La desaparición del Consejo de Notarios y la transferencia de sus funciones de vigilancia y control de la actividad notarial al gobierno del Estado, prevista en la iniciativa de reforma a la Ley de Notariado presentada por el Ejecutivo al Congreso, frenará las actuaciones ilegales atribuidas a algunos fedatarios y permitirá investigar y castigar esas actividades en forma más efectiva, no solo con sanciones, sino con la reparación del daño, explica el titular de la Consejería Jurídica, abogado Yussif Heredia Fritz.
Ayer publicamos que este funcionario, junto con la secretaria de Gobierno, María Fritz Sierra, y el director del Insejupy, Heide Zetina Rodríguez, visitó la redacción del Diario para explicar los alcances jurídicos y sociales de esa iniciativa.
Heredia Fritz informa que entre las principales propuestas de la iniciativa figura la “transformación” del Consejo de Notarios, así lo llamó, en un Colegio de Notarios que “coadyuvará” con la Consejería en la supervisión de la función notarial, pero sin facultades administrativas, como hasta ahora.
En la entrevista, la licenciada Fritz Sierra dice que estas modificaciones a la ley actual son importantes, porque “la función notarial, hoy por hoy, está degradada”.
Autorregulación en Yucatán
Esos hechos los atribuyó, como ya informamos, a las actividades ilegales de un pequeño grupo de fedatarios. “Tal vez de los cien notarios (que hay actualmente), 90 sean personas notables, correctas, decentes, pero tal vez los otros 10 no están ejercido bien su función” y con ellos “se están cometiendo muchos ilícitos”, dijo.
Según Heredia Fritz, la Consejería revisó las leyes de 20 entidades federativas y en toda la vigilancia de la función notarial recae en órganos administrativos de los gobiernos locales. “Yucatán, creemos, es el único estado donde persiste la autoregulación; es decir, que los propios notarios vigilan sus actividades”.
La secretaria de Gobierno resaltó la conveniencia de la transformación del Consejo de Notarios —creado en 1939 por el gobierno del Estado—, en un colegio, ya que “uno nunca puede ser juez y parte”.
De acuerdo con Heredia Fritz, el nuevo Colegio de Notarios, cuya afiliación será obligatoria, “tendrá funciones importantes de representación, comunicación, gestión de capacitación y seguramente coadyuvará con temas propios de la Consejería”.
Empero, sus antiguas funciones administrativas de supervisión y control pasarán, si se aprueba la nueva ley, a la Consejería Jurídica.
Para una mayor seguridad
Por ejemplo, el Consejo de Notarios ya no tendrá la facultad de hacer cada año las visitas ordinarias a las notarías, en las que un grupo de notarios, designado por el propio Consejo, visita las notarías para revisar sus actas y todos los actos legales realizados bajo su fe pública.
Ahora esta facultad pasará a la Consejería, lo que, afirma Heredia Fritz, dará mayor seguridad y control “tanto en las visitas ordinarias como en las extraordinarias”.
De acuerdo con el consejero, otro tema muy importante de la iniciativa es el cambio en el procedimiento de atención de las quejas en contra de los notarios.
En la actual ley, dice, cuando una persona denuncia un acto irregular de algún fedatario, ésta debe acudir al Consejo de Notarios, que analiza y determina si la queja es infundada y la desecha, o si es procedente.
En este caso, el Consejo le da un plazo de diez días al notario para responder a las acusaciones y luego resuelve si hubo o no violación a la ley. Si es así, se busca la conciliación de las partes y allí se cierra el caso. Si no hay conciliación, el Consejo turna la denuncia a la Consejería Jurídica y ésta sanciona al fedatario.
Según el abogado Heredia Fritz, la iniciativa cambia este procedimiento.
Ahora todo se hará ante la Consejería, “pero en los actos donde exista la posibilidad de conciliación se citará a las partes para llegar a un acuerdo, pero buscando la reparación del daño, no solo la conciliación”.
En la ley actual, agrega, a lo más que se llega es a sancionar al notario, pero no se ordena la reparación del daño, de modo que el afectado no resuelve su problema.
Notarios deberán pagar la reparación del daño
En la iniciativa se planea que, además de la conciliación, haya una reparación del daño y si esto ocurre será un atenuante a considerar en la resolución que emita la sanción.
Por su parte, Zetina Rodríguez afirma que otro aspecto importante de la iniciativa es que se especifican las sanciones.
En la ley vigente no se prevé una sanción específica para el acto irregular, señala. “Se le dice al notario qué debe hacer y qué no, pero no se habla de sanciones específicas y al no haber esto es muy fácil obtener un amparo contra la pena impuesta por la autoridad”.
En la ley se habla de sanciones, añade, “pero de una manera genérica, en la iniciativa se particularizan”.
En la actual ley hay un capítulo que considera las sanciones aplicables de acuerdo con la gravedad de la falta, explica la licenciada Fritz Sierra. “Empero, al identificar una falla administrativa específica, la ley no dice la sanción, por lo tanto es una ley que protege a los notarios”.
“En la iniciativa esto cambia y un acto grave de deshonestidad, una conducta inadecuada, a la primera vez que se cometa será causa de revocación, como ya ocurre en otros estados. De este modo, es posible enfrentar la impunidad de la que gozan varios notarios deshonestos, que repiten y repiten sus conductas ilícitas y no pasa nada”. (Continuará).
Carta abierta de los aspirantes a Notarios Públicos en el Estado de Yucatán
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