Gilda Segovia Chab, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales (Inaip), destacó los avances logrados en materia de transparencia, ayer al presentar su informe anual de gobierno ante el Congreso del Estado.
“Sin duda el año 2022 fue un año de retos y de muchas satisfacciones. Tenemos un enorme compromiso; que todas las personas, independientemente desde dónde se encuentren, ya sea en el interior del Estado o en la capital, conozcan sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales, que comprendan el valor y la utilidad de éstos en su vida diaria y conozcan los medios para hacerlos valer”, indicó.
Gilda Segovia señaló que para lograr ese objetivo redoblaron esfuerzos llevando el programa Inaip en tu municipio a 44 comunidades del Estado.
La funcionaria destacó que con este programa buscan vincular los derechos humanos de acceso a la información y la protección de datos personales a la comunidad estudiantil, en escuelas primarias, secundarias, preparatorias, y en su caso universidades.
Ante María Fritz Sierra y María Carolina Silvestre Canto Valdés secretaria general de gobierno y presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, respectivamente, quienes presidieron la primera parte de la sesión plenaria con Erik Rihani González presidente del Poder Legislativo, Gilda Segovia afirmó que este año hubo avances significativos en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
“Observamos que el número de ayuntamientos que obtuvieron un índice de calificación aprobatoria se incrementó 166%, observamos que el Congreso del Estado tuvo una calificación de 100% y que el poder Ejecutivo tuvo un índice general de cumplimiento del 98.93% de calificación”, indicó.
Otros sujetos obligados que alcanzaron los 100 puntos, indicó la funcionaria, fueron los Ayuntamientos de Cuncunul, Peto, San Felipe y Tixméhuac, al igual que la Secretaría General de Gobierno, el despacho del gobernador, la consejería jurídica, la Secretaría de la Contraloría General, Secretaría de Salud y otros 29 más.
Reducción de denuncias por incumplimiento
La presidenta dijo que se redujeron las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia: mientras en 2021 ascendieron a 470, en 2022 bajaron 46%, al registrarse apenas 250 contra 86 sujetos obligados y eso representa un indicador positivo, muestra un mayor cumplimiento en los portales de transparencia y de la Plataforma Nacional de Transparencia.
En cuanto al número de solicitudes de información hechas por los ciudadanos, informó que fueron 14,853, lo que representó un aumento del 5% respecto al año anterior, cuando sumaron 14,368 sobre el caso de información pública y 485 en materia de protección de los datos personales.
La funcionaria añadió que se aplicaron y ejecutaron 120 medidas de apremio en 119 expedientes, consistentes en amonestaciones públicas para múltiples servidores públicos, de las cuales 118 fueron en recursos de revisión en materia de acceso a la información pública y dos en recursos de revisión de datos personales.
En materia de protección de datos personales, se recibieron 17 recursos de revisión; en la sustanciación de estos procedimientos se emitieron 80 acuerdos, se practicaron 143 diligencias de notificación y se emitieron 11 resoluciones.
De los recursos en los que se entró al estudio del fondo del asunto, en el 100 % de los casos se le dio la razón al particular, garantizando así la protección de sus datos personales.
La comisionada destacó que se permitió identificar áreas de oportunidades en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los ayuntamientos, organismos públicos municipales, sindicatos y partidos políticos.
Por ello, aseguró que se redoblarán esfuerzos para capacitarlos, además de reiterar su llamado a “sumarse a la transparencia, a cumplir con la legislación y responder a la confianza de la ciudadanía”.