Para el colectivo ¡Ya Basta!, la reforma del Poder Judicial del Estado, la nueva ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) y otros asuntos aprobados por el Congreso, a iniciativa del Ejecutivo, constituyen “una afrenta y una tremenda amenaza” para los habitantes de la entidad.
Y es una amenaza, indicó el proyecto ciudadano por conducto de Blanca Estrada Mora, por las condiciones de control político que se han generado y la indefensión en que se deja a todos los que no forman parte de los intereses del grupo que gobierna en Yucatán.
La exdiputada, integrante del equipo promotor de ¡Ya Basta!, fue la encargada de cerrar la séptima sesión de seguimiento del Observatorio Ciudadano de Cumplimiento, el fin de semana pasado. Se refirió al Poder Legislativo y a algunos temas generales.
En el caso específico del Poder Legislativo, el colectivo ciudadano ha presentado demandas de amparo, en cuyos detalles abundaremos más adelante.
Diálogo al Parlamento Abierto
Antes de la intervención de la maestra Estrada Mora —como ya informamos—, Marysol Canto Ortiz y Nicolás Andrés Dájer hablaron de los compromisos de la agenda ciudadana que suscribieron el gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde Renán Barrera Concha, en ese orden, y de otros asuntos relativos al Ejecutivo del Estado y al Ayuntamiento de Mérida.
Al inicio de su exposición, la presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy) recordó que en la sesión anterior del Observatorio Ciudadano, hace seis meses, se informó que ¡Ya Basta! había solicitado una reunión a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, para dialogar sobre Parlamento Abierto.
Al no haber respuesta, agregó, el colectivo interpuso una demanda de amparo por incumplimiento del artículo 8 de la Constitución.
También dijo, como publicó el Diario en su oportunidad, que la justicia federal le otorgó amparo a ¡Ya Basta! y con ese fallo quedó claro que el Congreso local, y de manera particular su Junta de Gobierno, “fue violatorio de los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos, entre ellos el derecho de petición”.
“Como colectivo ¡Ya Basta! señalamos que es de verdad indignante que hayamos tenido que recurrir a un amparo, a un trámite ante la justicia federal, porque los señores representantes populares, muy entre comillas, sencillamente dijeron que no nos contestaban y que no pasaba nada. Eso es lo más grave”, puntualizó.
Al continuar su relato, indicó que el Poder Legislativo, acatando una orden de la justicia federal, respondió a la iniciativa ciudadana, pero lo hizo por medio de Irving Ayuso Méndez, secretario técnico de la Junta de Gobierno, quien dijo en una carta que fue designado para tal fin y convocó a una reunión en la sede legislativa.
“No contestó la Junta de Gobierno”, apuntó la representante de ¡Ya Basta! “Nosotros, como colectivo, no pedimos reunirnos con ningún empleado del Congreso sino con los integrantes de la Junta de Gobierno”.
Añadió que pudieron continuar con ese litigio, pero decidieron no hacerlo porque “esta respuesta fue la comprobación de que tenemos un Congreso integrado estrictamente por diputados que no responden a la ciudadanía, sino a intereses partidistas, económicos y políticos de grupo”.
“Eso ya no es solo indignante. Es de verdad lamentable… Es la degradación a que se ha llegado en el ejercicio del poder”, abundó.
Reforma del Poder Judicial en Yucatán
Seguidamente se refirió a la reforma del Poder Judicial, que calificó de “asalto”. Recordó que ¡Ya Basta! solicitó amparo por el incumplimiento en el modelo de Parlamento Abierto para el análisis, discusión y aprobación de los cambios.
Fueron cuatro amparos, detalló. Tres de ellos de manera individual —uno por cada integrante del grupo promotor— y otro a nombre del colectivo.
Los jueces federales no concedieron los amparos en los cuatro casos y los promoventes utilizaron el recurso de revisión. Entonces los casos pasaron al Tribunal Colegiado.
En esta etapa, los tres amparos individuales fueron turnados de manera directa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el colectivo aún está en manos del Colegiado.
“No queremos especular, no queremos suponer que por el peso de esta solicitud de amparo o por quién sabe qué razones esta demanda no procede”, continuó la dirigente. “Por lo tanto, nos hemos dirigido por escrito a la Suprema Corte para pedirle que, así como de manera directa le turnaron nuestros amparos individuales por ese asalto al Poder Judicial, de la misma forma atraiga el amparo colectivo”.
Mansedumbre
“Aunque ya no se hable de esas reformas, de ese asalto, aunque ya no sea motivo de pláticas de café, esto ya pasó y es parte de nuestra historia”, prosiguió. “Es un asalto al Poder Judicial perpetrado por una iniciativa del Poder Ejecutivo, por la mansedumbre de los domésticos que integran el Congreso, con las excepciones que tiene toda regla…”
A continuación señaló:
—En el colectivo ¡Ya Basta! no tenemos memoria corta. Vamos a agotar todas las instancias y realizaremos todas las acciones conducentes porque realmente la afrenta cometida al Poder Judicial no fue solo una afrenta a los magistrados, no solo a los trabajadores del Poder Judicial. ¡No! Es una afrenta y una tremenda amenaza a todos los habitantes de Yucatán por las condiciones de este control político y personal y las condiciones de indefensión en que nos están dejando a quienes habitamos en esta maravillosa tierra.
—Hemos escuchado el seguimiento que damos. Es lamentable que en temas importantes los sujetos obligados optaron por irse a la prórroga. Claro, la ley se los permite, pero siguen utilizando esos subterfugios, esas chicanadas, para mantener la opacidad, para cubrir sus desmanes y sus violaciones a la ley.
—El caso del Isstey es otro asalto. Así como Nicolás (Andrés) mencionó que hay que seguir la narrativa de las lámparas (el alumbrado público de Mérida), hay que dar seguimiento a esto. Se solicitó al gobierno del Estado información financiera, los valores bursátiles, si hay inversión en bienes raíces… Y allí la respuesta es: tienes que venir, trae tu USB… Violando completamente lo establecido tanto en la Ley General como en la Ley Estatal de Transparencia.