El delegado del gobierno federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, manifestó que la denuncia interpuesta en septiembre de 2022 por presuntas irregularidades en el Programa Emergente de Vivienda (PEV) no es la primera que él presenta ante la Fiscalía General de la República.
Hace un tiempo, según explicó, hubo otra que derivó en castigo para una mujer que fue Servidora de la Nación. El programa involucrado en este caso fue el de personas con discapacidad.
En la entrevista que concedió sobre las quejas de ejidatarios de Kanasín, de la que ofrecimos amplios detalles en nuestras ediciones de ayer y anteayer, el funcionario federal reiteró que la Secretaría de Bienestar no ejecuta de manera directa el PEV, pero sí lo hace con el programa de apoyos a personas con discapacidad.
“Son casi cinco años que estamos aquí al frente manejando un padrón de 600,000 yucatecos y casi 10 mil millones de pesos que se dispersan en todos los programas y solamente en una ocasión hemos recibido una denuncia directa sobre alguno de los programas que maneja la Secretaría de Bienestar, que fue el programa para personas con discapacidad”, apuntó.
Cobró por otros
El delegado relató la siguiente situación que se presentó con ese programa:
—Fueron unas personas a Telecomm a cobrar su pensión y les dijeron que ya la había cobrado alguien más. Esas personas acudieron a nosotros en la delegación, las atendidos y puse una denuncia ante la Fiscalía General de la República el 4 de junio de 2019, contra quien resulte responsable.
—Se solicitaron vídeos a Telecom —fueron varias sucursales donde se cobraron estos apoyos— y se hicieron exámenes de grafoscopía a todos los Servidores de la Nación que pudieron tener relación con el caso, que ocurrió específicamente en Mérida.
—Al final de la investigación se llegó a una ex Servidora de la Nación que se declaró culpable. Fue sentenciada e inhabilitada para ocupar cargos públicos.