La autoridad judicial de Yucatán investiga un caso más que se enmarca en las actividades de la mafia inmobiliaria, en esta ocasión con alcances en Quintana Roo.
La investigación partió de una denuncia presentada en 2019 e involucra a dos notarios yucatecos que en otras ocasiones han sido señalados por avalar operaciones irregulares. Uno certificó el otorgamiento de un poder apócrifo y el otro dio fe de una compraventa basada en ese documento ilegal.
La víctima es un arquitecto meridano. El objeto del fraude son dos grandes terrenos ubicados en Tulum, Quintana Roo, uno de los cuales fue dividido en 16 lotes para su inscripción anómala en las oficinas registrales de la vecina entidad.
De acuerdo con esas inscripciones, la compraventa de los dos predios se consumó en cinco millones doscientos cuarenta y seis mil setecientos setenta y ocho pesos.
Este caso se suma al de un ingeniero de la tercera edad que, como ya publicamos, fue despojado de un terreno en Cholul mediante una maniobra que incluyó la suplantación de identidad. Dio fe de la operación de compraventa la Notaría número 7.
“Crímenes” con las mismas características
La denuncia sobre los lotes en Tulum tiene todas las características de la delincuencia inmobiliaria. Aparecieron “de paso” en Mérida —procedentes de Quintana Roo— una persona que “recibió” un poder amplio del propietario y otra que se interesó en comprar las propiedades, que luego fueron vendidas a terceros.
El denunciante es el arquitecto A.V.T., quien, tanto en la Fiscalía General del Estado como en plática con un reportero de este periódico, señala a los fedatarios Luis Silveira Cuevas y Carlos Tomás Goff Rodríguez por avalar las operaciones en medio de anomalías. Los acusa, incluso, de incurrir en “criminal complacencia” frente a los hechos.
Silveira Cuevas, notario público número 8 del Estado, certificó el poder que supuestamente concedió el dueño de las tierras. Goff Rodríguez, titular de la Notaría 97, dio fe de la compraventa fraudulenta.
Una prueba grafoscópica ordenada por la Fiscalía arrojó que la firma que aparece en el poder es falsa, es decir, no corresponde al denunciante.
Notarios yucatecos “engañados”
El afectado hace notar que un argumento común de los notarios en estas situaciones es que “fueron engañados” por personas que se ostentan como los dueños de los bienes, pero en su caso no pueden alegar lo mismo porque ambos lo conocen físicamente y tuvieron que darse cuenta de que él nunca compareció ante ellos.
A tres años de que se presentó la denuncia judicial, el caso sigue sin resolverse aunque continúa el desahogo de diligencias a cargo del propietario afectado, lo mismo en Yucatán que en Quintana Roo.
A.V.T. relata lo siguiente:
—El 30 de septiembre de 2007 adquirió la propiedad de los predios urbanos identificados como lotes 10 y 13 de la manzana 940 de la zona 11 de Tulum, municipio de Solidaridad, en Quintana Roo. Cada uno tiene una superficie de 9,453 metros cuadrados.
—A fines de enero de 2019 acudió a visitar los terrenos, porque unas personas de Mérida le manifestaron su interés en ellos.
—Al consultar los sistemas de información electrónica del Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo, delegación Playa del Carmen, se percató de que se había inscrito un testimonio de escritura pública relativa a un contrato de compraventa.
—El contrato fue suscrito por Margarito Rodríguez Jiménez, mediante un poder que supuestamente le había concedido el legítimo dueño para que vendiera los predios a José Daniel Suárez de la Cruz. El entrevistado no conoce ni a uno ni a otro.
—La compraventa ilegal de los dos inmuebles se formalizó el 17 de agosto de 2018 ante el abogado Goff Rodríguez. Como supuesto apoderado del dueño, Margarito Rodríguez vendió los predios “de manera definitiva e irrevocable”.
—En el apéndice del acta, el notario Goff describe una “identificación del señor Margarito Rodríguez”. La copia fotostática que consta en la certificación del Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo está manchada de tinta y no se aprecia dato alguno. En síntesis, no se prueba quién compareció para las firmas.
“Nunca debió el licenciado Goff Rodríguez permitir esta anomalía, sobre todo si tomamos en consideración que los restantes documentos del apéndice están perfectamente legibles”, enfatiza A.V.T. “Es decir, se aprecia que la intención de Margarito Rodríguez Jiménez y José Daniel Suárez de la Cruz, y del propio Goff Rodríguez, era no contar con la identificación legible de mi supuesto apoderado”.
—Lo mismo sucede con la identificación que supuestamente corresponde al denunciante presentada al notario Silveira Cuevas. Está también manchada y no se aprecian los datos.