MÉRIDA.- “Me desgraciaron la vida”, dice llorando Miguel al recordar aquel 27 de marzo de 2010; su último día como elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Su nombre completo es Miguel Santiago Rodríguez Pérez. A 12 años de distancia no pierde la esperanza de acceder a la justicia que en su caso no ha sido ni pronta ni expedita.
¿Cómo ocurrió el incidente?
Miguel recuerda que aquel día hacía su recorrido de vigilancia sobre la avenida Cupules a bordo de una motocicleta de la SSP, cuando una mujer de nombre Socorro Gutiérrez Payares lo atropelló.
Según relata, tenía mucho dolor y fue trasladado a una clínica particular en la calle 54 con avenida Pérez Ponce después del accidente, pero no sabe quién tomó esa decisión, la peor de su vida.
“En el hospital estuve dos horas sin atención y con mucho dolor. El doctor me dijo que porque no hay nadie que se haga responsable de mis gastos médicos”.
El expolicía pudo recibir atención médica, pero el diagnóstico no fue nada bueno: fractura de columna vertebral. Lo peor era que para operarlo necesitaba 250,000 pesos que nadie, ni quienes tomaron la decisión de llevarlo ahí, estaban dispuestos a pagar.
Miguel recuerda que a los 15 días dejó el hospital sin ser operado y acudió al IMSS, donde lo atendieron y seis meses después se practicó la operación, pero el tiempo que tardó para que su problema sea corregido le dejó una incapacidad permanente.
La vida de Miguel cambió
Desde ese momento la vida de Miguel, cuenta, cambió rotundamente, pues sus sueños quedaron truncados, ya que la discapacidad le provocó innumerables gastos médicos que no puede solventar con la raquítica pensión que consiguió tras un año de estar con incapacidad temporal.
De la mujer que lo atropelló no supo nada en cinco años a pesar de que interpuso en tiempo y forma su denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Su caso pasó al Juzgado Primero de lo Penal, carpeta 1722/13 en el antiguo sistema de justicia, pero después de 12 años simplemente no ha obtenido justicia.
Lleva 12 años esperando justicia
Originario y avecindado en Maxcanú, Miguel cuenta que su situación económica no le permite contratar un abogado y su mujer acude con regularidad a los juzgados penales a solicitar información, pero la tratan mal y le dicen que el caso está en “proyecto de sentencia”, el problema es que lleva dos años ahí y hasta la fecha no recibe una.
Miguel y su esposa María Garrido Zi llevan 12 años sin acceso a la justicia y poco a poco ven más lejano cumplir el sueño que tenían hasta antes de su accidente.
Él y su familia requieren apoyo para la escuela y para su vida diaria, pues no pierden la esperanza, Miguel no se ha cansado de luchar para su familia.— Gabriel Chan Uicab