La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) solicitó a la Fiscalía General del Estado, por medio de una recomendación emitida en mayo, aligerar la judicialización del caso de la señora Felisa Cámara Barragán. Aunque la dependencia aceptó la recomendación, hasta la fecha no la cumple.
Como hemos informado, doña Felisa está a punto de perder su casa en el Fraccionamiento del Arco, donde vive con su madre de 85 años, a consecuencia de las acciones de lo que ya se conoce como “una versión más de la mafia inmobiliaria en Yucatán”, en la que participan abogados y funcionarios corruptos de las dependencias encargadas de la procuración y administración de justicia.
En este caso, Edwin Alejandro Romero Sabido y la abogada Fabiola de Fátima Trejo Aké falsificaron un pagaré con la firma de la señora Cámara Barragán, fechado en 2016.
En 2019, ambos iniciaron un juicio ejecutivo mercantil en contra de ella, aunque el actuario del Juzgado Primero Mercantil, al parecer coludido con Romero y Trejo, nunca le notificó.
Más procesos
Doña Felisa interpuso después una denuncia penal por falsificación de documentos en la Fiscalía de Investigación 35, en Cordemex, desde octubre de 2019.
Pese a la existencia de dos peritajes sobre la veracidad de la firma, uno a su favor y otro en contra, la Fiscalía exigió un tercer peritaje —contrario a lo que marca la ley— antes de llevar el caso ante un juez.
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Para esto, hace varios meses solicitó a la Fiscalía General de la República lo servicios de un perito en grafoscopía, pero la dependencia aún no responde porque allí solo hay un perito con esa especialidad.
En entrevista con Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, la señora Cámara Barragán relata que el 18 de mayo solicitó a la Codhey su intervención para pedirle a la Fiscalía General del Estado (FGE) la pronta judicialización de la carpeta de investigación de su denuncia, ya que ésta cumple con los requisitos de ley.
Dos días después, esta Comisión envió al vicefiscal de Investigación y Procesos de la FGE, Arturo José Ambrosio Herrera, el oficio OQ 1811/2022 282/2022.
Mediante éste le solicita que dentro del área de su competencia ejecute las acciones necesarias para asegurar a la señora Cámara Barragán el acceso a la justicia pronta y expedida, garantizando la seguridad jurídica de la víctima y el debido proceso.
Específicamente, la Codhey pidió al vicefiscal “actuar con la debida diligencia, inmediatez y prontitud para la integración de la carpeta de investigación UNATD/ 35GC 2747/2019 y turnarla a un juez”, pero eso hasta el momento no sucede.
¿En la Fiscalía hay falta de voluntad para impartir justicia? ¿Hay, en efecto, tortuguismo?, pregunta Central 9 al licenciado William Solís Ávila, defensor de la señora Cámara Barragán.
“Hay eso o exceso de trabajo”, responde.
Según añade, no existe un plazo para que la FGR conteste la solicitud de perito y mucho menos un plazo para que la Fiscalía estatal tome alguna determinación sobre qué hacer en un caso como éste, de modo que la denuncia de la señora Cámara Barragán puede durar seis o siete años.
Amparo
El problema, explica el abogado, es que la ejecución de sentencia en el juicio mercantil podrá destrabarse porque el amparo que interpusimos tiene una vida útil y doña Felisa está en riesgo de perder su casa, por una deuda que nunca contrajo.
Lo único que pedimos es justicia, afirma, pero lamentablemente sabemos que “México es un país donde no pasa nada y persisten la corrupción y la impunidad”.
Solís Ávila denuncia que mientras esto sucede, Trejo Aké “se acercó a mí, intentando negociar. Pide un millón de pesos a cambio de no quitarle su casa a doña Felisa”.
Nosotros no negociaremos, dice, aunque sabemos que en muchos casos parecidos la gente se desespera y negocia la entrega de fuertes cantidades de dinero. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA