Para la Asociación de Terminales y Operadores Portuarios (ATOP), que agrupa a las más importantes empresas del sector en el país, la reciente aprobación en el Congreso de dos leyes que permitirían la injerencia del gobierno del Estado en la ampliación y administración del Puerto de Altura de Progreso es un acto “completamente ilegal”.
Por eso, expuso, ese organismo iniciará una batalla jurídica para invalidarlas.
Si estas dos nuevas leyes llegan a aplicarse, el sistema portuario nacional tal y como se conoce ahora estaría en riesgo, advierte Jaime Aguilar Contreras, director de la ATOP.
Ésta representa a 46 concesionarias de 64 terminales de carga y operadores portuarios en los 18 puertos federales de México.
En visita a Diario de Yucatán gestionada por el empresario Gerardo Díaz Roche, propietario de Grupo Logra, una de las empresas concesionarias del Puerto de Altura de Progreso, el directivo anuncia una estrategia legal de la ATOP para combatir esas leyes, con amparos, juicios mercantiles, juicios contenciosos administrativos y denuncias ante la Comisión Federal de Competencia Económica.
Como informamos, el Congreso del Estado aprobó el 22 de enero los dictámenes para expedir dos iniciativas de ley enviadas por el gobernador Mauricio Vila Dosal.
Una regula la contratación de proyectos integrales de inversión a largo plazo para los entes públicos del Estado. La otra es la ley de la Operadora Energética y Marítima de Yucatán (Oemey), S.A. de C.V., una empresa de participación estatal mayoritaria que operaría y administraría una parte importante del Puerto de Altura.
Con la primera ley, el gobierno busca atraer inversiones para proyectos a largo plazo en el puerto y con la segunda, mediante la Oemey, realizar obras de dragado, ampliación y modernización del puerto, incluyendo la concesión de nuevas terminales, la construcción de edificios para rentar, etcétera, aunque se trata de un recinto federal.
Crédito por 3,036 millones de pesos
Para ese propósito, el Congreso le aprobó al gobierno la contratación de un crédito por 3,036 millones de pesos, en mayo de 2023, destinados precisamente al proyecto de Ampliación y Modernización del Puerto de Altura. Esto permitiría aumentar el calado y ampliar la superficie de la terminal remota en 40 hectáreas adicionales.
En su solicitud de crédito, el Ejecutivo se refirió a una eventual cesión parcial de derechos de la Secretaría de Marina sobre una parte del puerto.
Lo anterior permitiría al gobierno local la adjudicación directa de nuevas terminales y la renta de espacios para obtener recursos y pagar el crédito en 10 años.
Aguilar Contreras afirma que la ley que crea la Oemey es “totalmente ilegal” y su único asidero jurídico es una mala lectura del artículo 7 transitorio de la Ley de Puertos, de 1993.
De acuerdo con el directivo, este artículo dice: A fin de reorganizar el sistema portuario nacional (…) el gobierno federal podrá constituir sociedades mercantiles de participación estatal mayoritaria (las antiguas Asociaciones Portuarias Integrales, hoy Administraciones del Sistema Portuario Nacional, Asiponas).
Además, “promoverá la constitución de sociedades mercantiles con participación mayoritaria de los gobiernos de las entidades federativas, para que administren los puertos, terminales e instalaciones de uso público, cuya influencia sea preponderantemente estatal. En este caso, también se podrán otorgar de manera directa las concesiones para la administración portuaria integral”.
Según Aguilar Contreras, el meollo del problema está precisamente en los conceptos “influencia preponderantemente estatal”.
En su iniciativa, aprobada por el Congreso, el Ejecutivo “cae en una contradicción tremenda, porque en su exposición de motivos empieza diciendo que la base jurídica de su propuesta es el artículo 7 transitorio, que permite la participación de los estados en la administración de los puertos federales, pero sólo en aquellos ‘cuya influencia sea preponderantemente estatal’”.
Sin embargo, un poco más adelante, en el mismo texto de la iniciativa, se resalta que Progreso es un puerto de influencia nacional e internacional, no que es predominantemente estatal, como marca la ley.
Incluso el texto destaca que Progreso es un enlace importante en el Golfo, el Caribe y el Atlántico, y que se ha consolidado como un punto estratégico para la logística de importación y exportación en el sureste mexicano. Además, pone expresamente las cuatro rutas de navegación directas con puertos de otros países.
“Entonces, ¿dónde quedó la influencia preponderantemente local que se invoca en la iniciativa aprobada?”, pregunta el directivo.
“Estamos hablando de un proyecto fundamentado en una ilegalidad, es un absurdo y es jurídicamente inadmisible. No logro entender por qué lo hicieron de esta manera”.
Tampoco se puede hablar de la facultad de la Oemey para hacer adjudicaciones directas en el Puerto de Altura, añade, porque es un puerto federal y allí no hay adjudicaciones directas, sólo se hacen por concurso, de otro modo se estarían violando los contratos de todos los particulares que ya operan en el puerto.
Aguilar Contreras también descarta la posibilidad de que el gobierno federal apruebe una cesión parcial de derechos, tal y como lo pretende el gobierno yucateco. En todo caso, ésta sólo podría darse por concurso.
La opción posible, afirma, es que el gobierno del Estado aumente el calado y la superficie del puerto con recursos propios y luego done las obras a la Secretaría de Marina, pero hacerlo como lo plantea en la ley —pedir un crédito para modernizar el puerto, entregar concesiones y rentar espacios para pagar el préstamo— “lo digo una y mil veces: legalmente no se puede”.
Obras de ampliación del Puerto de Altura de Progreso
Diario de Yucatán le recordó al entrevistado que la Oemey publicó el 15 de diciembre la convocatoria para la “licitación de las obras de ampliación y modernización del Puerto de Altura”, que incluye el aumento de calado y de la superficie.
¿Qué opina de esto?, se le pregunta.
“Como la creación de esa empresa no tiene bases jurídicas, esa convocatoria tampoco las tiene. Estamos hablando de puertos federales donde cualquier nueva obra requiere la autorización de la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Marina. ¿Dónde están esos permisos?, ¿por qué no muestran las autorizaciones? Sencillamente porque no las tienen”.
No alcanzo a entender, señala, cómo el gobierno del Estado lanzó una convocatoria de ese tipo, “sin ninguna autorización, sin ningún tipo de contrato firmado con la Federación”.
Aunque no lo puedo asegurar “porque no tengo la documentación oficial”, dice, desde hace unos días se comenta en los círculos portuarios que ya hay un pronunciamiento de la Secretaría de Marina, negando la autorización de ese proyecto de ampliación del puerto.— HERNÁN CASARES CÁMARA
Más información sobre este caso, aquí.
Y el periférico 2, cuando? Ya la ciudad le llegó, si no lo hacen ya, será muy complejo despues
Lo más chistoso de esto es que Ojalá así le hubieran puesto varias trabas al tren maya, por conafor, profepa y la SEMARNAT que incluso no hubo ningún estudio de nada, por qué fácil se hubieran tardado hasta año Imedio estudiando todo el terreno y el subsuelo, pero como son amigos del incompetente del palacio se hicieron los ciegos.