Más allá de los pormenores que rodearon la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, el colectivo ¡Ya Basta! plantea una serie de interrogantes en torno al manejo financiero del Isstey.
Algunas son: ¿a cuánto asciende el patrimonio del instituto? ¿En dónde y en qué hay inversiones? ¿Cuáles son los instrumentos financieros a los que se canaliza el dinero? ¿Qué ha pasado con las tierras de Ucú y el fideicomiso que se formó con ellas? ¿Por qué se sigue permitiendo que financieras privadas hagan negocios con préstamos al trabajador?
Eso nadie lo sabe. Son temas que se siguen manejando en secreto, en lo oscurito, subraya el proyecto ciudadano.
Uno de los detalles que más le llama la atención, como publicamos ayer, es la ausencia de menciones —en las esferas oficiales— al desfalco cometido por gobiernos anteriores al no entregar al Isstey dinero procedente de cuotas y otros conceptos descontados al trabajador.
¿Qué hay detrás de la Ley Isstey? Cuestiona ¡Ya Basta!
“Quién sabe qué tipo de acuerdos hay allá, porque al menos por declaraciones públicas se supo que en 2012 el atraco o robo, como se le quiera llamar, ascendía a 2,100 millones de pesos”, dice Blanca Estrada Mora, integrante del grupo promotor de ¡Ya Basta!. “De eso nadie dice y menos hace nada”.
También hace notar que la nueva ley establece en su artículo 26, párrafo tercero, que en caso de que las entidades públicas no remitan las cuotas o aportaciones estarán en mora y deberán cubrir “intereses moratorios a la tasa del 1.5% real mensual a partir del vencimiento del plazo…”
Ese aspecto no es nuevo. La ley abrogada lo consideraba también, en su artículo 11, con el mismo porcentaje de interés mensual.
¿A cuánto asciende la deuda con ese interés?
“¡Caramba! ¿A cuánto asciende el interés de 1.5% mensual de 2,100 millones de pesos durante 15 años (desde 2007, cuando se inició el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco) y por qué no hay alguna acción al respecto?”, pregunta la maestra Estrada Mora, quien fue diputada local en dos ocasiones.
Ayer y anteayer publicamos amplios conceptos de tres integrantes del grupo promotor de ¡Ya Basta! —Blanca Estrada, Marysol Canto Ortiz y Nicolás Andrés Dájer— sobre la nueva ley del Isstey y el procedimiento que condujo a su aprobación.
Al continuar su análisis, el colectivo dice lo siguiente:
- Otro de los muchos puntos que llaman la atención está en los artículos 48 y 49 de la ley. El primero dice que el instituto “constituirá reservas para el cumplimiento de obligaciones futuras con los remanentes que se generen después de cubrir las prestaciones establecidas…, así como los gastos administrativos del instituto”.
Proyectos privados
- El artículo 49 establece, en la fracción I, inciso C, que las reservas se podrán invertir en proyectos de infraestructura pública ¡o de participación privada! para “el desarrollo del estado de Yucatán, hasta por los montos que el consejo directivo señale…”
- ¿Para qué será esto? ¿Cuál será el objetivo de establecer estas inversiones por ley?
- Hay más. El artículo 51, relativo a convenios, señala: “El instituto podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas para otorgar, de forma parcial o total, las prestaciones establecidas en esta ley”. A continuación establece: “El instituto podrá contratar o subrogar las prestaciones previstas en esta ley con otras instituciones públicas o privadas”.
- Es decir, que ahora dentro del articulado de la ley se le concede al consejo directivo la facultad, entre otras, de otorgar a empresas financieras particulares todo lo relativo a los préstamos, ya sean especiales, hipotecarios o de corto plazo.
Simple tramitador
- El Isstey seguirá siendo solo un tramitador y cobrador y los dueños de las empresas continuarán obteniendo jugosas ganancias por el cobro de hasta 18% anual en cada préstamo que den a los trabajadores.
- Aquí nos asalta una duda: ¿a cuánto ascenderán las ganancias de estas empresas privadas por los préstamos, que, además, aumentaron por la pandemia? ¿A cuánto ascenderán en los próximos años? Todo ese dinero pasaría a formar parte del patrimonio del Isstey en lugar de que fuera para los cuates del gobierno.
- Y para ponerle una rayita más al tigre, en la reforma de 2014 a la abrogada ley se creó el Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú, tierras que el gobierno de Ivonne Ortega adquirió y dejó supuestamente como un abono del dinero desfalcado al Isstey.
- Se supone que con el fideicomiso se garantizaba el pago. La reserva es de 2,800 hectáreas que, hasta donde se sabe, no se han monetizado. ¿Por qué? ¡Sepa la bola!
- Además, se habla de que solo 40% del importe de la venta sería para el Isstey y 60% para el desarrollo de las tierras, es decir, para urbanizarlas. ¿Cuál sería su avalúo actualizado? Hay que recordar que “pegan” con Ciudad Caucel. ¿Por qué no se hace nada? ¿Acaso las están reservando para los cuates?
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