MÉRIDA, Yucatán.— Este lunes, un grupo de personas que resultaron estafadas en operaciones fraudulentas para la adquisición de automóviles acudieron al Palacio de Gobierno para exigir justicia ante las autoridades y, al parecer, podría haber un funcionario del gobierno estatal implicado en las estafas con los autos que, incluso, podría imputarse como “crimen organizado”.
Un grupo de personas que fueron estafadas en operaciones para la adquisición de automóviles exigieron justicia ante las autoridades del Estado Credit: Gabriel Chan Uicab 
Un grupo de personas que fueron estafadas en operaciones para la adquisición de automóviles exigieron justicia ante las autoridades del Estado Credit: Gabriel Chan Uicab Un grupo de personas que fueron estafadas en operaciones para la adquisición de automóviles exigieron justicia ante las autoridades del Estado Credit: Gabriel Chan Uicab Un grupo de personas que fueron estafadas en operaciones para la adquisición de automóviles exigieron justicia ante las autoridades del Estado Credit: Gabriel Chan Uicab Un grupo de personas que fueron estafadas en operaciones para la adquisición de automóviles exigieron justicia ante las autoridades del Estado Credit: Gabriel Chan Uicab Un grupo de personas que fueron estafadas en operaciones para la adquisición de automóviles exigieron justicia ante las autoridades del Estado Credit: Gabriel Chan Uicab
Presunto funcionario estatal implicado
Las personas afectadas exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva para poder identificar a las personas que forman parte de esta “red criminal” cuyo modus operandi tiene características de asociación delictuosa, pues explican, aunque hay una mujer detenida e inputada de nombre Liany Nery P. A., ella no trabaja sola, con ella están las personas que falsifican las facturas, las INE’s y en algunos casos quienes reciben la transacción del dinero.
También, en dos casos, los autos fueron entregados en un domicilio, que ellos señalan, se ubica en la colonia Residencial Pensiones en la cual habitan un hombre al que identifican como Gustavo Alonso Castillo Jiménez y su padre Gustavo Castillo Aranda, el cual trabaja en la Contraloría General del Estado como Coordinador de Enlace, según la Plataforma Nacional de Transparencia; ambos han participado en la entrega de autos.
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Defraudados exigen justicia
La mañana de este lunes acudieron unas 10 personas afectadas al Palacio de Gobierno para entrevistarse con Miguel Trujillo Ortiz, subsecretario de Prevención y Reinserción Social, con la intención de exigir justicia y una investigación adecuada en el caso, pues debido a que el delito de estafa no es considerado un delito grave, la persona detenida podría recuperar su libertad el próximo miércoles.
“Lo que queremos es que se haga justicia. Que podamos recuperar nuestro patrimonio perdido, que ella y sus cómplices estén en la cárcel y que ninguna persona más caiga (en el fraude)”, dijo Guadalupe Balam.
Al momento de ingresar al palacio hubo un ligero desacuerdo debido a que únicamente estaban autorizadas cinco personas, esto generó molestia de los quejosos, quienes decidieron que o pasaban todos o no entraban, así que el subsecretario accedió a recibir a todas las personas.
Caso con al menos 60 denuncias penales
Cabe recordar que la principal señalada, Liany Nery, fue detenida en días pasados en Campeche y puesta a disposición de un juez de control quién imputó los delitos en dos carpetas de investigación, pero en contra de esta mujer, que usa distintas identidades al momento de vender los vehículos, hay al menos 60 denuncias penales, por lo que aún faltan muchas carpetas de investigación por judicializar.
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