todas esas deficiencias, la calificación obtenida por los penales del Estado fue de 7.48, que está por encima de la media nacional que es de 6.48, y ubica a Yucatán en el lugar noveno de los 32 estados de la República.
Del Caimede advirtió que a pesar de ser un centro para niños y adolescentes, albergan a personas mayores de 18 años de edad en condiciones de discapacidad física y psicosocial, no tiene personal especializado ni instalaciones para darles la atención debida.