Fraude inmobiliario sin precedentes en Yucatán

Un diputado federal por la coalición PVEM-Morena-PT y dos exalcaldes priistas se apoderaron ilegalmente de por lo menos 10,594 metros lineales de playa en Dzilam Bravo y Celestún, en 2016, con un valor mínimo de 2,118 millones de pesos, en lo que se considera el mayor fraude inmobiliario conocido hasta ahora en Yucatán. El despojo se hizo por medio de una operación ilegal ejecutada por el diputado Mario Xavier Peraza Ramírez y los expresidentes municipales de Dzilam, Julio Abraham Villanueva Rivero, y de Celestún, Santiago Leonel Rosado Mena, así como otros funcionarios ligados al gobierno de Rolando Zapata Bello. La operación consistió en la creación artificial de lotes catastrales sobre terrenos nacionales, para convertirlos, fuera de la norma, en predios del fundo legal de esos dos municipios, aprovechando el nombramiento de Peraza Ramírez como director del Catastro estatal entre octubre de 2015 y junio de 2016. De este modo, mediante la falsificación de actas de Cabildo y, en algunos casos, a través de sesiones de Cabildo amañadas, los alcaldes de Dzilam de Bravo y Celestún en el periodo 2015-2018 adjudicaron “a título gratuito” 74 predios, supuestamente del fundo legal, a favor de compañías fantasmas vinculadas con Peraza y sus socios.

Venta a precios de ganga

Estas compañías vendieron después algunos de esos terrenos a inversionistas yucatecos y foráneos —a precios simulados e ínfimos,  como $250 el metro lineal de playa, por ejemplo—, y otros los transfirieron a Mario Peraza Ramírez, Julio Abraham Villanueva y Leonel Rosado Mena o a sus familiares y amigos. La mayoría de esos terrenos de playa se localizan entre la costa y las carreteras Santa Clara-Dzilam y Celestún-Sisal.

El escribano público de Ucú Alberth Yadir de Jesús Córdova López, a quien el gobierno del estado destituyó del cargo en febrero de 2019, acusado de corrupción, dio fe de por lo menos 47 de esas adjudicaciones. Los 10,564 metros lineales de playa —6,076 en Dzilam y 4,510 en Celestún— colindan con 2,542,756 metros cuadrados de terreno, de los que también se apodó este grupo, según una investigación de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, realizada durante varias semanas. Los periodistas de Central 9 entrevistaron a funcionarios y exfuncionarios de los ayuntamientos de Dzilam de Bravo y Celestún, a personas perjudicadas por la operación fraudulenta y a inversionistas beneficiados con ella. También revisaron archivos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y cientos de  documentos del Registro Público de la Propiedad

Mario Peraza, hombre clave en el despojo

La operación de despojo, de acuerdo con los datos recabados, se hizo en un tiempo récord, en apenas seis meses, de diciembre de 2015 a junio de 2016, periodo que coincide con la estancia de Mario Peraza Ramírez en la dirección del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy). Antes de asumir ese puesto, Peraza Ramírez fungió como un funcionario menor en la Secretaría de Gobierno, entre 2012 y 2014 en el sexenio de Zapata Bello. A mediados de 2014 renunció para buscar, sin éxito, la candidatura del PRI a la alcaldía de Motul, luego de lo cual regresó a la administración pública, el 13 de octubre de 2015, como director del Catastro.

En 2021 fue electo diputado federal por el Distrito II, con cabecera en Progreso, por la coalición PVEM-Morena-PT. Recientemente hizo público su interés por obtener la candidatura de Morena al gobierno del Estado, en las elecciones de 2024, y presumió el apoyo de varias personas que trabajaron en el gabinete de Zapata Bello. Versiones extraoficiales aseguran que, durante su estancia en el Catastro, Peraza Ramírez se ocupó de crear tablajes catastrales sobre terrenos nacionales ubicados en la costa de Dzilam de Bravo y Celestún, haciéndolo  pasar como terrenos del fundo legal de esos municipios.

¿Quién falsificó los documentos oficiales para el fraude?

Posteriormente alguien, aún no se sabe con certeza quién, falsificó varias actas de Cabildo de los ayuntamientos de esas dos poblaciones en las que presuntamente se asignan los predios. En el caso de Dzilam, de acuerdo con las investigaciones, se falsificaron por lo menos seis actas de Cabildo que amparan la adjudicación de 28 predios a “título gratuito”. Esas actas falsificadas corresponden supuestamente a las sesiones de Cabildo de las siguientes fechas: 18 de diciembre de 2013, con ochos adjudicaciones; 27 de diciembre de 2013, también con ocho adjudicaciones; 29 de diciembre de 2013, una; 26 de diciembre de 2014, diez y 9 de marzo de 2015, una. En otras siete adjudicaciones no se conoce el número de acta ni la fecha de la sesión del Cabildo. Ninguna de estas adjudicaciones, empero, fueron inscritas en el  Registro Público.

La operación de despojo de miles de metros de playas  se hizo en un tiempo récord, en apenas seis meses, de diciembre de 2015 a junio de 2016

El alcalde de Dzilam en ese tiempo, Pedro Castillo Reyes, del PRI, en entrevista con Central 9, niega tajantemente su responsabilidad en la adjudicación gratuita de esos 35 predios y señala como falsas las actas de Cabildo donde éstas se autorizan. Añade que cuando se enteró de la operación presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, con suficientes pruebas, “pero no pasó nada”. Castillo Reyes gobernó Dzilam de Bravo del 1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015. Lo sucedió en el cargo Villanueva Rivero, quien permaneció allí del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2018.

Julio Abraham Villanueva Rivero, el ”Triki”

Entre el 12 de febrero y el 3 de junio de 2016,  Julio Abraham  Villanueva Rivero, apodado “Triki”, inscribió los 35 predios supuestamente cedidos “gratuitamente” por su antecesor, en el Registro Público de la Propiedad, dándole completa validez legal al proceso de adjudicación.

No solo eso, Villanueva Rivero, en su primer año en la alcaldía, obtuvo la autorización del Cabildo para adjudicar, también a “título gratuito”, otros cientos de metros lineales de playa a favor de empresas fantasmas y supuestas cooperativas pesqueras, controladas por él mismo y Mario Peraza Ramírez. Una estrategia similar se siguió en Celestún, casi en las mismas fechas. Los responsables de esta operación fraudulenta también habrían falsificado allí por lo menos el acta de una supuesta sesión de Cabildo celebrada el 7 de mayo de 2014, en la cual el ayuntamiento presidido por Rosa Alba Acosta Narváez, acepta donar a “título gratuito” ocho predios “del fundo legal”.

La misma estrategia en Celestún

De acuerdo con los datos recabados, otros cinco predios habrían sido igualmente donados por los integrantes del mismo Cabildo, aunque no se conocen las actas respectivas. Rosa Alba Acosta Narváez, del PRI, fue alcaldesa de Celestún del 1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015 y durante su gestión no inscribió las adjudicaciones aprobadas supuestamente por ella. La reemplazó en el cargo el también priista Leonel Rosado Mena, cuya gestión abarcó del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2018.

Como lo hizo Julio Abraham Villanueva Rivero en Dzilam, Leonel Rosado Mena fue quien inscribió, entre el 10 de mayo y el 8 de julio de 2016, los 13 predios supuestamente asignados gratuitamente por su antecesora, en el Registro Público de la Propiedad. También, igual que Villanueva, convenció a su Cabildo para aprobar la “adjudicación a título gratuito”, en sesiones celebradas en mayo de 2016, de otros seis predios, con cientos de metros de playa.

Empresas fantasmas se benefician con el fraude

Todas las 74 “adjudicaciones a título gratuito” presuntamente autorizadas por los ayuntamientos de Dzilam de Bravo y Celestún se hicieron a favor de empresas fantasmas, entre las que sobresalen las siguientes:

1. Uredi, S.A de C.V., representada legalmente por Julio Presuel Moreno y estrechamente relacionada con Peraza Ramírez. Esta empresa recibió en menos de seis meses, en 2016, 30 predios con 5,235 metros lineales de playa, todos a título gratuito.
2. DDA Proyectos del Sureste, S.A. de C.V. propiedad de Carlos Manuel López Bolaños. Obtuvo 10 lotes catastrales con 1,142 metros de playa.
3. Mayan Woods, S.A. de C.V., de José Luis González González y Claudia Rebeca Ordaz Ortiz. Recibió siete predios con 2,497 metros de playa.
4. Alimentos Procesados Peninsulares, S.A. de C.V., de Jorge Carlos Rodríguez Castillo. Obtuvo 4 predios con 483 metros de playa.}

Pero los beneficiarios finales de la adjudicación gratuita de estos terrenos no son estas compañías, todas inactivas. Ellas solo prestaron su nombre para recibir los predios que, en algunos casos, vendieron después, a precios simulados, a conocidos inversionistas yucatecos, cuyos nombres daremos a conocer en próximas publicaciones. En otros casos, esas empresas vendieron, también a precios simulados y muy bajos, al propio Peraza Ramírez, en lo personal, a su exesposa Karina Márquez Dogre, al suplente de Peraza en la Cámara de Diputados, Rodrigo Manuel Díaz Montero y a varios sobrinos del legislador. Por su parte, el exalcalde de Celestún, Leonel Rosado Mena, adjudicó a título gratuito un predio de 92,441 metros cuadrados en esa población a sus hijos Antonio Josué, Leonel Moisés y Raúl Aarón Rosado Castillo, este último, coordinador del Tren Maya en Yucatán, hasta hace poco, y actualmente funcionario de la SCT.

Triangulación con empresas fantasmas

Una pieza clave en esta operación fraudulenta es según muchos indicios, el chiapaneco Julio César López y sus hijas Carina Guadalupe, Mitzi Karen y Cristina Guadalupe López Roldán. Empresas fantasmas como Uredi, Alimentos Procesados Peninsulares, la cooperativa pesquera Nahin, de Dzilam —donde  Mario Peraza Ramírez tiene un poder notarial “amplísimo”— y Díaz Montero, “vendieron” a esas personas al menos 1,524 metros lineales de playa en Dzilam y Celestún, como parte, al parecer, de una estrategia para borrar las huellas de este monumental fraude, impune hasta ahora (CONTINUARÁ).

Despojo en la costa de Yucatán: Las cifras del robo

10,594 METROS LINEALES DE PLAYA

Los  responsables de la operación fraudulenta en la costa de Yucatán se  apoderaron ilegalmente de 6,076 metros lineales de playa en Dzilam de Bravo  y de 4,510 en Celestún, la mayoría, al parecer, terrenos nacionales .

2,572,356 METROS CUADRADOS

Superficie de terrenos aledaños  a los metros lineales de playa, que  también  pasaron a manos de empresas fantasmas vinculadas con exfuncionarios priistas.

 2,118 MILLONES DE PESOS

Precio de todos los metros lineales de playa incluidos en la operación ilegal,  tomando como referencia un precio mínimo de $200,000 por metro..