MÉRIDA.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción logró que se formule e inicie la imputación penal, a uno de los dos empresarios y tres exfuncionarios municipales de Celestún, por la adquisición irregular de más de 700 metros lineales de playa, con más de 60 mil metros cuadrados, con información falsa al pagar alrededor de tres millones de pesos, cuando su
valor real es muy superior.
Cabe resaltar que debido a que se trata de un trámite legal aún en proceso, no se pueden revelar los nombre de las personas implicadas.
De acuerdo con la información recabada por el Diario, el pasado miércoles por la mañana en el juzgado de control del poder judicial del Estado, se formuló imputación penal a un empresario en su calidad de representante legal y administrador único de una persona moral del ramo inmobiliario por el caso de Celestún que desde hace tiempo se viene ventilando en los juzgados.
Como ya hemos informado, en días pasados la Fiscalía Anticorrupción solicitó al Poder Judicial del Estado fijara fecha y hora para celebrar audiencia inicial de vinculación a proceso penal a tres exservidores públicos y 2 particulares por hechos de corrupción, derivado de la enajenación ilícita y desvío de recursos públicos pertenecientes al municipio de Celestún, Yucatán.
Dicha audiencia debía celebrarse el pasado 27 de marzo en la sala 2 del citado juzgado de control, sin embargo, se difirió derivado del cambio de defensores de los imputados, por lo que fue reprogramada para realizarse por separado para el empresario involucrado y para los exservidores públicos conjuntamente con otro particular, quien se señala fue beneficiado en otra fecha.
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En el caso del empresario la audiencia de imputación tuvo lugar el miércoles pasado; al abrirse la misma, la Fiscalía hizo del conocimiento del acusado en presencia del Juez de Control, los hechos que se le atribuyen penalmente que, de acuerdo con los datos obtenidos, consisten en que participó directamente en conjunto con ex servidores públicos en la enajenación ilícita de tres tablajes catastrales con colindancia al golfo que eran propiedad del municipio de Celestún a un precio inferior al precio real.
Con esta acción -añadió la Fiscalía ante el Juzgado-, se benefició ilegalmente a la persona moral, es decir a la inmobiliaria, con la
adquisición de 3 tablajes catastrales con más 60 mil metros cuadrados de terreno, los cuales cuentan con más de 700 metros lineales de playa.
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La fiscalía anticorrupción le atribuyó al empresario inmobiliario que él intervino en la maquinación junto con los ex servidores públicos, proporcionando documentación falsa para obtener un peritaje de valuación a modo que permitiera realizar la venta de los tres tablajes por tres millones de pesos, cuando su precio es mucho mayor.
Aunado a lo anterior, la fiscalía anticorrupción manifiesto que los exregidores habrían incumplido con diversos requisitos establecidos en la Ley de Gobierno de los Municipios para la enajenación de bienes inmuebles públicos.
Sin embargo, en dicha audiencia inicial trascendió que la defensa del empresario solicitó un nuevo diferimiento a efecto de dialogar con la representación legal del municipio afectado sobre una posible reparación del daño por medio de un acuerdo reparatorio, a lo que la Fiscalía Anticorrupción se opuso al no tener claridad en los alcances de dicho acuerdo.
Ante esta situación, el Juez suspendió la audiencia inicial para que se continúe con la solicitud de vinculación a proceso el próximo día 10 de abril, en la que se expondrá lo conducente y se determinará si el empresario es vinculado a proceso penal por dichos hechos o no.
Buscan imputar a otros involucrados en venta ilegal
Independiente del resultado de la audiencia del próximo 28 de abril, la fiscalía Anticorrupción espera poder formular imputación para vincular a proceso penal a tres, de las que no se reveló su nombre, pero son la expresidenta municipal, secretaria, tesorera y un particular involucrado en este millonario desfalco costero.